La Guardia Civil tendrá más efectivos en Cataluña. Al menos hasta mediados del mes de octubre, coincidiendo con la crisis secesionista catalana. La dirección general ha aprobado una comisión de servicio con fecha de inicio 11 de septiembre, día en el que se celebra la Diada, que impide a los agentes incorporarse a sus nuevos destinos en otras comunidades autónomas. La orden no afecta a los guardias civiles que tenían previsto llegar a la región, por lo que la suma de entrantes y no salientes elevará el número de agentes en la zona.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, esta decisión afecta a más de doscientos agentes, que han obtenido un nuevo destino ya bien fuese por antigüedad, concurso de méritos o por libre designación. Todos deberán seguir con sus quehaceres en Cataluña hasta el próximo 11 de octubre, un mes más tarde de lo previsto.

La decisión está motivada por “las singulares necesidades de servicio que concurren en esa zona”, según justifica el documento —al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL— en el que se comunica la comisión de servicio a la zona territorial de Cataluña para que el mando lo notificase a los afectados.

Todo apunta que, por coincidencia de fechas, las “singulares necesidades” hacen referencia al proceso soberanista activado precisamente este miércoles en el Parlament y los sucesivos acontecimientos, en los que cabría contemplar desde el anunciado referéndum del 1 de octubre a la declaración unilateral de independencia. Menos verosímil resulta pensar que la decisión estaría motivada por los recientes atentados de Barcelona y Cambrils.

En declaraciones a EL ESPAÑOL, fuentes del Ministerio del Interior ni han confirmado ni desmentido el aumento de agentes en Cataluña coincidiendo con el anuncio de referéndum independentista argumentando que “nunca se dan datos del despliegue de seguridad”. “Es una recomendación de Europol que nosotros cumplimos”, explican las mismas fuentes, que han trasmitido a este periódico una situación de “normalidad” en la zona.

Tesis, la de Interior, que tratan de desmontar desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que sí ven extraña una comisión de servicio que solo afecta a Cataluña y por la que se incrementaría el número de agentes en la zona.

Guardias civiles afectados por una “absoluta falta de previsión”

Más allá de la eventualidad de la misma y sus posibles justificaciones, la orden de la dirección general de la Guardia Civil ha generado malestar entre los agentes afectados, que tenían previsto iniciar el próximo 11 de septiembre el permiso de incorporación hacia sus nuevos destinos fuera de la comunidad.

La AUGC ha lamentado en un comunicado “el absoluto desprecio hacia ellos [los agentes] y sus familias y una absoluta y radical falta de previsión, que afecta a derechos fundamentales y derechos profesionales de todos los que se encuentran en esa situación”.

No entienden en la AUGC la falta de previsión de la dirección general cuando, explican, “el posible pseudo referéndum independentista” era “plenamente conocido desde hace tiempo”. “¿Cómo es posible que se informe al personal afectado tan sólo con cinco días de antelación?”, se preguntan.

La citada comisión de servicio aprobada por la dirección general de la Guardia Civil tiene el carácter de “no indemnizable”, por lo que los agentes afectados no recibirán ninguna contraprestación económica por las contrariedades que la orden generará en sus futuro inmediato. Muchos ya habían empaquetado sus pertenencias y abandonado sus viviendas de alquiler. También hay familias “que ya tenían matriculados a sus hijos en colegios en otras comunidades”.

“¿Cómo pretenden ahora que se alojen durante su retención en el destino si no se les abona indemnización por la comisión de servicio? ¿Cómo pretenden que busquen alquiler con sólo cinco días de antelación y para un solo mes de duración?”, se pregunta la AUGC, que señala a la Administración como única responsable por no avisar con la suficiente antelación.

Esta circunstancia ha motivado a la AUGC a remitir un escrito a la Dirección General de la Guardia Civil en la que pide que se adopten medidas urgentes y se recalifique la comisión de servicio como indemnizable. No descartan evaluar si la supuesta falta de previsión podría conllevar además algún tipo de “reproche jurídico”.

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