"Cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa se formulará en el marco de la seguridad jurídica". El comunicado pactado entre el Gobierno y la delegación de la Generalitat de Cataluña incluye un viejo fantasma. A finales de 2018, en Barcelona, Pedro Sánchez y Quim Torra se reunieron en Barcelona y pactaron la conocida como Declaración de Pedralbes, donde acordaron que existe un "conflicto sobre el futuro de Cataluña" que había que resolver dentro de la "seguridad jurídica".
El concepto de "seguridad jurídica" fue visto por la oposición al Gobierno como una afrenta ya que en el documento, en el de Pedralbes y en el pactado este miércoles en Moncloa, no figuraba ninguna referencia a la Constitución y tampoco al Estatuto de autonomía.
Pero, en realidad, es una expresión deliberadamente ambigua. Fuentes del Gobierno aseguran que hay que huir de "etiquetas" que limiten el diálogo, sobre todo mientras la Generalitat se mantenga en "posiciones maximalistas" como la autodeterminación y la amnistía, según las definió la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Por ese motivo, el Ejecutivo está dispuesto a no hablar de la Constitución, impugnada por los partidos independentistas, o el Estatuto de autonomía, cuya última reforma y posterior recorte del Tribunal Constitucional dejó un sabor amargo en el nacionalismo catalán.
Montero, aludió a nuevas fórmulas. "Tenemos que ser capaces de encontrar formulas imaginativas que nos permitan alcanzar esos puntos de encuentro para superar el conflicto político", dijo al término de la reunión. Cuáles serán esas vías son, por el momento, una incógnita, pero Moncloa está encantada de buscarlas en un camino que, según Sánchez, "será difícil, complejo y largo".
Desde el punto de vista de Sánchez, se trata de mantener el diálogo, no dar excusas a Torra para romperlo e incluso ofrecer gestos para agradarlo, como por ejemplo brindarle la sala de prensa más importante para comparecer (pese a que ningún presidente autonómico lo había hecho antes en esa sala) o una puesta en escena cálida.
Sánchez quiere mantener el diálogo
A Sánchez le conviene que se mantenga el diálogo y a Torra, según él mismo ha dicho, la posibilidad de negociar la "autodeterminación y amnistía". Y, mientras tanto, la legislatura sigue y la expectativa de Sánchez es ir franqueando etapas. La primera será este jueves, cuando el Congreso vota los objetivos de deuda y déficit y es de nuevo imprescindible el concurso de ERC. Montero aseguró que espera que salgan adelante. Después vendrán otras muchas leyes, de eminente carácter social, y después los Presupuestos. Si se aprueban unas nuevas cuentas públicas, Sánchez tendría gasolina para el resto de la legislatura.
Antes tienen que pasar muchas cosas, entre ellas unas elecciones en Cataluña a las que Junts per Catalunya, el partido de Torra y Carles Puigdemont, acuden desde postulados más duros y de confrontación con el Gobierno que ERC, más partidaria de pactar con el Ejecutivo central. Pero hoy no era el día de romper, algo que, según los socialistas, no entenderían ni los más acérrimos de Puigdemont tras reclamar en tantísimas ocasiones una negociación. "Nos creemos el diálogo. Hoy era la mesa cero pero en las siguientes hay que profundizar las cuestiones democráticas", dijo Torra.
Gobierno "encantado"
Fuentes del Gobierno aseguran que los participantes del Ejecutivo están "encantados" con el resultado de la reunión de este miércoles. Ante la posibilidad de una ruptura de las negociaciones se encontraron lo contrario: un encuentro de en torno a tres horas, la redacción de un comunicado conjunto y ningún "momento de tensión" durante toda la tarde.
La Mesa de Gobiernos se reunirá con periodicidad mensual (la próxima vez, en marzo en Barcelona) y trabajará en paralelo a otro foro, la comisión bilateral Estado-Generalitat, contemplada en el Estatut para asuntos de gestión cotidiana. Aunque no figura en el comunicado, Montero aseguró que la Mesa de Gobiernos se reunirá con los presidentes y vicepresidentes cada seis meses, mientras que el resto de encuentros correrán a cargo de ministros, consellers y otros representantes de menor rango.