Lorenzo Ribas Vilchez es una persona de escasos recursos económicos que durante medio año ha mantenido movilizados a jueces, fiscales y policías investigando una presunta trama de compra de votos por parte del Partido Popular en las últimas elecciones municipales de 2015. Seis meses de diligencias e informes, de funcionarios afanados en el más estricto secreto para al final concluir que el denunciante les había mentido. Lo que pudo ser el inicio de un caso de delito electoral con ramificaciones insospechadas ha terminado con la apertura de una causa contra el propio denunciante por falso testimonio.
Los hechos se remontan al miércoles 21 de diciembre cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm recibió un escrito firmado por Ribas Vilchez en el que dejaba su número de teléfono junto con una acusación muy grave: el Partido Popular de la localidad recurrió a “numerosas personas con escasos recursos” a las que les daban 20 euros a cambio de votar al actual alcalde Antonio Pérez Pérez.
El tesorero del partido
Como muñidora de la operación señalaba a una mujer que trabaja en un hotel de la ciudad: “Nos pagó cuando la chica recogió el voto (el papel de correos), después de verificar el voto al Partido Popular, me invita a ir a cobrar al mismo hotel donde el director es o fue el tesorero del mismo partido político”. En su versión, el denunciante afirmaba que con los 20 euros que le dieron se compró un décimo para el sorteo de la Lotería del Niño, pero los remordimientos de conciencia le hicieron denunciar: “Tras meses de pensar he decidido poner este asunto a disposición de ustedes para investigar si es o no un delito electoral”.
El hombre se ponía a disposición del Juzgado para señalar a otras personas captadas por la presunta trama e incluso manifestaba su deseo de devolver los 20 euros porque, según decía, él no pensaba haber votado al PP. No obstante, afirmaba no tener siquiera 20 euros y por tanto ofrecía el billete de lotería con el número 74370 para que, en caso de que fuese premiado, se destinase a “familias de Benidorm con escasos recursos y para que compren regalos para los niños”.
El caso recayó sobre el Juzgado de Instrucción Número 2 que dirige el magistrado José Francisco Bernal Alcover. Se tomó en serio la denuncia, la admitió a trámite e incoó las diligencias previas 26/2017 por un supuesto delito electoral. Tomó las medidas necesarias para que sus pesquisas se realizasen con discrección y no se viesen obstaculizadas. El objetivo era sacarlo del ámbito local porque en Benidorm todo el mundo se conoce. El juez recurrió a policías de Madrid.
Por ello puso a trabajar nada menos que a la unidad de élite de la lucha contra la corrupción, la UDEF Central y su Brigada de Investigación, Blanqueo de Capitales y Anticorrupción que, tras meses de investigación, emitió un informe con sus conclusiones: en realidad Ribas Vilchez no había votado por correo, sino presencialmente. A la primera, su denuncia hacía aguas.
“No sería cierta, dado que, como se ha comprobado, el denunciante no pudo recibir a cambio de su voto por correo 20 euros ya que él votó presencialmente con el número de orden en la votación: 238 y número de orden en el centro de la mesa electora: 239, según listado recibido de la Junta Electoral de Zona de Villajoyosa”, dice el auto del Juzgado al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y en el que se se acuerda el archivo de la causa. Al mismo tiempo, el juez acuerda deducir testimonio de todo lo actuado y posterior incoación de Diligencias Previas por un supuesto delito de simulación de delito y/o denuncia falsa contra “Lorenzo Ribas Vilchez”.
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