Prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y otro delito continuado de falsedad en documento mercantil. Esos son los delitos por los que José Luis Ulibarri será juzgado en relación con la trama Gürtel y por los que la Fiscalía pide para él siete años y un mes de cárcel. Juicio que podría quedar opacado tras su detención en el marco de la Operación Enredadera este pasado martes y donde el empresario, constructor y propietario de diferentes medios de comunicación en Castilla y León está considerado por la UDEF como uno de los cabecillas.
Hasta 33 personas han sido detenidas en una operación que ha implicado a casi 600 agentes en todo el territorio nacional. Una operación de la que apenas se saben nombres, pero en el que destaca sobre manera el de Ulibarri, relacionado a entornos de corrupción en las administraciones públicas desde que su nombre apareciese relacionado por primera vez al de Francisco Camps tras la concesión de 13 licencias de TDT en la Comunidad Valencia o desde que su empresa matriz, la constructora Begar, comenzase a recibir encargos también relacionados a la trama valenciana.
En la trama Gürtel, Ulibarri ha de ser juzgado por diferentes irregularidades en la concesión de una parcela a su empresa UFC SA dentro del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte, pues se considera que en tal adjudicación existió una comisión ilícita encubierta por una de sus sociedades.
Aún no está tan claro su papel en la Operación Enredadera que instruye el Juzgado de Instrucción nº2 de Badalona, aunque se le considera como uno de los cabecillas. La operación, desarrollada por la UDEF, investiga posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico. En el centro de la trama se encontraría Aplicaciones Gespol, una empresa que desde 2016 pertenece a Valoriza Servicios Medioambientales, del grupo Sacyr, y que habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local.
La investigación se ha desarrollado en Huesca, Lérida, Oviedo, Palencia, Teruel, Madrid... y León, por supuesto. De hecho, en esta provincia, se han visto afectados los ayuntamientos de León, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre y Astorga y han sido detenidos junto al propio Ulibarri el asesor de Ciudadanos en la Diputación de León Sadat Maraña y Miguel Hernán Manovel García, socio del empresario y secretario del Consejo de Administración de UFC S.A., la empresa investigada en el marco de la trama Gürtel.
Fundador de la constructora Begar tras trabajar varios años en el grupo Teconsa, Ulibarri es uno de los construtores más conocidos de Castilla y León, aunque, previamente a su aparición en la trama Gürtel, se dio a conocer por sus incursiones en los medios de comunicación. De hecho, hoy por hoy, el constructor es propietario de diferentes medios de comunicación locales, como El Diario de León, El Correo de Burgos, El Diario de Valladolid o el Diario de Soria, además de ser dueño del 50% de la televisión autonómica.
Según Anticorrupción, los hechos investigados dentro de la Operación Enredadera podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal. Además, otro juzgado de León investiga una pieza separada de esta trama en la que también está implicado Ulibarri.