Reforma electoral: ni Podemos y Cs tienen un acuerdo ni PP y PSOE lo quieren

Son dos partidos que, aún naciendo de unos mismos mimbres históricos, son contrapuestos. O quizás por eso mismo lo son. Podemos y Ciudadanos, cuya patente y jamás escondida incompatibilidad frustró la investidura de Pedro Sánchez y la marcha de Mariano Rajoy, celebraron ayer una reunión en el Congreso de los Diputados para negociar la reforma de una de las leyes que integran el libro de instrucciones de la democracia española: la ley electoral (o Loreg, por sus siglas).

La representación política de los ciudadanos tiene tres preceptos fijados en la Constitución: los diputados al Congreso deben ser entre 300 y 400, el sistema debe ser proporcional (no mayoritario, pues) y la circunscripción es la provincia. La ley ha permitido la alternancia de partidos en el poder y el pluralismo político, pero tiene una deuda histórica con los partidos nacionales, más urbanos que rurales y de tamaño medio, a los que representa adecuadamente a cambio de distorsionar la dimensión de las formaciones mayoritarias, con primas de escaños, especialmente en las provincias más pequeñas. 

Que la ley electoral merece un cambio es un clamor. Buena prueba de ella es que casi todos los partidos incluyen en sus programas modificaciones al actual formato. El problema es que proponen los cambios que les convienen a ellos para no perder poder. De ese modo, desde que surgieron dos nuevos partidos de tamaño medio, Ciudadanos y Podemos, el PP ha reclamado una reforma que acercase el sistema a uno mayoritario o incluso de dos vueltas que eliminase a los rivales más débiles, especialmente en las elecciones municipales o autonómicas, donde ha perdido una importante cuota de poder. 

Lo que Ciudadanos y Podemos quieren cambiar es, especialmente, la proporcionalidad, para acentuarla y así acabar con una realidad conocida: hay votos que valen más que otros en cuanto otorgan un escaño con menor número (provincias pequeñas) respecto a las grandes circunscripciones, en las que hacen falta muchos más. Ha sido el caso de Izquierda Unida o UPyD en el pasado. La ley electoral mermó sus posibilidades de crecer.

Esa es una de las medidas que comparten Ciudadanos y Podemos, que apuestan por variar la fórmula (de la ley d'Hont a la Sainte-Laguë, que se utiliza, por ejemplo, en Alemania o Dinamarca).

Votar a los 16

Pero Podemos plantea, por ejemplo, rebajar la edad de sufragio activo a los 16 años (ahora sólo se tiene derecho al voto una vez cumplidos los 18) y Ciudadanos que se impida a los prófugos de la Justicia presentarse a las elecciones. La medida parece que lleva nombre: Carles Puigdemont. Además, ambos partidos plantean eliminar el voto rogado desde el exterior, que ha hecho que se desplomen los sufragios. En eso, el PSOE está de acuerdo. 

La voz cantante en la negociación la lleva Podemos, que ha presentado unas tablas en las que el PP perdería 16 diputados y Ciudadanos ganaría 12 (que se sumarían a los 32 que tiene), mientras el PSOE permanecería más o menos igual y Podemos subiría, junto a sus confluencias, seis. A priori, una gran oferta para Albert Rivera y un acuerdo asumible para el PSOE. 

Sin embargo, la primera reunión ha concluido con unos tópicos que hacen prever un año muy largo para la propuesta. "Hay una sintonía total", dijo Irene Montero (Unidos Podemos) tras reunirse con Juan Carlos Girauta (Cs), que celebró que "la música de estos instrumentos es buena". Ambos partidos han acordado una "vía de coordinación permanente" que recuerda a la que Pablo Iglesias pactó con Sánchez y que está en punto muerto. 

"Con la sintonía que hemos encontrado hoy, me da la sensación de que los trabajos irán más rápido que lentos para que a lo largo de 2018 podamos votar en la Cámara una reforma de la ley electoral". El plazo es, de momento, más que flexible. 

Ciudadanos y Podemos no tienen un acuerdo precisamente porque, aunque los intereses puedan ser comunes, hay demasiado en juego. El primer encuentro, precedido de unas enormes expectativas, se saldó, en realidad, con un intercambio de documentos. 

A por el PSOE

Después, ambos partidos comenzaron a reprochar que el PSOE y, en menor medida, el PP, no se quieran sumar a un acuerdo, a pesar de que no esté ni siquiera esbozado. Puede que no lo logren, pero puede calar que lo importante es la negativa de otros partidos a sumarse. En ese sentido, la ley electoral, como la investidura de Pedro Sánchez, puede acabar siendo un festival de reproches. 

El PSOE, que en su programa tiene algunas medidas, como desbloquear las listas electorales, y que incluye un compromiso gernérico con una mayor proporcionalidad, presentó sus objeciones a esta negociación. 

"Cuando hablamos de reglas de juego, de la arquitectura institucional y jurídica de nuestro país, es evidente no se puede hacer entre dos o tres partidos, hay que contar con un amplio consenso de la cámara", dijo Adriana Lastra, vicesecretaria general. Podemos y Cs buscan al PSOE, pero están dispuestos a dejar fuera al PP, especialmente en el caso de Podemos, que ha presentado una primera estimación con los conservadores como principales perjudicados. 

Pero Lastra fue más allá y criticó que Podemos y Ciudadanos, incapaces de llegar a ningún pacto sobre políticas sociales, estén ahora tan interesados en una "subasta de escaños". El PSOE, en ese sentido, comparte con el PP una prima de escaños procedente de las provincias pequeñas y tampoco está dispuesto a embarcarse en reformas a la ligera.

Según fuentes socialistas, el reparto que presenta Podemos no les perjudica ahora (les resta un diputado frente a los 16 que le quita al PP) pero la disminución sería mayor si el PSOE tuviera mejores resultados y estuviera en condiciones de ser un partido con opciones de gobierno. 

El PP, excluido por Podemos de la negociación, se mantiene en un segundo plano antes de las próximas reuniones entre partidos, previstas para la semana que viene.