Puigdemont sólo podrá ser investido desde Bruselas si fuerza el reglamento del Parlament

Cada día que pasa, la presidencia de la Generalitat se aleja más de Carles Puigdemont. Mientras Esquerra Republicana pide cada día a Junts per Catalunya, la lista del expresident, que lo asuma con realismo, el equipo de Puigdemont sigue empeñado en devolverlo a la plaza de Sant Jaume.

Junts per Catalunya va lanzando un anzuelo tras otro. El primero fue el de promover a Carme Forcadell, número cuatro de ERC por Barcelona, para que repita como presidenta del Parlament. Pero ni ella ni ERC no tienen claro y suena el nombre del exconseller Carles Mundó.

Después, el exconseller de presidencia Jordi Turull (JxC) reconoció que Puigdemont se plantea ser elegido por métodos telemáticos. Es decir, a distancia e interviniendo, si fuera necesario, por internet en la cámara autonómica y votando desde Bruselas o delegando el voto. "No se puede tener un presidente por Skype", respondió Gabriel Rufián ipso facto. ERC asegura que quiere ver a Puigdemont restituido, pero en el fondo apuesta por que sea Oriol Junqueras quien pase de "vicepresidente legítimo" a president con todos los poderes. 

Un análisis somero del reglamento del Parlament basta para concluir que, con él tal y como está, es imposible que Puigdemont sea presidente. Los motivos, ambos de peso, son dos. El primero es aritmético. Tanto él como cuatro exconsellers han huido de la Justicia y se encuentran en Bélgica, de donde no han dado muestras de querer volver por el riesgo cierto de ingresar en prisión. Otros tres diputados electos, entre ellos el líder de ERC, Oriol Junqueras, se encuentran ahora mismo en prisión preventiva.

No es necesario que acudan al Parlament para convertirse en diputados, pero sí para participar en las votaciones. La suma de diputados electos de ERC y JxC que podrían votar en este momento se reduce a 58 frente a los 65 que tienen los partidos no independentistas. Ni con los cuatro de la CUP podrían ganar una votación.

El primer test, la presidencia del Parlament

Ahora mismo, los partidos independentistas no pueden asegurarse la presidencia del Parlament ni el control de la Mesa de la cámara, algo que es crucial para tramitar leyes, especialmente las que pisan la legalidad o directamente la vulneran, como se comprobó en la legislatura pasada. 

El segundo de los motivos por el que Puigdemont no puede ser candidato en las circunstancias actuales es que el reglamento exige al aspirante a la investidura participar en el debate y, de momento, en la cámara autonómica no hay ningún mecanismo que permita los debates "por Skype", que diría Rufián. 

La única posibilidad que tiene Junts per Catalunya de tratar de impulsar a Puigdemont es una reforma del reglamento de la cámara que permita a Puigdemont presidir Cataluña sin pisar Cataluña ni acudir a su despacho: desde fuera de España. De paso, esa reforma podría modificar las condiciones para delegar el voto o efectuarlo por internet, permitiendo votar a los electos que no podrán ejercer con normalidad sus funciones de diputado.

¿Cómo se reforma el reglamento del Parlament?

Sin embargo, modificar el reglamento no es fácil. Para empezar, porque la comisión de reglamento del Parlament tiene carácter legislativo y sólo se puede constituir una vez se haya celebrado la investidura. Es decir, que la reforma para permitir que Puigdemont sea presidente sólo podría comenzar cuando se hubiese investido a otro, según indican los artículos 59 y 60. Demasiado tarde.

La segunda de las complicaciones es la mayoría absoluta de 68 diputados que se necesita en el pleno para aprobar definitiva la reforma (artículos 126 y 127).

En estos momentos, Junts per Catalunya, ERC y CUP suman 70, pero en realidad sólo pueden votar 62 por la situación judicial de los otros ocho, entre los que se cuentan Puigdemont y Junqueras.

Eso obligaría a seis diputados independentistas a renunciar al acta si quieren conservar esa mayoría absoluta de 68 diputados que, efectivamente, haría todo más sencillo. Si los tres que están en prisión preventiva (Junqueras, de ERC, y Joaquim Forn y Jordi Sánchez, de JxC) saliesen en libertad en enero, tras declarar de nuevo, a los independentistas sólo les harían falta tres dimisiones, siempre que cuenten con el voto a favor de la CUP.

Hacerlo así permitiría a los tres partidos decidir la composición de la Mesa y, potencialmente, cambiar el reglamento. Eso sí, de manera irregular y sin pasar por la comisión correspondiente, lo que sin duda conllevaría recursos de la oposición, por no hablar del fondo del cambio de reglamento, que seguiría siendo permitir a un político huido de la Justicia presidir Cataluña a miles de kilómetros de distancia.  

Renuncias o Catalunya En Comú Podem

Sin embargo, no está claro que haya seis diputados que renuncien al acta, ya que es algo personal e intransferible. En caso de no hacerlo, los independentistas podrían superar a los no independentistas, que tienen 65 diputados, pero no llegar a la mayoría absoluta a la que obliga la normativa. Sería una situación similar a la del 6 y el 7 de septiembre, cuando el Parlament aprobó leyes de desconexión que modificaban el Estatuto de Autonomía sin tener los 90 votos que requiere cambiarle tan siquiera una coma a ese texto.

Los partidos independentistas podrían salvar la votación de la Mesa y, quizás, la reforma del reglamento si reciben la ayuda de los ocho diputados de Catalunya En Comú Podem. El partido de Ada Colau aspira a mantener un puesto en la Mesa y considera que los referentes en prisión preventiva son "presos políticos", por lo que podría facilitar que Puigdemont pudiese optar a la presidencia y cambiar el voto telemático aunque finalmente no votaran a favor en el debate de investidura. Ya no haría falta.