La UCO hizo un segundo informe que reforzaba “aún más” sus sospechas sobre Cifuentes

La UCO de la Guardia Civil remitió el pasado 27 de marzo un informe al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el que echaba por tierra las explicaciones que ofrecieron en dependencias policiales lo miembros del comité de expertos de la Asamblea de Madrid que participaron en el proceso de adjudicación de contratos al empresario Arturo Fernández. Los investigadores dicen que sus testimonios refuerzan "aún más" las conclusiones de su informe inicial en el que vinculaban a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con la posible comisión de un delito de prevaricación y otro de cohecho. A su juicio, la mandataria madrileña tuvo que saber que habían sido manipulados los informes por los que se otorgó la cafetería de la Asamblea al citado empresario.   

“El contenido de las declaraciones que ha sido objeto de análisis en el presente informe policial, ha puesto de manifiesto la existencia de significativas y evidentes contradicciones entre lo declarado por algunas de las personas investigadas frente a otras, o respecto a lo declarado por éstas frente a elementos de prueba documental que obran en la investigación”, dice la Guardia Civil en este informe de 15 folios de extensión al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Este documento, adelantado por el diario El País, lo recibió el juez Velasco apenas unas semanas después del primer informe en el que la Guardia Civil vinculaba a Cifuentes y a otros miembros del comité de expertos con la posible comisión de un delito de prevaricación y otro de cohecho. Como ha adelantado este periódico, cinco días después de ese primer informe policial, las fiscales del caso y el juez emitieron sendos escritos en los que avalaban la tesis de la UCO. Fuentes de la Comunidad de Madrid restan validez a esas opiniones poniendo en valor las declaraciones prestadas por el comité de expertos que ahora es la propia Guardia Civil quien las desacredita.

Alusión a su primer informe

“A juicio policial, el análisis efectuado al contenido de las referidas declaraciones avalaría aún más las conclusiones apuntadas en el informe policial número 33 de fecha 1 de Marzo de 2017 respecto a una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida a la empresa Grupo Cantoblanco (de Arturo Fernández) en ambos procesos de licitación y decidir de antemano la adjudicación de los mismos”, zanja la Guardia Civil en referencia a las adjudicaciones de 2009 y 2011. En aquellos años, Cristina Cifuentes formaba parte tanto del comité de expertos como de la mesa de contratación de la Asamblea, una compatibilidad que la Guardia Civil considera ilegal.      

Este documento se centra en analizar las declaraciones de la entonces jefa de protocolo de Asamblea, María Merino; la jefa de los servicios jurídicos, Tatiana Sonsoles Recorder y el jefe de los servicios económicos, Isaac Arturo Zubiri. La Guardia tan sólo da crédito al testimonio de la primera, que en sede policial ratificó que en el proceso de adjudicación no se habían realizado ninguna valoración.

"Respuestas inverosímiles"

Sobre Tatiana Sonsoles Recorder, la UCO en cambio cree que mintió ya que ofreció “respuestas inverosímiles” y no porque “pudiera desconocer que la experiencia no es un criterio de adjudicación, sino un criterio de solvencia”. Los investigadores reflejan que ninguno de los investigados ha sido capaz de identificar a la persona que ordenó valorar la experiencia como un criterio de la adjudicación, pese a que no venía reflejado en los pliegos del concurso.

En relación a Zubiri, el informe sostiene que su declaración “no puede corresponderse con la verdad dado que él mismo declaró en la pregunta acerca de las mejoras ofertadas por las empresas licitadoras que la empresa Clece S.A. (una de las competidoras de Arturo Fernández) había presentado un seguro de responsabilidad civil”. Zubiri sólo participó en el proceso de concesión de 2011.

A juicio de la Guardia Civil, esto demostraría, en contra de lo que declaró, que sí tuvo acceso a la documentación ofertada por Clece S.A. En este punto se detienen los investigadores para destacar que el comité de expertos “faltó a la verdad” cuando aseguró que Clece S.A. no había aportado una documentación necesaria para optar a la adjudicación.  La última frase del documento sentencia que Cifuentes supo de esta irregularidad: "tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité de expertos -María Cristina Cifuentes Cuencas y María Merino Muñoz- lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada respecto al criterio de adjudicación que valoraba otras mejoras de los licitadores”.