El juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, ha rechazado en un auto firmado el pasado lunes que el CNI informe sobre los trabajos del empresario Alejandro De Pedro. A juicio del instructor, la voluntad de que el servicio de inteligencia legitime la procedencia de 82.000 euros decomisados en metálico en casa del investigado no es suficiente como para que el CNI desclasifique esa información. Además, el magistrado explica que ese dinero no será "una prueba de cargo incriminatoria" contra el empresario, por lo que no cabe pensar en una desclasificación de esos datos por cuestiones de interés general. 

El pulso judicial entre De Pedro y el Centro Nacional de Inteligencia arrancó el 1 de febrero de este año, cuando la defensa del empresario presentó un escrito para que el servicio secreto certificara, entre otras cuestiones, los pagos que se realizaron presuntamente a la empresa del informático, especializada en posicionamiento on-line.

La defensa del empresario solicitó así la información sobre cuántas veces había visitado Alejandro De Pedro las instalaciones del CNI durante los años 2013 y 2014, los servicios prestados para la institución por su empresa y las cantidades abonadas, bien por el organismo público o bien por entidades relacionadas, al propio empresario.

Información clasificada

El 19 de marzo de 2018, el servicio de Inteligencia envió un escrito alegando que la información solicitada estaba clasificada como secreta según la ley que regula el funcionamiento del CNI. De una forma implícita, el CNI confirmaba la existencia de datos que relacionaran al empresario con la institución, pero declinaba por imperativo legal poder confirmar o desmentir cualquier información al respecto. 

Ahora, el juez García-Castellón, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional le da la razón al servicio de Inteligencia y explica que el dinero encontrado a De Pedro no supondrá una prueba en su contra en el caso Púnica, por lo que no procede vulnerar la clasificación de "secreta" de cualquier información relativa al CNI. El magistrado enmarca la petición de De pedro en una voluntad de recuperar los fondos, más allá de la investigación judicial. Y por ello, considera que la petición de su defensa es "desproporcionada". 

Además, García-Castellón recuerda que, en caso de conflicto, debe ser el Consejo de Ministros quien decida si el CNI debe desclasificar o no la información solicitada por los juzgados ordinarios. En este caso concreto, el juez considera que la petición no tiene el interés general suficiente como para llegar a ese punto, por lo que rechaza la petición de que rechaza la petición del empresario. 

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