El PSOE propone legalizar la eutanasia como servicio básico de salud

EL PSOE ha registrado este jueves en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para despenalizar y regular la eutanasia en España. La propuesta, similar a una presentada por Unidos Podemos el año pasado pero que no prosperó, entre otras cosas por la falta de apoyo de los socialistas, pretende consagrar la eutanasia como derecho para aquellas personas que sufran una discapacidad grave crónica o una enfermedad grave e incurable, según explicaron en rueda de prensa María Luisa Carcedo y Andrés Perelló, responsables de Sanidad y Justicia y Nuevos Derechos, respectivamente.

"No estamos hablando solo de muerte digna, sino de aquellas personas que no teniendo una situación terminal determinada deciden que no quieren vivir más, porque no están dispuestas a sufrir más", dijo Perelló. 

La eutanasia se regularía, según el PSOE, de la siguiente manera: tendría que ser pedida por el paciente de acuerdo con "los valores propios de la persona afectada", con un "diagnóstico profesional", con una "segunda opinión" y con una comisión de seguimiento que tendrían la última palabra y que sería creada por la comunidad autónoma donde se solicitase. Además, los médicos tendrían derecho a la objeción de conciencia para no practicarla. 

De estar en vigor una ley como esta, enfermos como Ramón Sampedro, que conmocionó a la sociedad al promover y finalmente llevar a cabo su suicidio asistido, fuera de la ley, tendrían acomodo en el sistema público. En estos momentos, el Código Penal persigue toda asistencia a otra persona para quitarse la vida. 

Los socialistas quieren desvincular la propuesta de la muerte digna, cuya legislación ya está avanzada en el Congreso, y que regula la asistencia en el final de la vida para respetar la voluntad de morir en condiciones dignas.

No es suicidio ni muerte digna

Tampoco se trata de regular el suicidio, ya que las condiciones para acceder a la eutanasia están tasadas. Además de padecer una discapacidad grave crónica o una enfermedad incurable, cualquiera de ellas debe provocar un "sufrimiento físico o psíquico constante e insoportables, sin posibilidad de alivio que el o la paciente considere tolerable", según la redacción de la ley. 

La propuesta (cuya redacción completa se puede encontrar aquí) se basa en el consentimiento expreso del paciente y por partida doble en un lapso de 15 días, pero el diagnóstico y acompañamiento hasta el final del proceso recae en los médicos, cuya evaluación también harán dos veces dos facultativos diferentes. De ser aprobada, pasaría a ser un servicio dentro de la cartera básica del sistema nacional de Salud. 

La eutanasia podría aplicarse en un centro sanitario, tanto público como privado, o con asistencia en el domicilio del paciente. No podrían acogerse a ella menores de edad ni personas sin residencia o nacionalidad española tras un proceso de información exhaustiva y el conocimiento de las alternativas. El proceso, por sus controles, no podría durar menos de 32 días, según han explicado Carcedo y Perelló, y la ejecución de la eutanasia podría aplazarse si así lo quisiera el paciente, abriendo la puerta a que se ejerciese una vez perdiese la consciencia pero su muerte no fuese inminente.

Similar a la de Unidos Podemos

La propuesta, que se registrará como una proposición de ley en el Congreso, es similar a la presentada ya en esta legislatura por Unidos Podemos y que el PSOE no apoyó por motivos de oportunidad política que entonces fueron reprochados por la formación morada como un intento de reservarse el protagonismo de la iniciativa para otro momento. Desde el PSOE se asegura que no se quería mezclar en aquel momento el debate con el de la muerte digna (cuidados paliativos, rechazo a la obstinación terapéutica), de naturaleza distinta. 

La propuesta será debatida en el Congreso de los Diputados, pero no tiene a priori los apoyos necesarios a pesar de que los socialistas esgrimen varias encuestas que apuntan a un apoyo social suficiente.