“¿Qué valoración le merece la inclusión del prófugo de ETA en el programa 7 días de ETB dedicado a los jubilados vascos?”. A esta pregunta del PP, que enmarca la enésima polémica sobre la televisión vasca, deberá contestar próximamente el consejero de Cultura, Bingen Zubiria, ante el pleno del Parlamento Vasco.

El requerimiento, suscrito por la parlamentaria popular Nerea Llanos, hace referencia a la participación del exdiputado de HB Ángel Alcalde, huido de la Justicia durante más de diez años, en el espacio televisivo semanal de actualidad 7 días emitido por ETB 2 el pasado viernes, 9 de febrero, que dedicó gran parte de su tiempo a analizar la actual “rebelión” de los pensionistas ante “la subida mínima de las pensiones”.

Alcalde, con un largo historial vinculado a ETA a sus espaldas, fue entrevistado en el programa como un mero pensionista en dificultades, obviando su pasado y en plano de igualdad con una mujer de 81 años, viuda desde hace tres, el otro ejemplo sobre el que se edificó la parte humana sobre la precariedad en la que viven miles de jubilados en el País Vasco. Sólo un tertuliano de la mesa de debate reparó en la historia personal de Alcalde y subrayó que sus años como prófugo le habrían impedido cotizar a la Seguridad Social y, tal vez, fueran responsables de su “baja pensión”.

“CINCO AÑOS SIN PONER LA CALEFACCIÓN”

ETB se desplazó a la vivienda de Ángel Alcalde (Portugalete, 1943), desde donde el entrevistado, identificado únicamente como “pensionista”, se queja según lo emitido de su situación arrebujado en una manta de cuadros y junto a un radiador que no calienta. A preguntas de la periodista asegura que no pone la calefacción desde hace cinco años y que apenas enciende la luz porque la factura sería “impagable”. Cobra 697 euros de pensión, sumando la ayuda complementaria de la renta social vasca (RGI), y necesita de su entorno para pagar “el alquiler, los gastos de la casa y la comida”, sin que se pueda permitir ningún capricho, algo a lo que ya está “mentalizado”.

La entrevista se extiende a analizar la política practicada por el Gobierno de Mariano Rajoy. “Es una vergüenza que una responsable del Gobierno pueda decir que se mantiene el poder adquisitivo de las pensiones (…); eso no se lo cree nadie”, afirma el interpelado en alusión a la ministra de Empleo, Fátima Bañez, antes de valorar las declaraciones de la diputada del PP y presidenta de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, sobre la necesidad de prolongar la vida laboral y retrasar los años de jubilación. El entrevistado considera esas afirmaciones “intolerables” y se pregunta cómo alguien “con responsabilidades de Gobierno” puede sostenerlas frente a “gente ya con una edad, con un cansancio de tantos años de trabajo y de cotización”.

Su aportación al programa acaba con una petición dirigida a los responsables políticos para que se pongan en el lugar de los jubilados y busquen la manera de “que no haya personas que no puedan llegar a fin de mes”.

FUGADO HASTA 2003

Ángel Alcalde, candidato de HB en Portugalete en la década de los 80, fue detenido en 1988 bajo la acusación de colaborar con ETA, a raíz de un informe sobre posibles objetivos de la banda supuestamente de su autoría incautado al dirigente etarra Santiago Arróspide Sarasola, más conocido como Santi Potros. A partir de entonces su nombre empezó a ser conocido. Estaba en prisión preventiva, bajo una petición fiscal de ocho años de cárcel, cuando Herri Batasuna le incluyó en sus listas al Congreso de los Diputados en las elecciones de octubre de 1989. Tomó posesión de un escaño, en sustitución de su compañero asesinado Josu Muguruza, y aprovechó su excarcelación con tal motivo para fugarse y hurtar la orden de ingreso en prisión del Tribunal Supremo, por lo que a partir de diciembre de ese año pasó a estar en paradero desconocido. En 1995 fue condenado en rebeldía en Francia a tres años de cárcel en un proceso contras las redes de apoyo a ETA.

En 1999 prescribió el delito por el que estaba siendo buscado en España y el Supremo sobreseyó la causa, aunque en 2001 y 2002 su nombre engrosó las listas de integrantes de organizaciones terroristas difundidas por la Unión Europea y Estados Unidos.

En enero de 2003 los periódicos se hicieron eco de su reaparición por sorpresa en un acto público a favor de la independencia en San Sebastián, donde se presentó como portavoz del colectivo de Huidos de la Justicia y anunció su regreso y el de otros componentes del grupo a Euskadi. Posteriormente fue recibido con honores en su localidad natal.

Tras su salida de la clandestinidad participó en un acto de homenaje a un etarra por el que fue juzgado y condenado a 1,5 años de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo y en 2005 fue detenido de nuevo en Madrid bajo la acusación de haber prestado ayuda a un miembro de ETA fugado.

INDIGNACIÓN EN EL PP

El PP vasco considera que “llueve sobre mojado” y muestra su indignación por la elección de Alcalde, sin contextualización alguna, en el reportaje sobre los pensionistas vascos. “Los jubilados constituyen un movimiento social organizado muy amplio y es un insulto haber elegido a Alcalde como su representante, como si hubiera estado toda su vida trabajando y cotizando a la Seguridad Social y no preso y fugado por colaboración con ETA”, asegura la parlamentaria Nerea Llanos.

El PP enmarca lo sucedido en la “deriva” del ente público de radiotelevisión vasca, EiTB, hacia un doble objetivo: “el apoyo a las políticas independentistas, mediante el adoctrinamiento a favor del proceso catalán, y el blanqueamiento del pasado terrorista de ETA”.

Llanos enumera algunos precedentes, como la reciente emisión de un reportaje sobre la “mochila” con la que que cargan los hijos de los presos de ETA, sin que se hicieran constar los delitos de los padres, y la difusión de películas favorables a la tesis del conflicto vasco frente a las que transmiten la visión de las víctimas.

Denuncia cómo el ente público EiTB “pagado por todos los vascos”, a través de una aportación anual vía presupuestos de 120 millones de euros anuales, da la espalda a la “deslegitimación del terrorismo”, uno de sus objetivos por ley y vigente en su plan estratégico.

La situación “obliga” al PP a la solicitud de continuas explicaciones dentro del Consejo de Administración de EiTB y a la suscripción de reiteradas iniciativas ante el Parlamento Vasco.

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