Quizás sólo haya una cosa que consiga superar el asombro de los ciudadanos al conocer que, de nuevo, la cifra de fallecimientos por el coronavirus ha vuelto a encarar una tendencia alcista, con 13.798 muertos en total y hasta el momento. Únicamente habrá algo que rompa esa barrera de estupefacción: adquirir la certeza de que no vamos a poder saber nunca cuántos decesos de verdad habrá habido en nuestro país por covid-19. Y que, además, pasarán hasta dos años hasta que haya datos reales.
Es lo que manda el sistema con el que se está haciendo el recuento de óbitos en España, deslizan diferentes expertos en Salud Pública en conversación con EL ESPAÑOL. Los motivos son bien claros: “En momentos críticos no se dispuso ampliamente del test y esto explicaría que enfermos muriesen sin certificación de que la causa fuera por covid-19”, alega Joan Caylà, epidemiólogo de la Sociedad Española de Epidemiología y presidente de la Fundación de la Unidad de Investigación de Tuberculosis de Barcelona, para este diario.
Como ya desveló este periódico hace tan sólo unos días, los decesos han roto cualquier expectativa con la que contaran las autoridades. Ningún modelo, ninguna previsión contemplaba el escenario actual. Y eso, además, si tan sólo se tuvieran en cuenta las estadísticas oficiales. De los miles de muertos ocultos, que se deducen de un análisis llevado a cabo por este diario, ya ni hablamos.
La realidad que está viviendo cada español es diferente, pero las estadísticas son incontestables. Sin embargo, las que facilita el Ministerio de Sanidad día a día, haciendo una foto fija de la epidemia cada día gracias a los datos recabados por las comunidades autónomas, no explican todas las aristas del problema que ha puesto en jaque a las autoridades sanitarias de nuestro país.
Los mínimos test imprescindibles a los enfermos
Porque la mortalidad por coronavirus es superior a la que conforman los datos que aporta diariamente el Ministerio de Sanidad y de la que pueden computar las comunidades. En algunos territorios, incluso, casi se cuentan por miles, tal y como se deduce de un informe que elabora el Instituto Carlos III.
Las cifras son abrumadoras. En Castilla-La Mancha, las autoridades sanitarias preveían que, en los últimos quince días del mes de marzo, fallecieran -por cualquier causa- 1.002 personas. Finalmente, lo hicieron 2.654, un 165% más de lo esperado. En Castilla y León, se calculaba que serían 871 los muertos bajo circunstancias normales. Fenecieron 2.161, un 148% más.
En la Comunidad Foral de Navarra, se esperaban 154 decesos y hubo 363, un 136% más. Similar tendencia hubo en la Comunidad de Madrid, por poner otro ejemplo: se estimaban 2.148 fallecimientos y se observaron 4.185, el 95% más.
Así, el virus SARS-CoV2 está atacando el territorio nacional de manera irregular: la respuesta por comunidades autónomas fue desigual y eso explica que los fallecimientos desborden algunas regiones. “Tenemos un sistema de vigilancia de la covid que se basa en los datos del Ministerio, que se basan en la definición de caso (caso confirmado por PCR) que propone la OMS”, explica el doctor Juan Ramón Villalbí, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).
¿Qué significa seguir el método oficial, homologado? Que para estar en esas tablas, el fallecido ha de reunir una serie de condiciones. Principalmente, tener síntomas y haberse hecho la prueba de covid-19. He aquí el quid de la cuestión. “La prueba no se hace a todo el mundo que tiene covid, porque son muy complejas y se hacen en muy pocos laboratorios. Se hace en los casos graves y al personal relevante, como sanitarios o políticos, que no pueden faltar”, ahonda Villalbí. Así, muchos fallecidos quedan fuera. Especialmente aquellos que no llegan a ingresar en centros hospitalarios y decide dársele atención domiciliaria o paliativa.
Por eso, quizás el punto de vista más fidedigno, por lo elemental, sean las cifras de los entierros. Así, el presidente de la Asociación Española de Profesionales de los Servicios Funerarios (AESPROF), Juan Antonio Alguacil, afirmaba en una entrevista en EsRadio que la situación les ha “desbordado”. “Nosotros aplicamos el protocolo que el Centro Coordinación Emergencias Sanitarias nos indicó y observamos cómo había fallecidos por infecciones pulmonares a los que no se les había practicado el test”.
“Con datos del sábado 20 de marzo: en un día normal, se hacían 200 recogidas entre todos los servicios funerarios de Madrid; ahora, estábamos hablando de 700 servicios en un día. Es más del doble”, esgrimía. “No se puede pedir responsabilidad a una sociedad si no dices la realidad, por muy dura que sea. Un día normal todo el mundo sabe los servicios que tiene, lo que estaba pasando en las residencias de ancianos era algo evidente”.
Datos fragmentados e incompletos
Habrá quien prefiera esperar a los profesionales de la Salud Pública y la Estadística antes de sacar ninguna conclusión. Y habrá que aguantar. En la actualidad se están llevando a cabo dos procesos paralelos: el recuento que hace el Ministerio de Sanidad -a través de los datos de las comunidades autónomas- y el conteo de los fallecimientos globales, por cualquier causa, que registra el Instituto Carlos III a través del informe MoMo -gracias a los datos de los registros civiles-.
Este periódico solicitó las cifras desagregadas por comunidades al ICIII; sin embargo, no obtuvo resultados. “El Centro Nacional de Epidemiología está trabajando en la accesibilidad de los datos de mortalidad por todas las causas y estará disponible lo antes posible en la página Web del ISCIII”, adujeron desde la entidad.
Para que se elabore la estadística final, que radiografíe la situación al completo -con los muertos oficiales, no los que están en el limbo burocrático-, faltan “al menos dos años”, manifiesta Juan Ramón Villalbí. "Hasta dentro de dos años no habrá datos oficiales, del INE. Las defunciones tienen que pasar de los registros civiles a un nosologista [médico encargado en clasificar y diferenciar enfermedades] que validará, decidiendo, en vista del certificado de defunción, de que habrá muerto esa persona”, explica el experto de la SESPAS. Todo será dependiente de la administración de Justicia.
Del criterio de ese profesional dependerá que un ciudadano, aquejado de covid-19 y alguna otra enfermedad, haya fallecido, para las actas, por coronavirus o, sencillamente, se haya “precipitado” su muerte por esa otra dolencia. Porque, como aduce Villalbí, “la mayoría de gente que va a la UCI tiene también otros problemas”.
Según desgrana el epidemiólogo Caylà, esa categorización final, que pondrá blanco sobre negro, “depende más bien de lo que conste en el certificado de defunción y de la disponibilidad de los tests. En Alemania si se ha sugerido si su baja letalidad sería por considerar muerte por covid o por x+covid, y esto podría explicar la menor letalidad en este país”.
Sin embargo, las normas establecidas por el Gobierno de España no ayudan. Especialmente, la prohibición de las autopsias. Los profesionales de los servicios funerarios se muestran en total discordancia con la medida: “Para saber la pervivencia del virus y saber hasta dónde llega hace falta hacer estudio micro y macro del fallecido. Es imprescindible hacer autopsias de estudio”. Y, para ellos, eso no está sucediendo actualmente “ni por falta de medios ni por falta de personal”.
Varios grupos políticos ya han comenzado a interpelar al Ejecutivo por este asunto. El partido líder de la oposición, el PP, ha reclamado una "auditoría", a través de una Proposición No de Ley, de los muertos por coronavirus con datos por provincias semanales, desglosados por rango de edad, desde el pasado 1 de marzo. "Tener datos fiables es un requisito de calidad democrática", sostienen los populares en su iniciativa.
También lo ha pedido Vox. El partido de extrema derecha ha registrado una batería de preguntas en las que interpelan al Gobierno por cuántos muertos se ha dejado de contabilizar en el conjunto de España y si se ha hecho de manera "consciente". De momento, poco más se sabe.