Así encogió en cinco días la propuesta de los aforamientos de Sánchez: ni supresión ni exprés ni universal

El martes, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, lo afirmó tres veces en declaraciones a los medios. El Gobierno aprobaría el viernes, en el Consejo de Ministros, el anteproyecto de ley para reformar la Constitución y reformar el régimen de aforamientos. "Desde que se presenta el anteproyecto este viernes, pasaría un mes, como bien saben, entre los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, más otros 60 días que sería la tramitación parlamentaria. Es decir, es algo que se puede hacer ya". Preguntada por los detalles, se reafirmó. "Verá el próximo viernes, con el anteproyecto de ley, cuál es la propuesta". "El viernes, en el anteproyecto, lo veréis", insistió. 

Pero este viernes no hubo propuesta. Podría concluirse que Lastra no es miembro del Ejecutivo aunque pareciese estar muy al tanto de los planes de Sánchez, pero el propio presidente del Gobierno volvió a incidir en ello al día siguiente, mientras salía a paso rápido del Congreso. "Este viernes, en el Consejo de Ministros, irá la reforma constitucional de los aforamientos", dijo. Coincidía con lo que explicaban fuentes del Ejecutivo. La reforma estaba clara y el Gobierno quería ponerla en marcha cuanto antes, de manera quirúrgica, con el acuerdo de los tres quintos necesarios en el Congreso y el Senado. 

Tomás Serrano

Este viernes, el Consejo de Ministros sólo acordó pedir al Consejo de Estado que haga su propia propuesta. El impulso debe corresponder al Gobierno y el informe del Consejo de Estado no es vinculante, pero el Ejecutivo ya no lo tiene tan claro. 

El acuerdo del Consejo de Ministros pide al órgano consultivo "que elabore una propuesta de reforma constitucional". Mientras, Sánchez sigue rumiando la propuesta definitiva, que no fue tratada en el Consejo de Ministros y que no tiene fecha, por más que los periodistas trataron de acotar el plazo.

Sánchez confía en que, una vez llegue al Congreso, el procedimiento se demore "60 días", según dijo el lunes. Pero en las Cortes ya hay varios partidos dispuestos a hacer que descarrile, incluido Podemos, que pide abrir más asuntos. Y, de todas formas, el Gobierno aún no ha anunciado cuándo la remitirá al Parlamento, por lo que puede ir para largo. 

¿Para cuántos?

Hay otros aspectos de la propuesta que han ido sufriendo modificaciones. El lunes, Sánchez fue muy taxativo. "La propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos", dijo, sin mencionar cuáles.

Este viernes, sólo algún tuit despistado desde la cuenta de la Moncloa hablaba de supresión. Ningún aforado perderá su protección especial con la reforma sino que como mucho la verá limitada. Ese es otro de los caballos de batalla. Se calcula que en España hay unos 250.000 aforados entre diputados al Congreso, senadores, miembros del Gobierno (a los que se le quiere acotar), pero también parlamentarios autonómicos, fuerzas armadas y de seguridad, fiscales o jueces, entre otros. La reforma sólo afectaría, en principio, a 634 de esas 250.000 personas. Es la suma de los 350 diputados, 266 senadores y los 18 miembros del Gobierno, Sánchez incluido. Partidos como el PP o el PNV piden que, o bien se retira el fuero a todos o a ninguno. 

¿Para qué delitos?

La propuesta también ha fluctuado en cuanto al alcance. Tras el anuncio del lunes, fuentes del Gobierno reconocieron que los aforados tendrían que seguir protegidos ante delitos vinculados a la corrupción (prevaricación, cohecho, malversación o tráfico de influencias, entre otros), ya que es muy difícil que no tengan que ver con su cargo. 

Este viernes, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, insistió en que los fueros se mantendrán para delitos relacionados con el "estricto ejercicio de las funciones del cargo público", pero al mismo tiempo aseguró: "Tenemos que sacar los delitos de corrupción" del régimen de aforamientos. El documento de orientación político en base al que el Consejo de Estado tendrá que elaborar su reforma no fue distribuido por el Gobierno, por lo que sus intenciones formales siguen siendo un misterio.