El plan que comparten Puigdemont e Iglesias si Rajoy aplica el 155 en Cataluña

Pablo Iglesias no comparte hoja de ruta con Carles Puigdemont. Sus ideologías y aspiraciones son distintas. Pero el líder de Podemos y el presidente de la Generalitat sí tienen una baza similar para jugar fuera de España en caso de que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy aplique el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Se trata de pedir a la Unión Europea que interviniera en el conflicto para que el Ejecutivo revocase la aplicación del 155. 

La espiral de tensión y crisis que se vive en Cataluña tiene un futuro incierto. Parece evidente que los independentistas declararán la independencia de forma unilateral en los próximos días. Esta es, en todo caso, su promesa. Si eso ocurre, el Gobierno se verá ante una tesitura tan complicada como carente de precedentes. Y cabe la posibilidad de que el Ejecutivo se decida a aplicar el artículo 155 de la Constitución, hasta ahora nunca utilizado, que supondría la suspensión de la autonomía catalana. 

Si se llega a ese escenario, algo que parece probable, la Generalitat abogará, sin duda, por externalizar el conflicto, como ya está haciendo. Y en ese camino le acompañaría Podemos. De hecho, el partido morado ya anunció este lunes que sus cinco eurodiputados habían enviado una misiva a al presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, en la que aseguran que ya se cumplen las condiciones para activar el artículo 7 del Tratado de la UE en España tras la violencia policial en Cataluña.

El pasado domingo, sin ir más lejos, el conseller de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, se refería a este mismo artículo de la Constitución europea. Es decir, tanto Podemos como la Generalitat comparten la intención de reclamar ayuda la UE invocando dicho precepto legal. 

¿Qué dice el artículo 7 del Tratado de la UE?

Este artículo 7 incluye un mecanismo para castigar las decisiones de un estado miembro si se violan los derechos del artículo 2 del Tratado de la UE. Más en concreto, este precepto estipula, en su punto tercero, que si el Consejo Europeo encuentra que se violan los derechos fundamentales en un país, "podrá decidir, por mayoría cualificada, que se suspendan determinados derechos derivados de la aplicación de los Tratados al Estado miembro de que se trate, incluidos los derechos de voto del representante del Gobierno de dicho Estado miembro en el Consejo". 

Asimismo, "el Consejo podrá decidir posteriormente, por mayoría cualificada, la modificación o revocación de las medidas adoptadas de conformidad con el apartado 3 como respuesta a cambios en la situación que motivó su imposición", según dice el punto cuarto del artículo 7. En román paladino, la UE puede dejar sin voto a un Estado miembro en su Consejo de ministros, el principal órgano de toma de decisiones de la UE. Y, después, si cambia su actitud, puede devolvérselo. 

Así se ve en Bruselas

En Bruselas se considera la activación del artículo 7 del Tratado como una “opción nuclear”. Nunca se ha utilizado hasta ahora, porque se ve como un último recurso para casos desesperados. El que está más cerca de probar el artículo 7 es el Gobierno euroescéptico de Ley y Justicia en Polonia: Bruselas ha amenazado a Varsovia con esta medida de represalia si consuma sus planes de someter a los jueces a control político. Lo considera una “amenaza sistémica” al Estado de derecho.

Pero ni siquiera en el caso polaco será fácil suspender el derecho de voto. Se necesita el apoyo unánime de los 28 países miembros. Y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha dejado claro que ejercerá su derecho de veto para salvar a Polonia. 

"No es aplicable, la culpa es de la Generalitat"

Desde el Ejecutivo comunitario sostienen que el artículo 7 no resulta aplicable al caso de la crisis catalana. Según el análisis de la Comisión, en España es la Generalitat de Carles Puigdemont y no el Gobierno de Mariano Rajoy la que ha puesto en riesgo el Estado de derecho con la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O. “Tendríamos que ir con el artículo 7 contra Madrid por lo que está pasando en Cataluña. Sería absurdo”, explicaba recientemente un alto funcionario europeo.

El Ejecutivo comunitario tampoco puede dirigirse directamente al Gobierno catalán puesto que su único interlocutor es el Estado español. “Nosotros decimos que esto es un asunto del orden constitucional interno. ¿Y quién lo defiende? Lo defienden las autoridades nacionales”, señalan las fuentes consultadas.

Las imágenes de violencia durante las cargas policiales del 1-O en Cataluña han alterado el punto de vista de Bruselas sobre la crisis catalana. Por primera vez, la Comisión ha lanzado un llamamiento a Madrid y Barcelona para que “avancen muy rápidamente de la confrontación al diálogo”. Y ha resaltado que “la violencia nunca puede ser un instrumento en política”.

Pese a ello, el Ejecutivo comunitario resalta que “según la Constitución española la votación en Cataluña no fue legal”, sigue insistiendo en que el reto independentista es “un asunto interno de España” y mantiene su “confianza” en la gestión de Rajoy para encauzar el conflicto. También los Gobiernos de Francia, Italia y Alemania han respaldado la gestión del presidente del Gobierno en las últimas horas. Es decir, sigue siendo muy improbable que la Comisión proponga activar el artículo 7 contra España y aunque lo hiciera las grandes capitales lo bloquearían.

La internacionalización del conflicto

Lo que sí está claro es que la crisis catalana se ha convertido ya en un problema europeo, lo que supone un revés para Rajoy, que hasta ahora había hecho todo lo posible para evitar la internacionalización del conflicto. La Eurocámara debatirá sobre Cataluña  y el 1-O este miércoles a partir de las 15:00, antes que el Congreso de los Diputados.

Y el colegio de comisarios ha abordado por primera vez la situación en Cataluña en su reunión de este martes. “Esperamos que se sienten juntos, calmen la situación y encuentren una solución”, ha dicho el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Jyrki Katainen. De momento, Bruselas sigue rechazando de plano la petición que le han formulado tanto Puigdemont como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de que actúe de árbitro entre Madrid y Barcelona. “No hemos discutido lo que la Comisión debe hacer porque no somos parte de la situación. Nos remitimos al orden constitucional español”, ha subrayado Katainen.