La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado este viernes una denuncia por un delito de sedición por los ataques contra la Guardia Civil producidos tras las detenciones de varios miembros del Govern este miércoles por la preparación del referéndum del 1-O.
En su querella, la Fiscalía menciona expresamente a los presidentes de ANC y Omniun. Aunque la denuncia no va dirigida contra ninguna persona en concreto, en ella se apunta a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y a su presidente, Jordi Sánchez, como responsable de organizar un turno de relevo de voluntarios "conscientes de que dificultarían la intervención policial", haciendo un cordón frente a la Consejería de Economía durante el registro de la Guardia Civil.
Menciona que Sánchez pidió ante 40.000 personas que nadie se fuera a casa. "El 1 de octubre votaremos, si nos quitan las urnas, las construiremos", decía el presidente de la ANC en la Rambla Cataluña hacia las 20.20 horas frente a la sede del departamento de Economía.
Al presidente de Omniun Cultural, Jordi Cuixat, también le cita subido junto a Sánchez encima de un coche de la Guardia Civil pidiendo mantener la protesta -llamando a la "movilización permanente"-, si bien luego al ver que no podía controlar la concentración pidió a los manifestantes que se disolvieran, destaca la denuncia. "Vista la situación provocada pidieron a los manifestantes que se disolvieran sin poder controlar la concentración, que continuó ante la sede de la Conselleria. La comitiva judicial y la Guarcia Civil permanecían en el interior, al impedir los manifestantes la salida".
La denuncia añade que "en el exterior, tres vehículos oficiales de la Guardia Civil fueron atacados por la muchedumbre, obligando a los agentes a refugiarse en el edificio de Hacienda". El fiscal destaca que la "turba" destrozó los tres vehículos oficiales.
La finalidad última de estas movilizaciones es "conseguir la celebración del referéndum para conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto, y en particular, de la norma fundamental de todos los españoles, la Constitución".
Para la Fiscalía, la persecución del fin pretendido solo es delictivo si se lleva a cabo realizando la conducta típica: alzarse públicamente y tumultuariamente, elemento que equivale a que el alzamiento sea caótico, anárquico, inorgánico y desordenado, aunque nada impediría, según opinión unánime, que de ser organizado y ordenado también se aplicara el precepto analizado.
"En cualquier caso el elemento de la fuerza queda colmado en su manifestación como vis física o como vis compulsiva, pudiendo recaer sobre las personas o sobre las cosas, entendiendo por la expresión fuera de las vías legales, que no se actúe a través de los recursos o procedimientos de reclamación o de disconformidad que la ley arbitra".
La denuncia por sedición ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Ismael Moreno.