La UCO investiga el origen y el reparto del dinero que movían Zaplana y los Cotino desde hace 20 años

Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizan, tras la explosión de la operación Erial, el supuesto cobro de comisiones del exministro Eduardo Zaplana desde hace más de dos décadas: Según la tesis de los investigadores, el exministro cobró en el extranjero importantes cantidades de dinero por concesiones públicas que dependían de la Generalitat Valenciana y que se remontan en algunos casos hasta 1997. Después, Zaplana habría repatriado fondos de forma paulatina para introducirlos en España, en un procedimiento que se intensificó en los últimos años y en el que los investigadores colocan como pieza fundamental a su exjefe de Gabinete, Juan Francisco García Gómez, que tras abandonar la política ejercía como abogado en Barcelona. Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, la investigación arrancó gracias al documento de un ciudadano sirio incautado a Marcos Benavent, más conocido como el yonki del dinero.

En un segundo escalón a la hora de mover el dinero ya en España, los agentes colocan a otra persona de confianza del exministro, llamada Joaquín Barceló Llorens. La trayectoria política de Barceló ha estado unida a la de Zaplana desde que el segundo fue alcalde de Benidorm en 1991. Tras pasar por varios cargos en la Generalitat, los agentes consideran que su relación se extendió cuando Barceló dejó la política para levantar un importante patrimonio inmobiliario en España, dependiente de una madeja de sociedades como Costera del Globo SL o Desarrollos Integrales SL. Los agentes de la UCO trabajan con la tesis de que Barceló sirvió de testaferro a Zaplana para colocar el dinero ilegal en España y que parte de esas compras inmobiliarias pertenecen en realidad al exministro popular.

A este respecto, los agentes analiza además la compra de un piso en la zona centro de Madrid que se compró sin necesidad de hipoteca. Sin embargo, según ha podido saber EL ESPAÑOL, la operación fue posible ya que con anterioridad, Zaplana se había desprendido de un inmueble de mayor valor en el Paseo de la Castellana de la capital.

En total y como resultado de las investigaciones, que arrancaron en 2015 pero que se intensificaron hace ahora año y medio, la Guardia Civil sospecha que Zaplana pudo mover una cantidad ligeramente superior a los 10 millones de euros. La clave de la investigación ahora es determinar tanto la cantidad de ese dinero que corresponde realmente al expresidente valenciano, ya que se ha movido a nombre de terceros, y si procede de comisiones cobradas por la concesión de contratos públicos cuando Zaplana era presidente de la Comunidad Valenciana. Por eso, el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia le investiga por presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Fuentes próximas a la investigación consideran que parte de ese dinero habría permanecido oculto en cuentas extranjeras -paraísos fiscales caribeños, Panamá y Uruguay- hasta fechas recientes, cuando habría empezado a recuperarlo a través de pequeñas partidas. El dinero pasó por otros paraísos fiscales más tradicionales como Luxemburgo. Desde ahí daba el salto definitivo a España. Según ha sabido EL ESPAÑOL, los investigadores señalan al ex director general de Turismo de la Generalitat Joaquín Barceló y a su mujer Felisa López como los creadores del entramado societario encargado de la repatriación del dinero.

Además, los agentes investigan también la estructura empresarial de los hermanos José y Vicente Cotino, sobrinos del exdirector de la Policía y exvicepresidente autonómico Juan Cotino. Y lo hacen con una doble función: por un lado buscan presuntos pagos al entorno del expresidente valenciano y por otro, investigan si parte de su entramado empresarial o de sus inversiones dentro y fuera de España pudieron servir para ocultar patrimonio de Eduardo Zaplana.

Algo similar sucede con las operaciones emprendidas por el despacho de Juan Francisco García Gómez. Queda por clarificar qué parte de esas operaciones pertenecía directamente al expresidente autonómico o si parte de ese dinero eran en realidad de otros clientes. Para eso, serán determinante la información obtenida de las escuchas telefónicas, que colocaría a Zaplana al frente de movimientos financieros e inversiones emprendidas formalmente por terceros. En esta parte de la investigación, la jueza Isabel Rodríguez ha citado también como investigadas al exdirector de la Policía y exconseller Juan Cotino y la mujer de Zaplana, Rosa Barceló.  La secretaria personal de Zaplana, Mitsuko Henríquez, quedó puesta en libertad sin cargos tras declarar durante la noche del martes.

Tres años de investigación

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la llamada operación Erial arrancó formalmente en 2015 y se centran en dos operaciones principales: las concesiones del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunidad Valenciana, firmadas en 1997, y las concesiones del Plan Eólico de la Comunidad en 2001. Según ha sabido EL ESPAÑOL, los agentes señalan a Juan Francisco García, jefe del gabinete de Zaplana cuando era presidente valenciano, como presidente de la mesa de contratación de una de las licitaciones investigadas.

Sin embargo, fue hace año y medio cuando la investigación se intensificó gracias al resultado de las intervenciones telefónicas, que colocaban a Zaplana como conocedor y coordinador de operaciones financieras concretas. A partir de ese momento, la red de relaciones comenzó a crecer hasta pasar por varios paraísos fiscales. Este martes, la operación estalló a primera hora de la mañana cuando el expresidente autonómico salía de su casa para subir en su coche.

A la misma hora y de forma coordinada, eran detenidos en distintos puntos de España el exdirector de Relaciones Institucionales de Terra Mítica, Joaquín Barceló Llorens y su mujer, Felisa López; el que fuera jefe de gabinete de Zaplana y presidente del club de baloncesto Estudiantes, Juan Francisco García; también los hermanos Vicente y José Cotino, sobrinos de Juan Cotino. El listado se completa con el economista Francisco Grau Jornet.

Este último adquiere una relevancia destacada en el tapete de los investigadores. Se trata de un especialista financiero al servicio de Eduardo Zaplana. También es un hombre de confianza del exministro de Trabajo. Grau fue secretario del consejo de administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) desde 1998 hasta 2007. Su actividad empresarial más reciente está vinculada a la de Zaplana.

Para comprender ese lazo hay que reconstruir los pasos que siguió el ex dirigente popular cuando dejó la política. En 2008, Zaplana asumió el cargo de delegado para Europa de Telefónica. Al mismo tiempo, el ex diputado puso en marcha la consultora Decuria Consulting. Desde su creación, la consultoría ha acumulado una facturación superior a las dos millones de euros.

Desde entonces, Francisco Grau Jornet, hombre de confianza de Zaplana, ha sido el máximo responsable financiero de Decuria Consulting.

La adjudicación de las ITV y el plan eólico

La operación más antigua investigada se remonta a 1997, año en el que se adjudican las concesiones de la ITV en la Comunidad Valenciana. El Gobierno presidido por Eduardo Zaplana gestionó la privatización del servicio. El jefe del Gabinete, Juan Francisco García -detenido este martes- trazó las líneas generales del proyecto. En total se vendió una veintena de instalaciones por un montante próximo a los 37 millones de euros. La familia del empresario Vicente Cotino Escrivá recibió parte de las adjudicaciones.

Los escritos judiciales de la operación Erial ponen el foco además sobre otra operación de envergadura en la Comunidad Valenciana presidida por Eduardo Zaplana. En 2002 se programó la adjudicación del Plan Eólico valenciano, un megaproyecto dotado de 450 millones de euros para obtener energías renovables en siete grandes parques. Vicente Cotino, propietario de la empresa Sedesa, adquirió el 25% de los derechos de la VI zona, que entró en funcionamiento a partir de 2006.

Vicente Cotino es sobrino del exdirector general de la Policía y exconseller Juan Cotino. También empresario de confianza de Zaplana. Detenido este martes en el marco de la operación Erial, su nombre también está relacionado con la financiación irregular del PP valenciano. Él mismo admitió en dependencias de la Audiencia Nacional que fue uno de los empresarios que financió al partido a través de la empresa de Correa, Orange Market. Por ese caso, la Fiscalía le pide -junto a otros ocho empresarios que reconocieron actuaciones similares- el pago de una multa superior a un millón de euros.

Documentación en la Consellería

Los agentes de la UCO se presentaron este martes en la Conselleria de Economía valenciana para recabar información sobre las concesiones de la ITV y del Plan Eólico. Concretamente, solicitaron documentación relacionada con las adjudicaciones a las empresas relacionadas con Vicente Cotino y su hermano José.

Todos los movimientos financieros habrían engrosado unas cuentas en paraísos fiscales caribeños, en Panamá y Uruguay de las que Zaplana podría haber sido el principal beneficiario. Más de diez millones de euros que el exministro habría ido introduciendo en España, según las primeras pesquisas de la UCO, en pequeñas cantidades para no llamar la atención de las autoridades.

Los investigadores colocan a Zaplana en el centro de esa presunta trama que salpica a su círculo de máxima confianza.