María Chivite se convertirá este viernes en nueva presidenta de Navarra. Su pacto con fuerzas nacionalistas para hacerse con el gobierno de la Comunidad foral no tardará en traer sus primeras consecuencias. Una de ellas, la expulsión de la Guardia Civil de las carreteras navarras.
La primera cesión del PSN a los deseos nacionalistas ha pasado de puntillas, sin hacer ruido en la opinión pública. Para dar con ella hay que remitirse al “Preacuerdo de programa para una legislatura de convivencia, igualitaria, innovadora y progresista”, que firmaron PSN, Geroa Bai, Izquierda-Ezkerra y Podemos. Se trata de un punto deliberadamente recóndito. Concretamente, el número 18 del epígrafe Justicia e Interior del documento que aspira a ser su programa de Gobierno.
En concreto, el punto 18 propone "la transferencia a Navarra de la competencia de Tráfico y Seguridad Vial y seguir trabajando para que la Policía Foral sea la policía de referencia".
Punto número 18 del epígrafe Justicia e Interior.
Esto significa que el PSN seguirá la hoja de ruta marcada por los nacionalistas, empecinados desde hace años en expulsar de la comunidad a la Benemérita. La predecesora de María Chivite en la presidencia del Gobierno foral, Uxue Barkos, ya se reunió con Pedro Sánchez el 31 de octubre de 2018 para certificar la transferencia de Tráfico a Navarra. El acuerdo se basa en una sentencia del Tribunal Supremo, que establecía que la Comunidad Autónoma era competente para regular la circulación en las carreteras.
La propuesta no llegó a materializarse la pasada legislatura. Además, el PSN no la incluyó en su programa de electoral, por lo que parecía cuestión de tiempo que esa propuesta se perdiese en el tiempo. No obstante, la inclusión de este punto en el preacuerdo de Gobierno invita a pensar en un panorama poco esperanzador para la Guardia Civil en Navarra.
Los partidos nacionalistas navarros han reiterado en numerosas ocasiones su voluntad de contar con una Policía Foral "integral". Esto es, un cuerpo equivalente a la Ertzaintza en País Vasco o a los Mossos de Esquadra en Cataluña.
200 expulsados
Fuentes asociativas de la Guardia Civil señalan que, en reuniones mantenidas con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se les aseguró que la transferencia de la competencia de Tráfico no era una decisión cerrada. El acuerdo de Gobierno de María Chivite con sus nuevos socios, no obstante, supondría el “certificado” de expulsión de los guardias civiles de Tráfico en la Comunidad Foral.
De los 1.600 agentes que componen el Instituto Armado en Navarra, 200 regulan la circulación en las carreteras. Este acuerdo, afirman, supondría su “desahucio” y el de las familias de los agentes. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) valoró la transferencia de las competencias como “una nueva muestra de desprecio”: “Debemos hacer pública la gran preocupación que en estos momentos existe entre nuestros compañeros destinados en Tráfico en Navarra y sus familias ante la incertidumbre que ahora se abre respecto a su situación”.
La propia María Chivite respaldó hace unos meses la posibilidad de crear una “pasarela” entre la Guardia Civil y la Policía Foral, para facilitar que los primeros puedan incorporarse al Cuerpo navarro y sigan cumpliendo con labores de Tráfico. Una opción que la mayoría de agentes destinados en Navarra descartan: “Somos guardias civiles y no dejaremos de serlo por una decisión política”.