González contaba con 1,3 millones de euros de origen desconocido

Ignacio González y su mujer Lourdes Cavero tuvieron una “renta disponible” de 1.7 millones de euros en trece años, entre 2002 y 2015. Pero preparaban inversiones sin necesidad de pedir dinero a los bancos por encima de los tres millones de euros. A juicio de los investigadores, eso revela que el matrimonio contaba al menos con 1,3 millones de euros de dinero opaco para sus gastos e inversiones. Unos fondos que, según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, proceden de comisiones y mordidas por distintas administraciones públicas.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, los técnicos de Hacienda analizaron durante tres meses las finanzas del ex responsable del PP de Madrid, de su mujer y de sus tres hijas. Y explicaron sus conclusiones en un informe rubricado el 5 de diciembre de 2016. Tras analizar los ingresos de la familia desde 2002, la Agencia Tributaria cifra en 1,7 millones el dinero legal que entró en sus cuentas. Por lo tanto, todos los ingresos o inversiones que superen esa cantidad tendrían un origen ilícito a efectos fiscales.

"Existen indicios de que [González] posee gran cantidad de dinero en efectivo de origen indeterminado", explican los informes de la Guardia Civil basados en estos datos. "Se ha evidenciado el ánimo de adquisición y constitución de sociedades dedicadas a diversos objetos sociales a través de destrezas financieras orientadas a velar la titularidad real de las mismas y aflorar así capital de origen indeterminado [...] algunas de estas empresas están valoradas en millones de euros. El total de las inversiones que valoran oscilaría alrededor de los tres millones de euros, y no se ha realizado gestión alguna para buscar financiación bancaria al respecto", concluyen los agentes. A juicio de los investigadores, "La información patrimonial del matrimonio investigado evidencia que su patrimonio declarado es incompatible con las inversiones que planean realizar".

Cavero como coartada.

El trabajo de los expertos financieros constata por ejemplo que desde 2002, González sólo ha obtenido ingresos de instituciones públicas, por lo que cualquier renta procedente de una actividad empresarial, además de ilegal según la ley que controla los cargos públicos, sería opaca a efectos fiscales. Las pesquisas de los funcionarios de Hacienda revelan que el expresidente madrileño tenía 20.222 euros en efectivo en sus cuentas y 13.000 euros en acciones. Su mujer mantenía un capital similar, además de 62.000 euros en participaciones sociales. En total, “el valor de los activos financieros disponibles -efectivo, acciones y participaciones- declarados a la AEAT por el matrimonio ascendía a 116.520 euros”, reflejan los informes de la UCO.

En el informe no se contabiliza la elevada indemnización que recibió la mujer de González tras su salida de la entidad bancaria en la que trabajó, una suma que rondó los 700.000 euros y que según la versión del propio González fue invertida en su integridad para la compra de su polémico ático de Estepona. 

“Cualquier capital no justificado que no se corresponda con los datos anteriormente expuestos se considerará en principio como de origen indeterminado, cuestión que en orden a la supuesta actividad criminal de los investigados podría ser fruto de prácticas delictivas”, apuntan los informes de la Guardia Civil. Los únicos ingresos percibidos por González fuera de la política son los 11.875 euros cobrados de la sociedad editora de La Razón durante 2015. Por otro lado, es Lourdes Cavero quien atesora en sus cuentas ingresos de nueve sociedades distintas. Los investigadores tratan de dilucidar si alguna de ellas, como sospechan, sirvió en realidad para aportar fondos con apariencia legal al matrimonio, con servicios que nunca se realizaron.

“Visto el perfil del investigado, resulta evidente la capacidad de acceso e influencia que Ignacio González pudo tener a los poderes adjudicadores de la Administración Pública”, reflejan los agentes de la UCO en sus informes.

Facturas trianguladas.

Los informes remitidos a la Audiencia Nacional explican que el expresidente de la Comunidad de Madrid, estaría utilizando, entre otros métodos, un sistema de triangulación de facturas con empresarios de su confianza para aflorar capitales. Como ejemplo, el 30 de noviembre de 2016 los investigadores registran un mensaje entre González y un empresario llamado Jaime Antoñanzas Toledo, administrador de la sociedad Comunica +A Agencia de Publicidad. “Jaime, te va a mandar Serra la factura del segundo pago para que cerremos él y yo nuestros respectivos IVA”.

“Posteriormente -explican al juez Eloy Velasco los agentes de la Guardia Civil- fue posible interceptar una cadena de llamadas en las que se tratan cuestiones relativas a lo que parece ser la articulación de una facturación triangular entre Ignacio González, Jaime Antoñanzas y José Manuel Serra Peris”, exsecretario de Estado de Industria, imputado en el caso Bankia y que formó parte por ejemplo de la constructora Martinsa, señalada tras beneficiarse de una polémica concesión en Arganda del Rey investigada en el caso Gürtel.

Otro argumento sostiene en los informes la tesis de los pagos ficticios a González con su mujer como vehículo; una llamada entre Edmundo Rodríguez Sobrino -hombre de confianza del político popular en el Canal de Isabel II- y María Fernanda Richmond, responsable financiera de la empresa pública. En la conversación, Richmond explica que Lourdes Cavero, al contrario de lo que indica su historial frente a Hacienda, "no tiene trabajo" alguno. En esa misma conversación, Rodríguez Sobrino reconoce que ha asesorado al expresidente autonómico para que pase "desapercibido" y deje de hacer ostentación de su patrimonio, que "no aguanta justificaciones". En esa charla ambos interlocutores concluyen que en el caso del matrimonio González-Cavero, "las cuentas no salen".

Los agentes de la UCO monitorizaron también a González y su mujer el 3 de diciembre de 2016, cuando el matrimonio emprendió un viaje a Bruselas junto a Serra Peris y su pareja. Los informes de Hacienda explicaban que Lourdes Cavero era titular de dos cuentas “no declaradas” en el ING Belgium. La Audiencia Nacional ha pedido ayuda a Bélgica para conocer los datos concretos de la cuenta, pero “tras un análisis preliminar -explican los investigadores- se descarta el origen criminal de estos fondos, que pueden estar relacionados con la labor desempeñada por Lourdes Cavero en el CESE, órgano consultivo de la Unión Europea”.