"Confiamos en que mientras la sentencia que condena a cinco años de cárcel a Juana Rivas no sea firme, no entre en prisión". Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, expresó su deseo este viernes tras conocer que la madre granadina que sustrajo a sus dos hijos y permaneció en paradero desconocido para no entregarlos a su expareja había sido condenada.  

Por su parte, la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, respondió lo siguiente al ser preguntada si los políticos presos en Cataluña por delitos de rebelión y malversación deberían salir en libertad. "Me gustaría, sí, porque llevan mucho tiempo". 

En menos de 24 horas, dos miembros del Gobierno de Pedro Sánchez expresaron su punto de vista sobre quién debe o no ingresar en prisión y quién debe salir. Pueden parecer posicionamientos personales, emocionales o empáticos, pero reabren la cuestión sobre la interferencia que pronunciamientos de dirigentes como la vicepresidenta en el ámbito judicial. ¿Hasta qué punto llega el comentario y dónde comienza la presión? ¿Deben los responsables de un poder comentar las decisiones de otro, especialmente si se trata de la Justicia? ¿Es muestra de madurez democrática la dialéctica entre poderes o el silencioso respeto?

El propio presidente del Gobierno, al ser preguntado por la sentencia de Juana Rivas, argumentó que por ser el jefe del Ejecutivo no debía pronunciarse. "Hay sentencias con las que uno se siente más cómodo que con otras. Pero lo voy a dejar ahí porque soy el presidente del Gobierno de España", dijo. ¿Puede la vicepresidenta, destacada feminista y doctora en Derecho Constitucional, ir mucho más allá que el presidente?

El Gobierno acumula ya numerosos pronunciamientos sobre sentencias judiciales, la mayoría sobre aquellas que no comparte y en las que cree que está de parte de la mayoría en un caso de especial sensibilidad social. Los más destacados fueron sobre la sentencia de la Manada, cuando el Gobierno criticó la puesta en libertad de los condenados por abuso sexual. 

"El Gobierno se hace eco de la alarma social, de la preocupación social de España en su conjunto, de las mujeres en particular", dijo entonces la portavoz, Isabel Celaá.

Al Ejecutivo le sorprendió entonces que los condenados puedan salir de la cárcel, algo que según Celaá rompía la "regla de oro" de mantenerlos en prisión, mientras estén condenados, al menos la mitad de la pena que se les ha impuesto. Según el Gobierno, los condenados podrían ser "proclives a la fuga", exactamente lo contrario de lo que decían los tribunales. 

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