El Tribunal de Cuentas dará 15 días a Mas para depositar 5,5 millones por usar dinero público el 9N

A seis días del 1-O de Carles Puigdemont, el 9-N de Artur Mas entra en una fase decisiva de exigencia de responsabilidad por destinar dinero público a una consulta ilegal. El expresidente del Gobierno catalán, tres de sus consejeros (Joana Ortega, Irene Rigau y Francecs Homs) y siete cargos de la Generalitat están citados este lunes en el Tribunal de Cuentas para conocer el acta de liquidación provisional resultante de la investigación realizada sobre los gastos del 9N por el organismo que vela por la legalidad de las cuentas de las Administraciones públicas.

El acta de liquidación, redactado por la instructora nombrada por el Tribunal de Cuentas, María de los Llanos Castellanos, declarará la presunta responsabilidad contable de los implicados por haber ordenado, instigado o cooperado de forma necesaria para cargar a los presupuestos de la Generalitat de 2.014 todos los gastos de celebración del 9N.

En esa consulta, que fue permitida por el Gobierno de Rajoy, se preguntó a los catalanes "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?". El Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a Mas, Rigau y Ortega a penas de inhabilitación por un delito de desobediencia y el Tribunal Supremo hizo lo propio con Homs, que tuvo que dejar su acta de diputado en el Congreso, donde era portavoz del PdCat.

Ahora llega la hora de la posible responsabilidad contable, que puede ser incluso peor que la penal. El Tribunal de Cuentas, que inició este expediente gracias a una denuncia de Sociedad Civil Catalana, ha analizado en un tiempo récord toda la documentación proveniente de los órganos judiciales y de la propia Generalitat y este lunes comunicará por escrito a los interesados los indicios de responsabilidad contable hallados contra ellos y que, según fuentes de la institución, se traducen de momento en una cifra cercana a los 5,5 millones de euros, incluidos los intereses.

Durante la instrucción, Castellanos ha descubierto gastos no incluidos en la denuncia y sobre los que no se ha podido recabar documentación, por lo que esa cifra podría verse incrementada en el futuro.

Fianzas y embargos

Según las mismas fuentes, el acta de liquidación declarará a Artur Mas responsable directo y solidario, a efectos contables, de todos los gastos de la consulta. El expresidente catalán será corresponsable con cada consejero (y los respectivos subordinados de estos) de los gastos asumidos por cada departamento.

De esta manera, cada consejero y sus cargos tendrán que consignar como fianza solo la cantidad correspondiente a los gastos efectuados por su departamento, pero Mas tendrá que hacerlo por la cantidad total.

La fianza será de carácter solidario, lo que significa que su cuantía se reparte entre los afectados en la proporción en que cada uno asuma por acuerdo entre ellos. La cantidad dejada de consignar por uno de ellos debe ser asumida por los demás.

Mas, sus consejeros y los cargos afectados tendrán 15 días para depositar las fianzas que les correspondan. En caso de no hacerlo se embargará su patrimonio personal en la cuantía que sea necesaria.

Las fuentes consultadas señalaron que los interesados tienen un plazo que incluye el acto de este lunes para entregar documentación que pueda contrarrestar los indicios de responsabilidad contable o modificar su cuantía. De hecho, los documentos entregados en los últimos días por uno de los implicados puede dar lugar a su exoneración durante la comparecencia.

Devolver el dinero

Tras la liquidación provisional se iniciará el procedimiento jurisdiccional propiamente dicho, que terminará con una sentencia que declarará o no la responsabilidad contable.

Este expediente tiene por finalidad el reintegro de los fondos públicos indebidamente utilizados por aquellos que sean declarados responsables de su menoscabo.

La instructora considera que existen indicios de menoscabo en la compra de los 7.000 ordenadores utilizados en la consulta, la adquisición de los programas y aplicaciones informáticas para llevar a cabo el seguimiento de la participación y la recepción y tratamiento de los resultados, la adquisición de material como urnas y papeletas, la instalación de un centro de prensa para dar cuenta de los resultados, la campaña institucional animando al voto y el envío masivo de papeletas electorales a domicilio.

Los afectados

Aparte de Artur Mas y de quienes fueron vicepresidenta y consejera de Gobernación, Joana Ortega; consejera de Educación, Irene Rigau y consejero de Presidencia, Francecs Homs, las actuaciones de responsabilidad contable afectan a las siguientes personas (los cargos son los que ostentaban en noviembre de 2014):

- Lluis Bertrán Saura, secretario general de la Consejería de Gobernación.
- Josefina Valls Villa, directora de Servicios del departamento de Gobernación.
- Carolina Pardo Miguel, interventora de Gobernación.
- Ignasi Genovés Avellana, director general de Atención Ciudadana y Difusión del departamento de Presidencia.
- Jordi Vilajoana Rovira, secretario general de Presidencia.
- Jordi Serra Catalán, interventor de Presidencia.
- Jaume Domingo Planas, director general de la entidad autónoma Diario Oficial y Publicaciones.