Mensajes anónimos a la mujer de González abrieron un cisma en el PP de Madrid

El envío de mensajes anónimos a la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero, desató en 2008 una tormenta política que afectó directamente tanto a la elección de cargos públicos como a las distintas estructuras dentro del Partido Popular en Madrid. Fue “una bomba” como lo definen fuentes del propio partido, que desató una batalla interna. Una liza que ahora aflora en los distintos procedimientos anticorrupción y que se libró con espionajes, dossieres, investigaciones paralelas y peleas intestinas por el control de los órganos que tenían mayor presupuesto para colocar adeptos y entregar contratos.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, los mensajes anónimos y de carácter personal fueron enviados al teléfono de Lourdes Cavero a comienzos de 2008 y fueron considerados por González como una traición y un intento de desestabilizarle. En su declaración judicial del pasado lunes, el exconsejero Francisco Granados ubicó en esas mismas fechas una supuesta ruptura sentimental entre González y la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Real o no, esa presunta relación trascendió de sus vidas privadas cuando, según sus propios compañeros de partido, el recelo por el envío de esos mensajes motivó cambios en las jerarquías y en determinados cargos dentro del PP de Madrid.  

Ese mismo año, Cristina Cifuentes perdió parte de su poder en el PP de Madrid. Para las elecciones de 2008, pasó de ser secretaria de Organización Territorial a responsable del Comité de Garantías. El primero de los cargos es mucho más importante que el segundo dentro de las filas populares, al tener capacidad de decisión sobre los candidatos que el partido presenta a los distintos ayuntamientos. Según fuentes de la formación, la última palabra sobre las listas estuvo siempre en boca de Esperanza Aguirre, pero Cifuentes tenía mucha más capacidad de influencia como responsable de organización territorial que dentro de Comité de Garantías.

Su puesto en el organigrama del PP fue ocupado entonces por el exconsejero de Medio Ambiente Borja Sarasola, a quien Granados señala como un hombre de confianza de González y que entonces era viceconsejero. Su estela fue seguida además por José de la Uz, actual alcalde de Las Rozas. Esos cambios, destinados a apartar a la entonces Cristina Cifuentes de los centros de poder, se produjeron de forma coincidente con el envío de esos mensajes. Pero no fueron los únicos.

Mensajes desde un número concreto

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, los anónimos llegaron al teléfono de Lourdes Cavero procedentes de un teléfono móvil determinado. Un número que es rastreable con métodos policiales y con la orden judicial pertinente. En su declaración judicial, Granados mantuvo que Ignacio González tenía interés por controlar el instituto tecnológico madrileño ICM para investigar este caso. Desde allí se controlaba la red de teléfonos corporativos que mantenía la Comunidad de Madrid, por lo que sería sencillo determinar si los mensajes recibidos por su esposa eran enviados con algún terminal de origen público.

Desde el entorno de González destacan que la ICM no era “un CNI donde se pudieran hacer estas cosas”, por lo que consideran “absurdas” estas acusaciones de Granados. Sin embargo el expresidente de la Comunidad de Madrid ha declinado explicar a este diario si denunció alguna vez los mensajes recibidos por su esposa; si los puso en conocimiento de la Justicia para que se investigara de forma oficial o si por el contrario, enterró el asunto.

Con estas premisas, la desconfianza cundió en el PP de Madrid de forma coincidente con el pulso entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre para liderar el PP nacional. La presidenta de la Comunidad de Madrid (apoyada por José María Aznar) se postulaba ese año para disputar la cabeza del partido en el XVI Comité General tras la derrota de Rajoy en las elecciones generales de mayo de 2008. Era lo que llamaron “la línea dura”. Pero no funcionó y abrió una nueva brecha de tensión entre Génova y el PP de Madrid.

Arrancó entonces el caso de los espías y durante ese mismo año (2008), hombres de confianza de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid siguieron de forma ilegal al exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo y al exconsejero Alfredo Prada. Ambos eran hombres de confianza de Alberto Ruiz Gallardón, principal rival de Aguirre para liderar el PP de Madrid tras el pulso contra Rajoy.

En esas mismas fechas Ildefonso de Miguel, directivo del Canal de Isabel II, grabó una conversación con el empresario Rafael Palencia en el que el responsable del Grupo Degremont le explicaba con todo lujo de detalles que venía pagando comisiones del 2 y el 3% al PP nacional. La existencia de esta cinta, que ha permanecido oculta desde entonces, fue revelada en las conversaciones intervenidas por la Audiencia Nacional al expresidente autonómico Ignacio González diez años después en el transcurso del caso Lezo.

González fue también objeto de seguimientos en esas mismas fechas. En agosto de 2008 el responsable del PP de Madrid fue grabado en un viaje a Colombia, registrado por unos detectives. La cinta trascendió a la luz pública en 2009, y en su transcripción aparecía ya el nombre de una empresa llamada Lauryn Group, una empresa irlandesa que ahora se investiga como receptora en Suiza de 1,4 millones procedentes de la compañía OHL. Para sorpresa de los agentes encargados del caso, pese a que los datos de la empresa que aparecen en el subtitulado de esa cinta son veraces, no fueron pronunciados ni una sola vez por González ni por sus acompañantes en esa grabación.

Suma y sigue. El diario El Mundo desveló ayer que Ildefonso de Miguel, que también acompañó a González en su viaje a Colombia, guardaba en casa información sobre una vivienda para profesores concedida a Cifuentes en 2001 por la Universidad Complutense. Un inmueble al que la presidenta de la Comunidad de Madrid, que formaba parte del cuerpo técnico de la universidad, renunció. Además, De Miguel mantenía en su casa también información que afectaba a sus dos hermanas. En aquellas fechas, era común que el entorno de González y Aguirre señalara a Cifuentes por su proximidad al exrector de la Complutense, Gustavo Villapalos. Algo que nunca se materializó en denuncia alguna.

No fue la única vez que Cifuentes fue espiada. Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, antes de las elecciones de 2015 la política madrileña fue sometida de nuevo a seguimientos y a la elaboración de un dossier en su contra. En aquella ocasión, el sector contrario a la presidenta de la Comunidad de Madrid trataba de hacerle pasar por una persona con problemas de cleptomanía.

Un guión donde todo aparece

Así, en 2008 arranca una pelea a muerte de espionajes, dossieres, investigaciones paralelas y desconfianza generalizada que trasciende ahora en un reguero de investigaciones judiciales. Y que se aglutinan prácticamente en un solo documento. La pasada semana, el portal Infolibre desveló otro de los manuscritos que la mano derecha de González Ildefonso de Miguel tenía en su casa. Un esquema sobre varios de los afectados por estas investigaciones paralelas y donde se citan textualmente tanto Cristina Cifuentes como los anónimos enviados a la mujer de Ignacio González.

El esquema refleja los nombres de Manuel Cobo y Alfredo Prada, espiados en 2008 y cuyos apelativos aparecen subordinados al de Alberto Ruiz Gallardón. El nombre de Cifuentes aparece tres veces en ese esquema. La primera aparece junto al nombre de Cobo y la leyenda “mensajean”. Otra fleja la une según Infolibre con Paloma Adrados, actual presidenta de la Asamblea de Madrid. y una tercera flecha lleva a la leyenda “llamadas” donde se refleja la leyenda “Anónimos /I. Gallego”, en referencia a la responsable de Comunicación de Aguirre y González en la Comunidad de Madrid.