Los tres informes oficiales que el Gobierno desdeñó sobre el efecto demoledor del coronavirus

Los expertos. Como en el París de Casablanca, para algunos siempre quedarán los expertos. El Gobierno en bloque -su presidente, la portavoz, los ministros que ofrecen entrevistas- citan a “los expertos” continuamente para señalar que en todo momento han seguido las directrices de los especialistas sanitarios que les aconsejan en la gestión de la crisis del coronavirus Sars CoV-2. Sin embargo, su relato desvirtúa una realidad que por momentos se empeña en mostrarse contraria.

Una frase que en las últimas dos semanas también se les escucha de manera recurrente a los máximos mandatarios del país es que nunca se pudo prever las consecuencias reales que iba a provocar la expansión del virus en España, con más de 7.300 muertes y 85.000 contagios registrados a fecha de este pasado lunes.

Partiendo de la evidente complejidad de gestionar una crisis sanitaria de envergadura planetaria, sin embargo algunas voces autorizadas, fuera y dentro del país, alertaron de la necesidad de tomar medidas preventivas para mitigar sus efectos. Lo hicieron mucho antes de que el Gobierno empezase a actuar, al menos de cara a la opinión pública.

Algunas de esas voces, también expertas aunque desatendidas por el Ejecutivo, lo advirtieron incluso antes de que España registrara el primer caso de contagio, el 31 de enero de 2020. Se trató de un hombre alemán que había llegado a la isla de La Gomera tras tener contacto previo con un ciudadano de origen chino.

1. La destitución del ‘médico’ de la Policía

Una de esas personas lo advirtió con carácter casi premonitorio. El 21 de enero de 2020, el todavía jefe de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional, José Antonio Nieto Jurado, elevó un documento a sus superiores en el que ya esbozaba la gravedad de la crisis sanitaria que se avecinaba, a tenor de las muertes en China y de una hipotética rápida expansión del coronavirus por Europa.

Ese informe, según las fuentes consultadas por este periódico, también llegó a manos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Por ese tiempo, la crisis territorial catalana seguía copando portadas de periódicos y minutos de radio y televisión. Si se hablaba de Wuhan era sólo en las crónicas de los corresponsales españoles en China. Pero ya había gente a la que le preocupaba en España.

Tres días más tarde de aquella nota interna, el 24 de enero, en un informe de recomendaciones sanitarias que se distribuyó por todas las comisarías de España, José Antonio Nieto, que además de policía es médico y experto en salud laboral, ponía especial énfasis en los agentes destinados en puestos fronterizos. Recomendaba la utilización de guantes de nitrilo en los cacheos y de mascarillas FFPP 2 en la revisión de la documentación a todos los pasajeros procedentes de “cualquier ciudad china u otras zonas afectadas, independientemente de su nacionalidad”.

El objetivo de Nieto era lógico: ayudar a que los 65.000 miembros del Cuerpo Nacional de Policía no se contagiaran. Explicaba que países como Tailandia, EEUU o Australia ya estaban realizando controles de temperatura a los viajeros en sus aeropuertos -medida que, por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos sanitarios internacionales han calificado de ineficaz a la hora de detectar posibles casos de contagios-.

Pero un mes y 20 días después, el sábado 14 de marzo -el día que Pedro Sánchez decretó el estado de alarma en España-, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) informaba de la destitución de Nieto, al que restaban tres meses para alcanzar su edad de jubilación. El Ministerio del Interior lo tuvo que confirmar horas más tarde.

Otro sindicato, la Unión Federal de Policía, señaló que era un “acto grave de irresponsabilidad" por parte de la dirección del cuerpo y apuntaba a que obedecía a “razones que nadie ha explicado hasta el momento". En Interior se argumentó que se debía a una simple reestructuración dentro del organigrama de la Policía.

Pero este pasado sábado, tras dos semanas en España de confinamiento, el número dos de la Policía Nacional, José Ángel González, rompió algunas costuras en el relato del Gobierno, puesto que el Ejecutivo español retrasa la expansión de la epidemia más allá de la primera semana de marzo, lo que, a su vez, conlleva de manera implícita que el país vivía por ese entonces el período de incubación del virus.

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía admitió en rueda de prensa que su inmediato superior, Francisco Pardo, director del cuerpo y cargo por designación política del ministro del Interior, ordenó a finales de enero la compra de medios de protección para sus agentes. Esas fechas coinciden con la redacción del informe de José Antonio Nieto.

“Hace ya dos meses que el director general de la Policía nos encargó tanto a la Subdirección de Logística [como a la Dirección Adjunta Operativa, DAO] que empezáramos a mover la compra de mascarillas y de guantes”, dijo este pasado sábado José Ángel González en la comparecencia informativa posterior a la reunión del comité de gestión técnica de la crisis.

Durante su intervención, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, que es quien filtra las preguntas que plantean los periodistas en cada rueda de prensa, lo interrumpió personalmente para preguntarle si no se había equivocado al decir “meses”, cuando quizás quería referirse a “semanas”. “No”, le respondió el DAO de la Policía. “Hace ya dos meses”.

Por el momento, con datos del pasado 26 de marzo, cuando el ministro del Interior dio las cifras, hay 700 agentes contagiados entre Policía y Guardia Civil, además de otros 7.400 aislados.

2. La advertencia a los médicos

Los avisos continuaron llegando a España, pero no se quisieron ver por parte de algunas autoridades. El 12 de febrero, John Hoffman, organizador del Mobile Word Congress, anunció la cancelación en Barcelona de un evento que preveía atraer a 100.000 personas de todo el mundo.

La medida molestó a partes iguales al Gobierno español, a la Generalitat catalana y al Ayuntamiento de Barcelona. “No hay ninguna razón de salud pública que impida celebrar un acontecimiento de esas características en nuestro país”, dijo el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Quim Torra y Ada Colau mantuvieron posturas idénticas. Pasaron los días. Y no se puso coto al problema.

Una de las medidas que el propio Gobierno puso en marcha y, de forma paralela, restó importancia con el comportamiento posterior de sus miembros, la anunció el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el martes 3 de marzo. Por primera vez, el Ejecutivo hablaba de “medidas especiales”, pero sostenía que se enmarcaban dentro de un “escenario de contención” de la epidemia.

Ese día, en España se registraban 153 contagios y un único fallecimiento, el ocurrido a mediados de febrero en un hospital de Valencia. En Italia, donde la pandemia se expandió antes, la situación era más grave. A dos horas en avión de Madrid o Barcelona ya había 2.263 contagiados y se habían producido 52 muertes. Desde Roma ya se recomendaba a Madrid actuar con celeridad para no tomar el camino emprendido por el país transalpino.

Pues bien, ese 3 de marzo, Illa, de acuerdo con las comunidades autónomas -todavía no se había decretado el mando único sanitario en todo el país-, decidió suspender congresos, jornadas, seminarios y cursos que implicasen la asistencia de médicos a recintos cerrados.

Rápidamente, los gobiernos regionales trasmitieron esa información a sus facultativos. La Generalitat Valenciana, a través de una nota interna que reproduce este periódico, alertó tanto al Colegio de Médicos de la comunidad como a sus propios empleados sanitarios.

“El objetivo de esta medida es garantizar que todos nuestros profesionales sanitarios estén disponibles para poder prestar la atención necesaria que se requiera en cada situación”, decía la misiva enviada por la directora general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, Carmen López, y la directora general de Asistencia Sanitaria, Amparo García.

Dada esta advertencia, se puede concluir que las máximas autoridades del país, tanto nacionales como autonómicas, eran conscientes de que la crisis que iba a desatar el coronavirus Sars CoV-2 conllevaría graves problemas sanitarios. Pese a todo, se siguió sin actuar de manera contundente. En Valencia, por ejemplo, se permitieron varias mascletás, un evento pirotécnico que reúne cada día, a las dos de la tarde, a miles de personas en la plaza del ayuntamiento de la ciudad.

Cuando el ministro Illa compareció ante los medios restaban sólo cinco días para las manifestaciones del 8M. Un día antes de las movilizaciones en toda España, que tuvieron su epicentro en Madrid, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dijo: “Si mi hijo me pregunta si puede ir, le diré que haga lo que quiera". 

Ese mismo día, 24 horas antes de las manifestaciones, el PSOE colgó en sus redes sociales una entrevista a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. “¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir a la manifestación?”, le preguntaron. “Le diría que le va la vida, que le va la vida (...) Como nos va la vida en lo colectivo, porque en lo individual nadie se salva solo, tiene que formar parte de esto”, respondió la número dos del Gobierno y persona que preside el Comité de Coordinación Interministerial frente al coronavirus.

Aunque a cuentagotas, los contagios y las muertes seguían creciendo. Esa fecha -7 de marzo- España registraba ya 10 óbitos y casi 600 casos. Madrid, País Vasco y La Rioja concentraban el 60% de ellos. El 8M congregó a 120.000 personas solo en la capital del país. Ese día, VOX también dio un mitin en Vistalegre, donde congregó a 9.000 personas en un recinto cerrado.

Por un lado, se suspendían congresos médicos y, por otro, se permitían actos con cientos de miles de personas. O lo que es lo mismo: se intentaba proteger a los sanitarios pero se desprotegía a los potenciales enfermos.

3. La negativa europea a las manifestaciones

Pero la preocupación que por ese tiempo ya existía en el Ministerio de Sanidad pareció no llegar a oídos de Pedro Sánchez, Carmen Calvo o Pablo Iglesias. El Ejecutivo de coalición no atendió a una recomendación que le llegaba de Europa.

El 3 de marzo, el mismo día que Salvador Illa pedía la suspensión de los congresos médicos y hablaba de “escenario de contención”, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC), una agencia europea cuya misión es reforzar la actuación contra las enfermedades infecciosas en el marco de la UE, llamaba a “evitar actos multitudinarios innecesarios” en países en los que se registraran contagios locales.

Dicho centro, que, entre otros, cuenta con un representante por cada Estado miembro -en el caso de España es Pilar Aparicio Azcárraga- también aconsejaba a los Gobiernos europeos promover “medidas de distanciamiento social”.

Pero el Ejecutivo central -y tampoco el madrileño- no suspendió las marchas del 8M ni actos como el de VOX. Tampoco el partido de Liga un día antes del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano ante el Sevilla.

Días después del 8M, las ministras Carmen Calvo, Irene Montero o Carolina Darias, la mujer del presidente, Begoña Gómez, y el dirigente de la formación de extrema derecha Ortega Smith, confirmaron que estaban contagiados.

El 12 de marzo, dos días antes de decretar el estado de alarma, Pedro Sánchez recurrió a su frase más socorrida en las últimas fechas. “El Gobierno se ha adaptado a las recomendaciones de la ciencia”. A los expertos. 

El drama posterior que se desató en España ya lo conocen. Miles de muertos, ancianos contagiados en residencias, UCIs desbordadas, el Ejército trasladando cadáveres. La pregunta que algún día alguien tendrá que responder es si esta crisis sanitaria pudo tener un menor impacto en la sociedad.