La medida tomada por el Ministerio del Interior de cerrar las cárceles de toda España para evitar el contacto en los vis a vis durante la propagación del Covid-19 por la península comienza a tener repercusiones negativas en algunas prisiones. Una agresión física de un interno a un funcionario ha sido ya denunciada por distintas fuerzas sindicales, quienes temen que otros compañeros de celda o de módulo adopten la misma actitud.
Había pasado ya el ecuador de la jornada en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent, en Alicante, cuando un preso, que responde a las iniciales de A.L.A., se enteró de que se acababan las visitas íntimas. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias había decidido suprimirlos temporalmente para frenar el avance del coronavirus, y preservar la salud de una población tan sensible y vulnerable como es la que habitan las cárceles esparcidas por todo el país.
Fue a las doce y media de la mañana cuando se produjo el incidente. El interno había pasado una mañana tranquila, sin sobresaltos. Se encontraba, según el informe interno al que ha accedido EL ESPAÑOL, "en un estado normalizado".
Hubo algo en las explicaciones de los funcionarios que no le debió de sentar muy bien. La decisión se aplicó el martes en distintas prisiones; el miércoles Interior extendió la nueva norma a la totalidad de los centros penitenciarios de la península. No bien se enteró, A.L. se encaminó hacia la cabina de los funcionarios de servicio en el departamento. Allí pidió explicaciones.
Uno de los trabajadores le argumentó la medida recién implantada. El interno, entonces, cambió "radical y sorpresivamente de actitud", y la emprendió a golpes con el funcionario.
A.L. se abalanzó sobre él nada más comenzar el ataque. Dos puñetazos alcanzaron en la cara a su víctima. Le abrió una brecha en la ceja y le dejó el pómulo amoratado. Ya había comenzado a sangrar. Un compañero salió en su ayuda, y el interno se encaró con él, le cogió y le golpeó varias veces. Al final, tras un forcejeo, fue reducido por los funcionarios y otros colegas trabajadores de la prisión.
Tanto el agresor como su víctima fueron trasladados posteriormente al hospital.
Dos psiquiatras, 455 presos
En Fontcalent, los conflictos y los sucesos no dejan de sucederse: fugas, abusos sexuales, homicidios... La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha denunciado este nuevo episodio tras las medidas implementadas por el ejecutivo de Pedro Sánchez y que se extienden ya a todos los ámbitos, tanto de lo público como de los privado. Resulta esencial ahora contener el avance del virus, y para ello proteger de todas las maneras posibles a una población vulnerable como es la de las cárceles.
La prisión de Fontcalent, donde han sucedido los hechos.
La situación de produce, a la vez, tras meses de denuncias de distintos sindicatos ante la situación que atraviesa, en general, el sector sanitario y médico en las cárceles españolas y, en concreto, los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios que hay en la península. Fontcalent es uno de ellos. El otro está en Sevilla.
Sin tener en cuenta Cataluña, que gestiona directamente la política penitenciaria en su comunidad autónoma, en España existen 455 reclusos enfermos recluidos en estos dos centros. En Alicante hay 298. En Sevilla 157. Y para atenderles a todos ellos cuentan, tan solo, con un único psiquiatra en cada uno de los centros. El motivo de la escasez de los especialistas es que se sacan pocas plazas, que no hay replazo para quienes tienen que cogerse una baja o para quienes se jubilan.
Según la relación de puestos de trabajo, deberían contar con el triple, explican desde el sindicato Acaip. Son herramientas y factores esenciales si en las próximas semanas tiene lugar un brote dentro de estos presidios en los que sus responsables ponen mil ojos para que las cosas sigan encauzadas en una suerte de normalidad.
Abusos y agresiones
Este tipo de sucesos, por desgracia, siguen siendo habituales en los dos únicos psiquiátricos penitenciarios que hay en España. Hace una semana, un interno agredió a cuatro funcionarios en Sevilla. Los cambios resultan, por tanto, acuciantes.
"Es muy difícil tratar con este perfil de internos ya que la falta de personal, de formación específica y la nefasta infraestructura de los edificios, sólo son
contrarrestadas por la magnífica profesionalidad que tienen los trabajadores penitenciarios de este tipo de Centro. Es necesario que se produzca de manera urgente, una reclasificación de ambos centros que refleje el sobreesfuerzo, la peligrosidad y la especial dificultad que conlleva la realización de las tareas propias de nuestro trabajo", dicen desde la APFP a EL ESPAÑOL.
La crisis del coronavirus se lo pone todavía más difícil a un sector, el penitenciario, que ha visto como los conflictos y las agresiones no hacen sino aumentar. En los dos últimos años, las agresiones a funcionarios en las cárceles se han duplicado.
Precisamente en Fontcalent no cuentan con los medios suficientes ni con la protección necesaria para ejercer su trabajo. El pasado verano un interno abusó sexualmente de una funcionaria en el módulo tres del recinto penitenciario.
Aquella denuncia contaba que la trabajadora fue asaltada durante el cierre de celdas, que se realiza de forma manual. Uno de los presos se abalanzó sobre ella y la acorraló. Logró zafarse de los primeros tocamientos en distintas partes de su cuerpo. A los pocos minutos apareció un compañero que la ayudó a liberarse. El agresor fue enviado directamente a aislamiento.
Por este y decenas de casos más que se van conociendo prácticamente todas las semanas, los trabajadores de las prisiones de toda España alertan de lo complicado que va a resultar a partir de ahora su trabajo. También ellos funcionan como un importante muro de contención ante la imparable expansión de la enfermedad. Pero necesitan los recursos para hacerlo.