La alerta difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación no les arredra en sus intenciones. Son cientos españoles que tenían billetes para viajar los próximos días al campo de Tinduf y que, pese a los llamamientos de un "atentado inminente" en la zona, mantendrán sus planes. Consideran que se trata de una "maniobra política" y acusan al Gobierno de emitir un comunicado "precipitado" que sólo infunde "miedo y preocupación".
Se trata de unas 500 personas incorporadas al proyecto Vacaciones en Paz, un plan en el que familias españolas acogen durante el periodo estival a niños procedentes de la región del Sáhara. Es tradicional que en estas fechas, coincidiendo con el puente de la Constitución, viajen a Tinduf para conocer el entorno en el que viven los menores.
Pero este año es diferente. Porque este miércoles, Exteriores alertaba a través de redes sociales del riesgo que suponía viajar a Tinduf, ante la creciente inestabilidad que se vive en el norte de Mali. La amenaza, no obstante, se sustenta en los informes de servicios de Información que alertan de los intereses de los terroristas en perpetrar un ataque contra ciudadanos españoles.
Dichos informes apuntan directamente al Estado Islámico del Gran Sáhara, una de las sucursales de la organización terrorista que siembre el terror en África. Su líder es un viejo conocido en la región, Adnan Abu Walid Al Sahraoui. Durante años ha sido perseguido por autoridades locales e internacionales por varios crímenes; en 2015 reunió sus fuerzas y juró lealtad a Daesh.
Los cooperantes españoles, organizados por la Coordinadora de Asociaciones de Amistad y Solidaridad con el Sáhara (CEAS-Sáhara), no dan credibilidad a dichas amenazas. Consideran que se trata de una suerte de pacto diplomático Rabat-Madrid para impedir la acogida de niños saharauis por familias españolas. Y apuntan a la reunión que este miércoles mantuvieron en Moncloa Pedro Sánchez y el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, como supuesto escenario para acordar este punto.
"Queremos asegurar que existe total normalidad en los campamentos de población refugiada y que las autoridades saharauis garantizan la seguridad -señalan desde la coordinadora-. No vamos aceptar erróneas maniobras políticas, ni alarmas injustificadas, que puedan afectar a la solidaridad con la población".
Fuentes de seguridad consultadas por EL ESPAÑOL insisten en que se trata de una "amenaza real" e "inminente". Esos son los términos que también empleó Margarita Robles -titular de Defensa en funciones y que asumirá Exteriores tras la marcha de Borrell- al explicar las intenciones terroristas de la filial del Estado Islámico.
Tampoco es casual que en fechas recientes -y no sólo en Moncloa- se hayan producido reuniones bilaterales entre España y Marruecos. Encuentros en los que, según las mismas fuentes, se intercambia información relevante de diferentes ámbitos: económicos, diplomáticos, comerciales... y de seguridad.
En términos similares se expresó Josep Borrell. Insistió en que no se trataba de ninguna maniobra política y señaló que el "riesgo" está encima de la mesa: "No tenemos ningún interés en bloquear las visitas de las familias españolas que han demostrado su solidaridad con el pueblo saharaui, algo que a España le merece una valoración positiva".
Pero los cooperantes se mantienen en su posición. Pasarán una semana, entre el 1 y el 8 de diciembre, en Tinduf. Su visión: "No existe motivo alguno de alarma".