Domingo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llama a la vicepresidenta, Carmen Calvo. "¿Qué está pasando? Carmen, tenemos que hacer algo", dijo el presidente, según informan fuentes gubernamentales. Lo que estaba pasando copaba ya la atención informativa. El Aquarius, un barco con 629 migrantes rescatados en la noche del sábado al domingo en las costas de Libia, buscaba un puerto en el que atracar para atenderlos, incluyendo a embarazadas, enfermos y más de un centenar de menores. Pero ni Italia ni Malta estaban por la labor.
El vicepresidente y ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, tuiteaba un retrato suyo con gesto serio y un único mensaje: "Cerramos los puertos". El también líder de la Liga Norte anunciaba que no pisarían suelo italiano.
Sánchez seguía los acontecimientos con preocupación y llamó a la vicepresidenta, Carmen Calvo, según han explicado fuentes de la Vicepresidencia del Gobierno. Entonces comenzó un maratón ("28.000 llamadas", explicaban las mismas fuentes), gestiones nacionales e internacionales que implicaron a seis ministerios y varias comunidades autónomas.
Fomento llama al capitán
El Gobierno asumió rápidamente que no iba a permitir que los 629 migrantes, en aguas internacionales, estuvieran en riesgo por falta de auxilio de los países más cercanos. Los motivos fueron dos: "cumplir con las obligaciones internacionales de España de carácter jurídico" que piden el rescate humanitario de aquellos en peligro, pero también "interpretar a los españoles. Somos gente solidaria", explican las mismas fuentes. Según ha dicho Calvo en el acto público en el que prometieron sus cargos colaboradores de su Ministerio, "este Gobierno intentó ser una gran foto del espíritu solidario".
Lo primero fue "contactar con el barco". Lo hizo el Ministerio de Fomento directamente con el capitán, que explicó que "no podía asumir la responsabilidad" de seguir manejando el timón sin riesgo para los pasajeros por la falta de alimentos y combustible. La llamada del departamento que dirige José Luis Ábalos se produjo ayer lunes, que fue también cuando el Gobierno hizo público, con una nota de prensa remitida a las 14:28, de que se haría cargo del destino de las vidas de las personas rescatadas.
¿Valencia o Mallorca?
La primera opción fue Valencia y Calvo llamó a Ximo Puig, president de la Generalitat valenciana. "Estaré a lo que diga el Gobierno", respondió el presidente autonómico. Ante la posibilidad de que el barco tuviese dificultades para llegar a Valencia, la vicepresidenta se puso en contacto con Francina Armengol, la presidenta balear, pensando en un atraque en Mallorca. La disposición de la balear fue la misma que la de Puig.
Mientras, Exteriores hacía sus propias gestiones. Josep Borrell se puso en contacto con Italia a través del embajador en Madrid, Stefano Sannino, al que el Ejecutivo ha agradecido sus gestiones en nombre de un Gobierno, el italiano, que cerraba las puertas a los migrantes. Con Italia, país con el que el Gobierno asegura que quiere tener una excelente relación, Borrell acordó que dos fragatas auxiliarían al Aquarius para que pudiera llegar a Valencia sin riesgo para los ocupantes del barco.
Al mismo tiempo, Borrell se puso en contacto en la Comisión Europea y el presidente, Jean-Claude Juncker, para dar cuenta de las gestiones.
Llegada este sábado y decisión sobre estatus
Moncloa se puso en contacto también con Defensa (este martes, Margarita Robles ha ofrecido la asistencia de la Armada) y en Madrid, el ministerio del Interior y el de Trabajo y Migraciones comenzaron a preparar ya la llegada del barco. El Gobierno espera que la llegada sea "el sábado", aunque también podría ser el viernes, y no está claro si Sánchez se desplazará a Valencia. Calvo sí irá a la capital del Turia para tratar con Puig los detalles de la acogida.
El Gobierno no ha aclarado qué estatus dará a los migrantes cuando desembarquen. Es muy distinto que sean considerados refugiados que inmigrantes irregulares, tanto en cuanto al lugar en los que se les aloje tras la recepción como a las posibilidades de quedarse.
"Ni un precedente ni un gesto"
Moncloa cree que la mayoría de los menores tendrán que quedarse en Valencia, pero el resto podrían ser recolocados en las comunidades autónomas y las ciudades, como Madrid y Barcelona, que se han ofrecido como nuevo hogar de los rescatados.
El Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, será el que evalúe el estatus de cada una de las 629 personas, que se cree que proceden mayoritariamente de países subsaharianos.
El Gobierno tampoco aclara si este incidente supondrá un golpe de timón en la política sobre los refugiados o migrantes, pero aclara que el rescate "no es ni un precedente ni un gesto" sino que sólo responde a la necesidad de cumplir las obligaciones de España y reflejar el carácter solidario de España.
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