Rajoy cree que Puigdemont activará la independencia en agosto con la Administración de vacaciones

El Gobierno y la Generalitat de Cataluña han roto todos los puentes y se abocan a un choque institucional de consecuencias imprevisibles. La respuesta del presidente Mariano Rajoy a la carta de Carles Puigdemont ha constatado que no habrá salida negociada al conflicto. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el Gobierno prevé que el Parlamento catalán active las leyes de la desconexión para convocar el referéndum en agosto con la Administración de vacaciones.

El Gobierno ha interpretado que la enmienda de Junts pel Sí al reglamento del Parlament para reanudar el período de sesiones el 16 de agosto, un miércoles, indica que esa misma semana -la siguiente como muy tarde- la Generalitat pondrá en marcha el proceso separatista. Las llamadas leyes de la desconexión son un conjunto de normas de transitoriedad jurídica a un Estado catalán independiente que se aprobarán en 24 horas mediante trámite de lectura única. 

Difícil anticiparse

El contenido de las leyes sigue siendo un misterio. No está claro si el referéndum se convocará a continuación y al amparo de este supuesto nuevo orden jurídico o se hará antes de forma separada. El diario El País adelantó esta semana un borrador incompleto que contempla la declaración unilateral de independencia en caso de prohibición efectiva del referéndum. El Gobierno catalán se apresuró a desmentirlo.

Rajoy y su equipo creen que la intención de la Generalitat es aprovechar el mes de agosto para sacar adelante la norma. Esta ley puede generar una situación inédita con funcionarios volviendo de su descanso o todavía de vacaciones sin saber muy bien ante quién responder o cómo actuar. 

La preocupación en Moncloa es ahora mismo alta. La mezcla de mano dura en los tribunales con disposición al diálogo, mayor presencia del Estado en Cataluña y promesas de inversiones ha desinflado el independentismo en la sociedad catalana, pero no ha frenado el desafío planteado por sus dirigentes.

El Gobierno tiene una estrategia que guarda en secreto para no regalar margen de maniobra a la Generalitat. Pero también admite que ahora mismo está atado, y se ve incapaz de actuar contra una ley que no está aprobada ni escrita. De momento ha calificado los documentos conocidos de un auténtico "golpe de Estado". Pero asegura que no puede ir más allá. "No podemos llevar la información de El País al Constitucional", dicen las fuentes del Gobierno consultadas.

Al decreto de compra de urnas y papeletas de la Generalitat también es difícil hacerle frente. El texto se ampara en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), una norma del Estado, y dice que que las urnas son, entre otras cosas, para elecciones autonómicas. El Ejecutivo considera que debe esperar a las leyes de la desconexión. El compromiso, reiterado por Rajoy en su carta, es que no se repita la imagen del 9-N.

"Habrá que responder de forma inmediata, recurrir y que el Constitucional se reúna en agosto", añaden estas fuentes.

El artículo 155

A partir de ahí, todas las opciones están abiertas. Si la Generalitat sigue adelante pese a una segura prohibición, se abre un periodo de incertidumbre. El recurso en boca de todos es el artículo 155 de la Constitución y la suspensión de la autonomía catalana. El Gobierno confía en que no sea necesario llegar a ese extremo, pero dice tener respuestas a los escenarios posibles para impedir un hipotético choque de legitimidades.

En Sitges, preguntado por los empresarios del Círculo de Economía, Puigdemont volvió a rechazar este jueves la oferta de explicarse en el Congreso. El president de la Generalitat dijo que la respuesta de Rajoy a su carta no era lo que esperaba. Y dejó claro que su invitación al diálogo es sólo para votar en un referéndum separatista.

"Si nadie discute que los catalanes tienen derecho a la autodeterminación y que hemos de poder decidir, entonces pongámonos de acuerdo en remover los obstáculos que puedan existir en el marco legal para hacer posible el derecho a la autodeterminación", dijo.