Para el Ilustre Colegio de Abogados de Girona “las leyes deben ser interpretadas de acuerdo con la voluntad popular”. También defiende que “a lo largo de los siglos, Cataluña ha manifestado una voluntad de mantener su identidad propia”. Por ello ahora “a las puertas del 1-0” se ofrece a asistir a todos aquellos que se vean afectados por la respuesta del Estado que, a su juicio, es “incompatible con el anhelo de la ciudadanía”. De este modo, los juristas gerundenses sostienen que no se puede dar una respuesta judicial a un conflicto de “estricta naturaleza política”.
Así se expresa la Junta de Gobierno de esta institución que representa a los abogados de Girona a través de un documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Este órgano considera “primordial” la defensa en su ámbito territorial “de todos aquellos ciudadanos que lo puedan necesitar cuando entiendan que se ha vulnerado el ejercicio de sus derechos fundamentales”.
Para el Colegio de Abogados de Girona el conflicto independentista no se puede solucionar por vía judicial.
En relación con la celebración del referéndum del 1-O vaticinan un escenario en el que “se hace necesario cubrir una multitud de peticiones de orientación, asesoramiento y en su caso asistencias legales en sede policial, judicial o fiscalía”. El documento está encabezado por el anagrama oficial del Colegio de Abogados de Girona. Precisamente este martes tuvo lugar un operativo de la Guardia Civil en esa provincia relacionado con presuntas irregularidades en la empresa del agua en la época en la que el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, era alcalde de la localidad.
Cita el Estatut
La institución de abogados aprovecha el comunicado para mostrarse “perplejo” ante la “rapidez” con la que el Estado, a instancias de la Fiscalía, “ha ido formulando instrucciones y querellas en relación con las personas vinculadas a la preparación del referéndum del 1-O, desde cargos electos a periodistas”.
A la hora de expresar sus argumentos, el Ilustre Colegio de Abogados cita el preámbulo del Estatut de Autonomía en el que se hace alusión a la definición de Cataluña como nación. Precisamente, el recurso presentado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional -que ha anulado la consulta- se basa en que el andamiaje jurídico impulsado por el independentismo para la celebración del referéndum atenta contra el Estatut.
El documento afirma que la sociedad catalana debe poder decidir sobre su futuro.
“Parece incuestionable que la sociedad catalana considera que ha de poder decidir su futuro, lo que se ha hecho visible con manifestaciones ciudadanas pacíficas durante los últimos años y con el resultado de elecciones democráticas”, zanja.