Francisco Correa a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional EFE
Las defensas del caso Gürtel intentan tumbar como prueba el "puto pendrive" de Correa
Cuestionan en sus interrogatorios la cadena de custodia y la veracidad del contenido de sus archivos.
21 mayo, 2017 11:51Noticias relacionadas
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El caso Gürtel ha llegado a uno de sus puntos álgidos con la declaración, el pasado viernes, de los agentes que registraron la vivienda del contable José Luis Izquierdo. Suyo fue el trabajo de localizar la principal prueba de cargo de la causa: un pendrive donde se ocultaba la presunta contabilidad B de las empresas de Francisco Correa. Y suya la presión de validar ahora el contenido en el juzgado. Desde el inicio del procedimiento, las defensas de los principales imputados han mostrado sus constantes intenciones de reclamar la nulidad de esta prueba. Algo que se ha materializado en las declaraciones de los últimos días, donde las defensas de Álvaro Pérez y Pablo Crespo han cuestionado tanto la cadena de custodia del dispositivo como la veracidad de los archivos allí localizados.
El ‘puto pendrive’, como lo calificó el principal imputado en la causa -Francisco Correa- tras conocer su incautación, es una memoria de 8 gigas que guardaba casi desde los inicios, la presunta contabilidad B del grupo empresarial, uno de los principales proveedores de servicios del Partido Popular. Tras una contraseña colocada según sus palabras por el apelativo cariñoso que Izquierdo tenía para su mujer (bruja), el contable guardaba una larga lista de documentos que acreditarían tanto la financiación ilegal del partido en sus campañas electorales como el manejo de fondos opacos y cuentas en paraísos fiscales por parte de Francisco Correa. En uno de esos archivos localizó la Policía Nacional el listado de iniciales que les hizo identificar a Luis Bárcenas como “Luis El Cabrón” y colocarle en el foco de la investigación. Algo que el exsenador ha negado de forma reiterada.
En el inicio de la causa, varias defensas presentaron ya sus peticiones de nulidad sobre la prueba. Unas peticiones fundamentadas en una presunta falta de control sobre la custodia y el contenido de la memoria externa, que el contable intentó ocultar a los agentes hasta el último momento. En las cuestiones previas, la sala rechazó las peticiones de los letrados y mantuvo en la causa la información obtenida en el pendrive. Y ha sido esta semana, con la declaración de los agentes que realizaron el registro en la vivienda del contable de Correa, cuando esa estrategia se ha recrudecido.
Validez de los archivos
En sus preguntas, los letrados de los principales imputados insistieron en que la memoria no fue precintada debidamente en el momento de la localización y certificado su contenido con medios técnicos por la Brigada de Investigación Tecnológica, como se hace, por ejemplo, con otros dispositivos de almacenamiento como los discos duros para garantizar la veracidad de su contenido. Y eso pese a la presencia en le registro tanto de los expertos informáticos de la Policía como de un secretario judicial.
En su declaración judicial, los agentes mantuvieron que el dispositivo se custodió con todas las garatías, tras ser obtenido a la fuerza de las manos del contable y que tras ser indentificado debidamente por el secretario judicial se guardó hasta quedar en manos de los responsables de la investigación, en las dependencias que la Policía Judicial tiene en sus sede central del barrio madrileño de Canillas.
La investigación sobre el pendrive ha generado además diferencias en el plenario. Ante la insistencia de los abogados de Pablo Crespo, Álvaro Pérez e Isabel Jordán en esta línea interrogatorios, el presidente de la sala ha solicitado que sus defendidos estén presentes en las declaraciones sobre este asunto, que se prolongarán al menos hasta el próximo lunes. Para Crespo y Pérez, en prisión preventiva y con dispensa desde hace meses para no acudir a la sala, esa petición supone tener que ser levantados de madrugada para ser trasladados desde la cárcel de Valdemoro hasta la sede de la Audiencia Nacional en Alcalá de Henares. Algo que supuso una protesta formal de los letrados de los afectados.
