Operación Leona: cinco detenidos en una red de tráfico de arte que engañó a una hija de Emilio Botín

La Policía Nacional ha desarticulado una presunta red de tráfico de obras de arte que daba salida a obras de gran valor expoliadas en España y que captó como cliente a Paloma Botín, hija del banquero fallecido Emilio Botín. El operativo, coordinado por la Brigada de Patrimonio Histórico de la UDEV, el Grupo de Patrimonio Histórico de Barcelona y el Grupo de Robos de Las Palmas se centró desde hace dos años en localizar tres preciadas piezas: tres esculturas íberas del siglo VI antes de Cristo a las que los agentes seguían el rastro desde entonces.

La llamada operación Leona arrancó en los primeros compases de 2017, cuando el grupo especializado en la recuperación de obras de arte recibió varios avisos sobre el presunto expolio de piezas íberas en algún lugar indeterminado de Jaén o Córdoba. Sin más datos.

Los primeros compases de la investigación fueron judicializados en Linares, pero no dieron sus frutos. Los agentes buscaban los datos de los intermediarios, los nombres de quienes supuestamente estaban moviendo las piezas, pero no llegaron a nada concluyente, más allá de saber que las tres obras que buscaban, una leona y dos esculturas de toros íberos, estaban en manos de anticuarios catalanes. 

Financiación del terrorismo

Con esos datos, el procedimiento judicial quedó cerrado. Pero los policías se mantuvieron alerta. Más si cabe cuando un anónimo llegó a la Comisaría de Jaén aportando más datos del presunto expolio cometido en la zona. El escrito llevaba además tres fotografías. Tres imágenes de las piezas que buscaba la Policía Nacional. 

No fueron las únicas. En marzo de 2018, la Policía Nacional lanzó la llamada operación Harmakhis, centrada en una presunta red de tráfico de obras de arte expoliadas en Libia y que servía, según la tesis de los investigadores, para financiar a Daesh gracias al dinero obtenido con ellas.

Como partícipes de estas operaciones en España, los miembros de la Brigada de Patrimonio detuvieron a un conocido anticuario catalán y a un marchante que actuaba de intermediario. En los registros domiciliarios autorizados por ese juzgado, los agentes localizaron de nuevo fotografías de las tres piezas íberas que buscaban desde 2017. 

Fue entonces cuando el rastro de las piezas se hizo más notable. Y cuando los agentes comenzaron a amasar pruebas sobre varios anticuarios catalanes que habían puesto estas piezas en el mercado en busca de compradores. Finalmente los encontraron: la leona íbera, la pieza más valiosa de las tres, quedó en manos del matrimonio formado por Paloma Botín, una de las hijas del banquero Emilio Botín, y el empresario Ricardo Gómez-Acebo. 

Cinco registros domiciliarios

El pasado 19 de diciembre, el Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona autorizó la entrada y registro en dos conocidas tiendas de antigüedades de la Ciudad Condal, además de las viviendas de sus propietarios. En Madrid, los agentes acudieron al domicilio de los compradores en busca de la estatua de la leona. No la encontraron allí, sino en un depósito de arte a donde fueron trasladados por los actuales propietarios, que la guardaban en esas dependencias a la espera de terminar una serie de reformas en su vivienda.

En un primer momento, los agentes consideraban que la pareja había sido la compradora de las tres piezas investigadas por 1,5 millones de euros. Pero según ha podido conocer EL ESPAÑOL, la negociación por el paquete no llegó a buen término y el matrimonio solo adquirió una de las antigüedades. El resto seguía en manos de los anticuarios.  

En ese momento, el Juzgado decretó la detención de cinco personas, todos ellos relacionados con el negocio de las antigüedades, y calificó como investigados al matrimonio Botín-Gómez Acebo, para garantizar sus derechos procesales a la espera de clarificar si eran terceros de buena fe, víctimas de una posible estafa, o tenían conocimiento de la procedencia ilícita de la pieza.

Documentación que acredita la operación legal

Para cimentar su versión, la hija de Emilio Botín ha presentado en el Juzgado un paquete de documentación que acredita que, por su parte, la operación de adquisición de los bienes contó con todos los requisitos legales necesarios. 

Según la documentación que obra ya en manos del juez, que levantó recientemente el secreto de sumario sobre el caso, la compra de la leona íbera se formalizó el 28 de junio en Madrid ante notario, y antes de eso, los compradores obligaron al anticuario a anunciar la transacción ante el organismo competente de la Generalitat de Cataluña, que por Ley tiene derecho de tanteo sobre este tipo de obras de alto valor cultural. 

Además, la operación se abonó con un cheque bancario conformado también ante notario, al que se anexó una factura de 1974 por la que el anticuario acreditaba presuntamente la procedencia lícita de la pieza. Una de las claves del caso estriba en comprobar si ese comprobante, ese documento es realmente auténtico o está de alguna forma falsificado para dar apariencia legal a la operación por parte del intermediario. 

Además, en el momento de la compra el anticuario ahora detenido presentó un informe de restauración con supuestos trabajos realizados antes de 1945 (de ser cierto, invalidaría la sospecha de los agentes de que la pieza fue expoliada en fechas recientes), un dictamen del doctor Martín Almagro, exdirector del Museo Arqueológico Nacional acreditando la importancia y el valor de la obra, y un dictamen químico encargado a un laboratorio francés sobre la composición química de la piedra que confirmaba su autenticidad y databa la figura en el siglo VI antes de Cristo. Todo ello quedó anexo al contrato en el momento de la firma.

Un día después, los compradores se dirigieron a la Dirección General de Cultura de la Comunidad de Madrid y pusieron en conocimiento de las autoridades tanto la operación de adquisición de la leona como el lugar donde iba a ser colocada, tal y como marca la normativa legal, ya que este tipo de bienes de alto interés cultural, pese a estar en manos privadas deben figurar inventariados por instituciones públicas para impedir su comercio ilegal. 

Fuentes jurídicas señalaron que los adquirentes de la obra desplegaron una diligencia "reforzada" para garantizar la legalidad de la adquisición y así lo pusieron de manifiesto en las declaraciones que efectuaron ante la Policía. Añadieron, a este respecto, que los investigadores policiales consideran que el matrimonio Botín-Gómez Acebo puede haber sido engañado sobre el origen lícito de la adquisición, por lo que las pesquisas se centran en los intermediarios de la compraventa.