El Gobierno anuncia que exhumará a Franco el 10 de junio para enterrarlo en Mingorrubio

Francisco Franco será enterrado en el cementerio de Mingorrubio (El Pardo, Madrid) el 10 de junio "por la mañana", según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En esa jornada, se abrirá la tumba de la basílica del Valle de los Caídos y se transportarán sus restos al que el Ejecutivo espera que sea su emplazamiento definitivo. 

"El Consejo de Ministros hoy ha concluido el procedimiento de la exhumación de los restos del dictador", ha anunciado por sorpresa Calvo. La vicepresidenta ha recalcado que la decisión se produce tras la negativa de la familia a que el dictador abandonase el Valle de los Caídos, donde fue enterrado en 1975, salvo que fuese para ser reinhumado en la cripta de la catedral de la Almudena, en el centro de Madrid. 

"Si la familia hubiese adoptado una decisión diferente", ha dicho Calvo, "habría sido más rápido. Como no ha sido así", el Ejecutivo ha tenido que actuar con total "pulcritud", algo que ha ocasionado numerosos retrasos. Sánchez prometió en junio del año pasado, tan solo unos días después de llegar a Moncloa a través de una moción de censura, que la exhumación del dictador se haría con rapidez.  

Según los planes del Ejecutivo, el cuerpo de Franco será enterrado en el panteón de Mingorrubio-El Pardo, donde descansan los restos de su esposa, Carmen Polo, y el traslado se hará "sin comunicación, imágenes ni convocatoria pública", según ha dicho Calvo. 

"Hay que actuar con el decoro y el respeto al que nos obligan nuestras leyes y el trato humano correspondiente", en palabras de la número dos del Ejecutivo. 

¿Y si hay nuevo Gobierno?

La fecha se ha escogido, según Calvo, con la intención de separarla de los dos procesos electorales que vienen: las generales del 28 de abril y las europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo. 

Según Calvo, la decisión que este viernes ha tomado el Consejo de Ministros vincula a cualquier Gobierno, incluso si antes del 10 de junio se conforma uno nuevo y de distinto signo, algo perfectamente posible si las urnas deparan una mayoría clara. 

En cualquier caso, el nuevo Gobierno salido de las urnas podría cambiar el procedimiento, las normas de la exhumación, impidiendo que se lleve a cabo. "A menos que haya modificado la norma, lo tiene que hacer", ha aclarado Calvo. La decisión queda en manos del próximo Ejecutivo o, lo que es lo mismo, de los votantes que deben elegirlo. 

La Iglesia y el Supremo, nubarrones para el Gobierno

La vicepresidenta del Gobierno también ha recalcado, sobre la posibilidad de que haya  nuevos impedimentos, que la Iglesia ya ha asegurado, a través del Vaticano, que no se opondrá a la exhumación. En este sentido, la postura de Roma es distinta a la del prior de la congregación que atiende la basílica del Valle de los Caídos, que se opone firmemente a que Franco abandone el templo religioso.

Calvo ha recalcado que el Ejecutivo se relaciona con el Vaticano y la Conferencia Episcopal y que se remite a su disposición a acatar la decisión tomada por el Consejo de Ministros. 

El otro escollo potencial es el Tribunal Supremo, que podría paralizar la exhumación antes de esa fecha. La familia ha interpuesto un recurso aún pendiente de ser resuelto. El tribunal tendrá que decidir si adopta medidas cautelares y, de esa manera, paraliza la exhumación.

Si tal cosa pasara, la fecha del 10 de junio sería papel mojado. El Supremo también debe decidir si, además de tomar medidas cautelares, acepta entrar al fondo del asunto, algo que demoraría durante meses el desenlace final. El Gobierno, que va a presentar alegaciones a través de la Abogacía del Estado, confía en que el tribunal no paralice la exhumación. Si después quiere seguir deliberando, ya será con Franco en Mingorrubio. 

El Gobierno y sus competencias

Calvo asegura que, al no haber sido ordenada todavía, ni haber indicios de que el Tribunal Supremo vaya a decidirla, el Gobierno puede tomar sus propias decisiones en el "ejercicio legítimo de la competencia que sí tenemos". La fecha del 10 de junio da, según el Ejecutivo, tiempo de sobra para que la Justicia se pronuncie sobre las medidas cautelares. 

Otros recursos, hasta 17, presentados en tribunales ordinarios por la familia, suponen un riesgo menor para el Gobierno, que confía en que queden resueltos en próximas fechas al tratarse de un "burdo intento de la familia" de paralizar el proceso por asuntos como permisos de obras, según fuentes de Moncloa.