Sánchez busca sacar los Presupuestos con un Código Penal que rebaje las penas del 'procés'

Las piezas encajan, y desde hace tiempo. Hace casi un año y medio, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet (hoy presidenta del Congreso), concedió una amplia entrevista con un llamativo titular: "Sería mejor que no hubiera presos para poder hacer política en Cataluña”. "Para hacer política, que es lo que nosotros queremos hacer, por supuesto que sería mejor", declaró a El País.

Ahora, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recién elegido gracias a Podemos, nacionalistas y la abstención clave de ERC, ha avanzado unas intenciones que pueden completar ese plan.

El Gobierno se dispone a lanzar una reforma del Código Penal. Lo anunció Sánchez el lunes en una entrevista en TVE e insistió la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, este martes. El objetivo, recalcó la ministra portavoz, será incorporar algunas promesas de campaña, como consagrar el "sólo sí es sí" en la legislación sobre violencia sexual y consentimiento de las relaciones, luchar contra los delitos medioambientales o contra la corrupción.

Sin embargo, el cambio más importante y trascendente tendrá que ver con Oriol Junqueras, presidente del partido sin el que Sánchez no sería presidente, y los demás condenados por el procés.

Preguntado por una reforma de la legislación penal sobre el delito de sedición, Sánchez fue claro: "Es evidente que toda esta crisis [en Cataluña] ha mostrado algo, y es que tenemos un Código Penal que no corresponde con la época que ha tocado vivir a España", dijo el presidente en la televisión pública.

Autodeterminación y amnistía

Los partidos independentistas catalanes rechazan frontalmente la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Junqueras y a otros dirigentes del procés a 13 años por sedición y malversación, y mantienen sus dos reivindicaciones clave: autodeterminación y amnistía.

Gran parte del PSC que dirige Miquel Iceta cree también, como Batet, que sería mejor que la cúpula de la Generalitat que fue juzgada no estuviera en la cárcel, aunque no lo mantenga en el discurso oficial. 

La autodeterminación será tratada en una mesa de negociación prometida por Sánchez a ERC, en la que se sentarán Gobierno y Generalitat. En caso de que se llegue a un acuerdo, PSOE y ERC han pactado una "consulta" en la que sólo votarán los ciudadanos de Cataluña.

Pero, ¿y la amnistía? El Gobierno ha sido muy claro al recordar que la Constitución excluye taxativamente los "indultos generales". Aceptar una amnistía, una medida de carácter excepcional, significaría tanto como dar la razón a los partidos independentistas en sus aseveraciones sobre el carácter político del juicio o la ausencia alguna de delito en la convocatoria de un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional y una declaración de independencia.

Es ahí donde entra el Código Penal y el principio de que, ante un cambio de ley, se aplicará al condenado la que sea más beneficiosa para él. Este martes, el Ejecutivo no descartó ni en público ni en privado que la nueva legislación penal rebaje las penas por sedición.

La sedición, clave

Es más, dio verosimilitud a la hipótesis de endurecer y acotar más aún el de rebelión, descartado por el Supremo, mientras se relaja el de sedición. El tipo de rebelión, pensado más para golpes de Estado donde el uso de la fuerza es inequívoco, podría reformularse y adaptarse al siglo XXI en el que es poco probable que un Gobierno sucumba por un golpe militar.

Muchos socialistas, especialmente en el PSC, consideran que los hechos de 2017 deberían estar penados de manera más liviana, centrando la gravedad penal en la malversación y la desobediencia cuando haya una total ausencia de violencia.

El Gobierno dice actuar por libre en esta posible rebaja del delito de sedición. Tanto es así que fuentes de Moncloa han reconocido que no hay un acuerdo con Podemos al respecto, y por eso no se incluyó en el programa pactado. Según las mismas fuentes, si el Ejecutivo no llega a una posición común, serán los grupos del Congreso los que debatan y voten la medida.

En realidad, Podemos difícilmente se opondrá a cualquier medida que libere cuanto antes a Junqueras y los demás condenados, a los que considera "presos políticos".

Al mismo tiempo que Sánchez impulsa un nuevo Código Penal, retrasa los Presupuestos. No parece casual, sobre todo cuando hace unas semanas estos eran la gran prioridad nacional.

La liberación de los presos sería sería clave para el apoyo de ERC a las nuevas cuentas públicas, como ya han deslizado tanto Junqueras como Gabriel Rufián. De esta manera, con la misma mayoría de la moción de censura y de la investidura -que consiste fundamentalmente en PSOE, Podemos, PNV y partidos independentistas- se allanaría la legislatura para Sánchez.

El "bloque histórico" 

Es lo que, en la recta final de las negociaciones para elegir a Sánchez, Iglesias definió como "bloque histórico" llamado a gobernar España. Aunque el Gobierno asegura que le gustaría pactar con el PP una reforma del Código Penal, parece claro que no logrará su apoyo si es para liberar a Junqueras. En cambio, sí podría recibir el respaldo de ese "bloque histórico" para los Presupuestos.

El pacto antibloqueo que el PSOE hizo público en octubre aseguraba que "en la segunda mitad de enero", el Gobierno presentaría el techo de gasto y, en el primer trimestre de 2020, el anteproyecto de Presupuestos. Sánchez echó el freno en su entrevista del lunes. "Antes de que finalice este verano" quiere tener "aprobados los Presupuestos Generales del Estado", dijo.

¿Cómo es posible que la máxima prioridad del Gobierno, su principal instrumento político, pueda demorar su aprobación hasta nueve meses, que será lo que dure lo que queda de invierno, la primavera y el verano? Moncloa recuerda que negocia con Bruselas una nueva senda de déficit, pero, en realidad, el Gobierno conocía a la perfección el estado de las cuentas en octubre, cuando presentó su calendario como una promesa electoral.

En cualquier caso, podríamos estar ante uno de los ciclos de preparación de los Presupuestos más largos de la Historia, habida cuenta de que el procedimiento ordinario es mucho más ágil y que, en teoría, hay prisa por jubilar las cuentas públicas de Montoro.

Las dos piezas encajan. Código Penal para favorecer a los presos y unos Presupuestos a fuego lento para dar tiempo a los partidos independentistas a apoyarlos, una vez hayan sido hechas las concesiones que reclaman.

Obviamente, el Gobierno no confirma esta tesis, pero las necesidades políticas de Sánchez, que no sobrevivirá sin Presupuestos, dejan poco resquicio a la duda. Así, vendría a cumplirse el deseo de Batet de que "sería mejor que no hubiera presos para poder hacer política en Cataluña".