Partido Popular y Ciudadanos han arremetido contra el Gobierno vasco por tramitar la “aberrante” ley de abusos policiales en agosto, mes vacacional por excelencia, cuando todavía no se han resuelto los recursos que ambos partidos presentaron ante el Tribunal Constitucional, que aún puede paralizar la norma.
"Varios recursos penden sobre esa ley, por eso la quieren sacar cuanto antes. Todo ello, con la colaboración del PSOE", denuncia en conversación con este diario un portavoz de Ciudadanos en el País Vasco.
En el PP, por su parte, aseguran que la ley pretende "generar un caldo de cultivo que afirme que la Ertzaintza, la Policía y la Guardia Civil han fomentado torturas": "Lo hacen sin ningún tipo de fundamento judicial".
Las reacciones del centro-derecha llegan después de que el Gobierno del País Vasco haya sometido a trámite de información pública el "proyecto de decreto de desarrollo del procedimiento para el reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos". Urkullu lo ha hecho en agosto, un mes inhábil a efectos parlamentarios y con la actividad política bajo mínimos.
Tras la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), han quedado abiertos los plazos para presentar alegaciones: un total de 20 días hábiles -hasta el 11 de septiembre-.
La ley fue aprobada el pasado mes de abril con los votos de PNV y PSE, la abstención de Bildu y Podemos y la oposición del PP.
Avalada por Pedro Sánchez
El asunto viene de lejos. El Ejecutivo vasco promovió en 2016 la creación de la ley de abusos policiales, pero el Gobierno de Mariano Rajoy interpuso un recurso en el Tribunal Constitucional en mayo de 2017. Sin embargo, Pedro Sánchez llegó en 2018 a un acuerdo con Urkullu para retirar ese recurso.
De acuerdo al contenido de esta ley, se creará una comisión de valoración compuesta por diez personas elegidas políticamente para dirimir quién ha sufrido abusos por parte de la Guardia Civil, la Policía o la Ertzaintza en el País Vasco durante las últimas décadas -entre 1978 y 1999- obviando los criterios judiciales.
El texto de la norma afirma que "son las propias víctimas, que hasta el momento no han sido reconocidas ni reparadas, las que justifican la necesidad de esta ley". Una ley que, según expresa, significa "reconocer y reparar las vulneraciones de derechos humanos que se hubieran producido en un contexto de motivación política".
¿Qué dice la Guardia Civil?
Cristian Eric Marco, secretario general de la asociación de guardias civiles Jucil -nacida del movimiento Jusapol- expresa su indignación a EL ESPAÑOL y califica el decreto de "aberración inconstitucional", a la vez que denuncia que pretende "convertir a los verdugos en víctimas".
"En esa comisión de valoración que pretenden crear entraría gente del mundo abertzale y afines a ETA. No tiene ningún sentido ni legitimidad. Los tribunales de justicia están para esto", declara el secretario general de Jucil.
"No estamos en contra de que se reconozca unos derechos a unas personas, siempre que se haga por la vía judicial y se demuestren torturas. No se puede hacer vulnerando a un colectivo tan importante como la Guardia Civil", zanjan desde Jucil. La asociación de guardias civiles ya ha anunciado que tomará las medidas legales oportunas.
Cuando Pedro Sánchez retiró el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de abusos policiales, los principales sindicatos de Policía Nacional, asociaciones de la Guardia Civil y colectivos de víctimas del terrorismo remitieron una carta a Interior, Justicia y Fiscalía en la que advertían de que la ley "blanquea el pasado criminal de ETA".