Una nueva norma en materia de torturas en centros penitenciarios ha provocado un fuerte "malestar e indignación" entre los funcionarios de prisiones. Se trata de una orden que dictamina que los presos puedan presentar denuncias contra el personal por supuestas torturas aunque no exista un parte de lesiones, condición hasta ahora indispensable para el trámite.
La orden en cuestión está firmada por el director general de ejecución penal y reinserción social. Está fechada en 1 de julio de 2019 y dirigida a los directores de los centros penitenciarios.
En ella se recogen las nuevas condiciones para la presentación de denuncias por torturas, en cumplimiento con "la legalidad vigente y las indicaciones del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura".
El documento
La medida más novedosa apunta a que los presos pueden denunciar a los funcionarios de los centros penitenciarios "aunque no consten lesiones": "En estos supuestos, el director deberá también acordar la realización de actuaciones tendentes a esclarecer lo acaecido y, con independencia del resultado de las mismas, remitir copia de lo actuado y de la declaración del interno al Juzgado de Guardia", asevera el documento.
Extracto de la orden enviada a los directores de los centros penitenciarios.
Fuentes del colectivo penitenciario consideran que esta orden "va a generar muchos problemas para los funcionarios": "Estamos vendidos", lamentan.
Un mensaje a Interior
En esa línea se expresa la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP). En un comunicado apunta a la "indignación" y "descontento" ante el contenido del documento: "La indignación es más que evidente pues se pone en duda el respecto de este colectivo a la Constitución y demás leyes, poniendo en entre dicho la labor que se realiza en los centros penitenciarios".
Y añade: "Resulta paradójico que mientras los funcionarios de Instituciones Penitenciarias son agredidos a diario en los diferentes Centros Penitenciarios y tanto la Institución a la pertenecen, Interior y el propio Gobierno de Pedro Sánchez no ponen medidas para proteger a los empleados penitenciarios dándole la protección que necesitan".