El Gobierno confía en que los vecinos denuncien a alcaldes afines al 1-O

El Gobierno central pide "calma" a los ciudadanos que todavía no saben qué pasará el 1 de octubre, el día que los independentistas han llamado a las urnas para desconectar Cataluña de España. El Estado insiste en que el referéndum no se va a celebrar.

Por su parte, los alcaldes que cedan datos del padrón para la elaboración de un censo electoral se enfrentan a hasta 600.000 euros de sanción por contravenir lo establecido en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. El Ejecutivo, además, recuerda a todos los ciudadanos que ellos mismos pueden contribuir a boicotear las ansias independentistas denunciando a alcaldes o concejales que colaboren con el procès si comprueban que están vulnerando alguno de los derechos que protege la Ley de Transparencia. Las mismas fuentes no descartan que en pleno verano se produzca un aluvión de denuncias de vecinos que sienta que su consistorio no custodia correctamente sus derechos.

Con la ley en la mano, cualquier ciudadano puede denunciar a los miembros de las Juntas de Gobierno de las entidades locales si no respetan "el principio de imparcialidad" y si no mantienen un "criterio independiente" y ajeno "a todo interés particular". De hecho, la misma Ley de Transparencia recoge como "infracciones muy graves" la adopción "de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos".

"Violación" de la imparcialidad

Además, cualquier ciudadano puede impugnar "la publicación o utilización indebida de la documentación o información a la que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función". La negligencia en la custodia de secretos oficiales que provoque "su difusión" y la violación "de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito" también son motivos para reclamar al ente municipal que vulnere cualquiera de estos derechos.

El Gobierno insiste en que, hasta que la Generalitat de Cataluña no inicie el proceso de desconexión en el Parlamento no tienen capacidad para impugnar nada. "Solo han hecho el anuncio del anuncio", se justifican. De hecho, el Ejecutivo se muestra convencido de que ni siquiera darán el primer paso: la compra de urnas que han anunciado este miércoles porque el Tribunal Constitucional ha invalidado la partida presupuestaria de la Generalitat destinada al proceso separatista. "¿Quién las va a pagar? ¿Carles Puigdemont de su bolsillo?", se preguntan en Moncloa.

Colaborador necesario

Además, desde el Ejecutivo advierten a los proveedores que pujen por el contrato que se pueden encontrar con problemas judiciales añadidos a "que no van a cobrar porque la Generalitat no tiene partida presupuestaria para abonar esa factura". En el caso de que se dictaminara que la convocatoria de la licitación incumple la orden del Alto Tribunal, a esa empresa se le podría culpar de ser un "colaborador necesario" para el acto delictivo, por lo que tendría que asumir también sus correspondientes responsabilidades.

El último golpe de efecto del Govern es anunciar en el Parlament que el martes de la semana que viene el vicepresidente regional, Oriol Junqueras, y el consejero de Exteriores, Raül Romeva, llevarán a la reunión del Ejecutivo catalán un decreto para comprar las urnas. El objetivo es dar un paso más desbloqueando la adquisición del material que se necesita para poder llevar a cabo la consulta independentista en la fecha señalada. En Moncloa, insisten, están preparados para "dar el siguiente paso" cuando la Generalitat convierta sus amenazas en realidades.