Isla Mayor, donde guardias civiles corruptos trabajaban más para los 'narcos' que para el cuerpo

La droga carcomió las estructuras de la Guardia Civil en Isla Mayor. La mitad de los miembros del cuerpo destinados en este pequeño municipio sevillano fueron detenidos por sus estrechos vínculos con los narcotraficantes. Favorecían su actividad y les blindaban frente a cualquier intervención policial. A cambio, los agentes obtenían grandes sumas de dinero. Pero sus incursiones en el mundo de la droga, además de llevarles a los tribunales, les costó profundas desavenencias entre ellos: unos desconfiaban de otros, creyendo que les dejaban de lado para llevarse un mayor reparto de los sobornos.

El grupo de agentes condenado a penas de prisión por la Audiencia Nacional estaba compuesto por cuatro miembros: Javier, el sargento, y Luciano, Claudio y Juan Rafael, sus subordinados. Componían la mitad de la dotación del Instituto Armado desplegado en este cuartel, clave en la lucha contra el narcotráfico. Isla Mayor apenas alcanza los 6.000 habitantes; en las inmediaciones, no obstante, circunda el río Guadalquivir, empleado por los narcos para introducir droga desde Marruecos.

Francisco Rodríguez Cordero, más conocido como El Negro, conoce cada rincón del río. Tantas veces lo ha recorrido a bordo de embarcaciones semirrígidas transportando sus fardos. Él era el líder de la organización criminal que contaba con hasta una docena de miembros. Contaba con una infraestructura fuertemente desarrollada; barcas, naves industriales donde ocultar sus fardos, vehículos... y dinero. Mucho dinero.

Ése fue el punto en el que se apoyó para corromper a los agentes. Pero fue sutil. No fue él en persona a tratar con los guardias civiles; aprovechó la confianza que tenía con uno de los vecinos del sargento para hacerle llegar su propuesta: 6.000 euros como pago inicial y otros 20.000 por cada alijo que lograse introducir a través del río Guadalquivir.

Aquel fue el punto de partida de una estrecha relación que, según los investigadores, condujo a las disputas internas entre los propios agentes.

Arranca la colaboración

Javier, sargento, aceptó la propuesta. El 7 y el 10 de abril de 2016 se vio a hurtadillas con El Negro en un polígono industrial, siempre de noche, y acordaron las cifras del soborno.

Javier aceptó y arrastró consigo -siempre siguiendo la sentencia de la Audiencia Nacional- a sus tres subordinados; Luciano, Claudio y Juan Rafael. Desde ese momento, actuaban al servicio de los narcotraficantes. Les cedieron las llaves de una finca protegida por la que encontrarían una mayor facilidad para llegar a hurtadillas al Guadalquivir, les avisaban cada vez que una patrulla del cuerpo se desplegaba por su área de influencia e incluso les ofrecían información sobre vehículos que despertaban las sospechas de los criminales.

Los hechos sucedieron con rapidez. Durante ese verano, los criminales dieron varios golpes, trasladando sus fardos por el río. En ocasiones, la Guardia Civil de Sevilla detectaba sus movimientos y frustraba sus planes. Pero las relaciones entre los narcos y los guardias civiles corruptos de Isla Mayor no hicieron más que estrecharse.

En diciembre de 2016, los agentes Claudio y Juan Rafael detectaron un coche sin asientos que empleaban los narcos en sus transportes y no lo notificaron a sus superiores. Ese mismo mes Luciano omitió el nombre de sus amigos criminales en un informe remitido a la comandancia de Sevilla. En noviembre, Luciano había acompañado a otro traficante a denunciar la desaparición de una escopeta, ayudándole a maquillar los hechos para que no sospechasen de su actividad delictiva. Todos esos movimientos figuran en los informes de la Audiencia Nacional.

Surgen las grietas

Pero los guardias civiles corruptos no tenían una confianza ciega entre sí. Javier, sargento, pronto sospechó que Luciano quería ocupar su puesto privilegiado como interlocutor con los narcotraficantes. Las tensiones internas del grupo no tardaron en aflorar. Así lo recoge la sentencia judicial: "A partir del verano de 2016, es el guardia civil Luciano M.V. el que se ocupa de mantener los contactos con Rodríguez Cordero [El Negro], desplazando al propio sargento, que comienza a sospechar que le ocultan información sobre los alijos, para evitar tener que pagarle su comisión".

Pero hay más. De acuerdo a las conversaciones intervenidas por los investigadores, "el sargento tiene miedo de que El Negro, Rodríguez Cordero, le trate de engañar": "El engaño no puede ser otro que el pasar alijos sin entregarle su comisión". O en otros términos, sospechaba que el acuerdo con los narcotraficantes se recondujera hacia terrenos que él no pudiera controlar.

Explota la operación

Es enero de 2017. Los investigadores han reunido suficientes pruebas contra los guardias civiles y explotan la operación. Detienen a Javier, el sargento. También a sus subordinados, a los que implican en la trama: Luciano, Claudio y Juan Rafael. Estalla el escándalo en Isla Mayor; los arrestados constituyen la mitad del personal del Instituto Armado destinado en este enclave sevillano.

¿Qué pruebas existen contra los agentes? Algunos de ellos hicieron ingresos en metálico en sus propias cuentas bancarias o en las de sus esposas; también hicieron pagos en efectivo para comprar vehículos. Pero el informe más contundente llega de la mano de las grabaciones. En una de ellas, por ejemplo, se puede escuchar al sargento y a Luciano, en el interior de un vehículo particular, hablando de cómo se iban a repartir el dinero procedente de la droga. 

Javier, sargento, defendió ante los tribunales que interpretaba el papel de infiltrado para intentar dar un golpe mayor a la banda de El Negro. Y que esas conversaciones formaban parte de su cometido. La Audiencia Nacional no le cree. Su versión se contradice con la de los otros tres agentes procesados, que admiten sus vínculos con los narcotraficantes. Las grietas de confianza entre los antiguos compañeros de cuartel se trasladan hasta el banquillo de los acusados.

Todos ellos fueron condenados a penas de prisión, que van desde los cuatro hasta los 14 años. Una sentencia que es recurrible a instancias superiores. Fuentes del Instituto Armado consultadas por EL ESPAÑOL indican que la trama de corrupción se da por desarticulada con este golpe. Con esta renovación en el cuartel, aspiran a que Isla Mayor vuelva a convertirse en un fortín en la lucha contra el narcotráfico.