La 'maldición del pròces' no existe: el juez del 1-O sólo tenía apendicitis

Juan Antonio Ramírez, el juez que investiga cómo se preparó el referéndum ilegal del 1-O y que ha logrado pruebas claves que el Tribunal Supremo ha incorporado al proceso por rebelión contra los exconsejeros, se encuentra ya en su domicilio tras varios días de hospitalización.

Fuentes judiciales han informado de que Ramírez se reincorporará en las próximas semanas al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. La noticia de su internamiento en un centro sanitario el pasado 11 de diciembre conmocionó a jueces y fiscales de Barcelona, entre los que el magistrado es muy apreciado.

La hospitalización del juez del 1-O por lo que parecía una infección intestinal de entidad y que ha acabado siendo una apendicitis alarmó también porque coincidió en el tiempo con los fallecimientos de otras dos autoridades especialmente centradas en la determinación de las responsabilidades penales del proceso independentista: el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, aquejado de una infección renal que acabó con su vida el 18 de noviembre, y el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, que murió nueve días después tras sufrir una neumonía.

Ramírez, que el pasado febrero abrió diligencias sobre los preparativos de la consulta independentista finalmente celebrada el 1 de octubre pasado, ha estado sometido a una gran presión en los últimos meses e incluso ha sido objeto de actos hostiles, como las manifestaciones llevadas a cabo en la ciudad de la justicia de Barcelona con motivo de los registros y detenciones que el instructor ordenó practicar el pasado 20 de septiembre y que afectaron, entre otros, a Josep Maria Jové, exnúmero de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía.

En la vivienda de Jové la Guardia Civil encontró el documento EnfoCats, considerado la hoja de ruta para llevar a cabo la ruptura unilateral de Cataluña con el Estado, y una agenda manuscrita en la que reflejó el contenido de las reuniones del 'comité estratégico' del pròces.

La trascendencia de esas pruebas documentales queda puesta de manifiesto por el hecho de que el instructor de la Sala Penal del Supremo, Pablo Llarena, las ha incorporado al procedimiento por un presunto delito de rebelión abierto contra quienes fueron miembros del Gobierno de Carles Puigdemont y contra Carme Forcadell y otros exintegrantes de la Mesa del Parlament.

A las investigaciones de Ramírez se debe también el hallazgo de partidas presupuestarias destinadas por la Generalitat a la publicidad del referéndum del 1-O y que podrían constituir la base de una eventual acusación de malversación de fondos públicos.