Puigdemont deberá reclamar la condición de 'expresident' para seguir cobrando

El Gobierno no solo ha despojado a Carles Puigdemont de su condición de presidente de la Generalitat. El Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy le obligará a reclamar su condición de expresident si quiere gozar de todos los privilegios que le corresponderían tras su cese. Según el Estatuto de los ex presidentes de la Generalitat, Puigdemont debería ingresar 111.668 euros durante cuatro años, lo que dura una legislatura, a pesar de haber estado en el cargo solo 21 meses.

Fue Jordi Pujol quien creó en 2003 ese estatuto de los ex presidentes para asegurarse un futuro digno después de abandonar el Palau de la Generalitat. En un principio, Puigdemont debería poder acogerse a ese estatuto como ya hicieron sus antecesores sin necesidad de pedirlo. Sin embargo, fuentes del Gobierno aseguran a EL ESPAÑOL que el expresident "tendrá que exigirlo" y, una vez solicitado, será el Ejecutivo el que resuelva. Todo apunta a que este privilegio no le será concedido.

Secretaria, coche, chófer y escolta

Si Puigdemont se hubiera convertido en un expresidente de la Generalitat al uso, tendría también derecho a una oficina, secretaria, coche oficial, chófer y escoltas. Un retiro dorado con el que, al parecer, sólo podrá soñar por haber llevado hasta sus últimas consecuencias su desafío secesionista.

La norma simplemente recoge que los expresidentes disfrutarán de un salario del 80% de su sueldo "desde el momento de su cese". No hay ninguna cláusula que indique cuándo no sería efectiva esta prerrogativa. Pero el Gobierno se reserva la capacidad de poder modificar cualquier norma vigente en la Generalitat y ésta puede ser una de ellas, según las fuentes consultadas en el Ejecutivo.

Otra vía: cobrar como diputado

Otra vía que podría agotar Puigdemont es cobrar como diputado, aunque con el Parlamento ya en funciones tampoco es un camino que pueda explorar. Algunos de sus consejeros también podrían hacerlo.

Los expresidentes de la Generalitat, cuando cumplen 65 años, tienen derecho a percibir una pensión vitalicia del 60% de su sueldo. En el caso de Puigdemont, ascendería la cifra ascendería a 84.000 euros anuales, que tampoco podrá adquirir si el Gobierno de Rajoy no se lo autoriza.