"Espero que todos y todas sean ustedes lo suficientemente comprensivos e incluso bondadosos conmigo. Tengan ustedes mucha diligencia porque es mi primer día. Me estreno y ustedes, claro, son unos expertos de la comunicación, o sea que si no son diligentes conmigo, me podrían asar. Pero yo espero que no sea ese el caso".
Con esas palabras, Isabel Celaá se estrenó este viernes como portavoz del Gobierno con impecable actitud y propósitos. Mostró una voz pausada y un gesto amable para acompañar a sus facciones más bien duras. "Es muy vasca", bromearon en Moncloa respecto a la también ministra de Educación y Formación Profesional.
Su estreno acabó dejando a los periodistas en un mar de dudas. Su principal anuncio, el fin del control de pagos de la Generalitat, fue rumiado durante horas por los periodistas que no sabían exactamente qué había querido decir. Su equipo más próximo en Moncloa, al que le faltan todavía algunos fichajes clave, tampoco sabía muy bien el alcance de lo anunciado ni a cuáles de las fases de control, aplicadas progresivamente desde 2015, se aplicaba la nueva medida.
"Hemos determinado que se den instrucciones a los bancos para que el Gobierno de Cataluña pueda abordar los pagos que le corresponden sin necesidad de pasar por la supervisión de Hacienda del Gobierno de España", dijo. El anuncio fue no durante su exposición inicial sino cuando ya se habían producido varias preguntas sobre Cataluña.
Inmediatamente copó los titulares de todas las webs sin que quedar claro si se refería a la supervisión instaurada en 2015 como parte de los mecanismos de control del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a los que están sometidos todas las comunidades, al control de pagos anunciado por Cristóbal Montoro en septiembre de 2017 o a la aplicación del 155 de octubre, que en realidad ya había quedado sin efecto pero a la que Celaá vinculó la decisión del Consejo de Ministros.
"Es consecuencia del levantamiento del artículo 155 de la Constitución", dijo la portavoz. Pero, si ya no hay 155, ¿cuál era la decisión? El equipo de la Secretaría de Estado de Comunicación informó después de que el Ministerio de Hacienda emitiría una nota explicativa, pero en el departamento que dirige María Jesús Montero no tenían nada previsto. Finalmente, llegó varias horas después y en ella se explicaba que se vuelve a la situación de 2015, acabado el vigor de las medidas del artículo 155 de la Constitución a la que se habían incorporado las decretadas por Montoro un mes antes.
El mensaje contrasta mucho con el de José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE y ahora ministro de Fomento, que el lunes aseguró que el futuro Gobierno mantendría el control de las cuentas de la Generalitat.
Un anuncio burocrático
En realidad, todo se trataba de un anuncio burocrático, presentado sin mucho contexto por la portavoz de modo que los periodistas pensaron que era una gran novedad política. No lo era, pero tampoco un hábil intento del nuevo equipo de Sánchez de dar gato por liebre a la prensa.
Según fuentes de Moncloa, hasta el mediodía no estaba claro que fuese a haber rueda de prensa, por lo que Celaá no sabía si iba a comparecer. Los periodistas contaban con que podría ser el propio presidente el que se sometiese a su primera comparecencia con preguntas, ya que el anuncio de los ministerios, dos días antes, había sido tan solo una declaración. Pero Sánchez quiso que fuera Celaá, que quizás lo hubiera tenido más fácil si, tras unas orientaciones generales, se hubiese limitado a recordar que en el primer Consejo de Ministros sólo se habían decidido algunos nombramientos, no medidas políticas de calado.
Celaá exhibía talante, y sus capacidades son alabadas por el PSE, el partido en el País Vasco, y por dirigentes de otras formaciones, pero su primer día acabó siendo un tanto confuso.
"Consejo de Gobierno"
Se refirió al Consejo de Ministros continuamente como "Consejo de Gobierno", quizás influenciada por su último cargo ejecutivo como consejera en el Gobierno vasco. Tuvo un pequeño lapsus, corregido de inmediato, cuando llamó "ministro" al president de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. Y no acertó a explicar bien las prioridades políticas del Gobierno más allá de decir que acudirían a los Consejos de Ministros de la Unión Europea, algo que es su obligación.
Para colmo, anunció que las prioridades sobre Cataluña serían desgranadas por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, en una "entrevista" o en una "rueda de prensa" que no está en agenda ni, de momento, siquiera prevista.
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