El Gobierno ha autorizado el envío de más unidades antidisturbios de Policía Nacional y Guardia Civil a Cataluña ante las "movilizaciones tumultuarias" que en su opinión se están produciendo. Esta expresión, contemplada en el Código Penal como parte del delito de sedición, es la que ha utilizado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en una carta dirigida al consejero de Interior del Govern, Joaquím Forn.

El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho al término del Consejo de Ministros que estas unidades se desplazan para "colaborar" con los Mossos en las tareas de garantizar el orden público. La carta de Interior no precisa el número de agentes ni el tiempo que permanecerán en Cataluña. Las nuevas dotaciones se suman a los miles de policías que el Gobierno ha movilizado en las últimas semanas. La mayoría de ellos está alojado en ferrys en los puertos catalanes.

Fiscalía decidirá

Sobre el término "movilizaciones tumultuarias" que ha usado Interior, Méndez de Vigo ha dicho que corresponderá a la Fiscalía General del Estado abrir o no diligencias por sedición contra los promotores de las protestas. "Esa decisión no compete al Gobierno", ha dicho. "Será la Fiscalía la que decida sobre los promotores".

Méndez de Vigo ha asegurado que el Gobierno "no desconfía" de la actuación de la policía catalana a pesar de algunas críticas a su actuación durante los registros de la Guardia Civil en la Consejería de Economía de Cataluña.

"Eso es lo que hay. Una reacción de firmeza y tranquilidad a la gente, que sepan que la ley y el orden se van a mantener en Cataluña", ha dicho. "El Gobierno seguirá firme y actuando proporcionalmente. No hay sobre la mesa ninguna actuación más que las que hemos dicho una y otra vez", ha añadido.

Méndez de Vigo ha reiterado que el Gobierno "no abdicará" en la defensa de los derechos y principios democráticos y en combatir "los intentos de discriminación antidemocrática" de los partidos soberanistas. El portavoz ha insistido en que el referéndum no se celebrará y ha afirmado que tanto los catalanes como el resto de los españoles pueden tener la seguridad de que el Gobierno "va a hacer cumplir las leyes" e instar a que todos procesos legislativos se "adecúen" a derecho.

Consecuencias de su ilegalidad

Frente a esta actitud, Méndez de Vigo ha contrapuesto la de quienes se encuentran instalados "en la ilegalidad permanente" a quienes ha advertido de que "nadie esté por encima de las leyes" y que quien las vulnere tendrá que afrontar las consecuencias.

Méndez de Vigo ha querido dejar claro que se trata de un referéndum sin base jurídica alguna, que se aprobó en una sesión parlamentaria donde "se echó atrás el parecer de los letrados y del Consejo de Garantías Estatutarias y no pudo intervenir la oposición; es decir una ruptura de las más elementales reglas democráticas".

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