La Policía Nacional realizó 9 operaciones buscando material sanitario antes del fin de semana del 8-M, y un total de 13 antes de que el Gobierno declarase el estado de alarma por la epidemia de coronavirus.
Entre esas iniciativas hay compras masivas de mascarillas, de gel hidroalcohólico, traspasos de material quirúrgico e incluso suministro y adquisición de guantes de nitrilo.
Pese a esa temprana respuesta a la amenaza sanitaria, algunas de las maniobras para hacerse con medios de protección resultaron fallidas. En una de esas gestiones, por ejemplo, no hubo más remedio que devolver 94 cajas de mascarillas porque estaban caducadas.
El listado de todas estas operaciones de compra aparecen en un auto de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En él se desestima, en contra de lo que reclamaban tres sindicatos policiales, la petición de obligar al Ministerio del Interior a proveer de Equipos de Protección Individual (EPIs) y test de detección de la enfermedad a los agentes.
En el auto permite conocer todas las gestiones realizadas desde el Servicio de Suministros de la Dirección General de la Policía hasta el 1 de abril. La primera se produjo el 25 de enero. Un día antes, José Antonio Nieto, Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, después cesado de su cargo, ponía especial énfasis en la utilización de guantes de nitrilo en los cacheos y de mascarillas FFPP 2 en la revisión de la documentación a todos los pasajeros procedentes de “cualquier ciudad china u otras zonas afectadas, independientemente de su nacionalidad”.
Mascarillas y gel
Fue esa jornada cuando la Policía Nacional inició los contactos con empresas suministradoras de mascarillas y de gel hidroalcohólico. Es preciso situarse en el tiempo: faltan 48 días para que se decrete el estado de alarma, más de mes y medio de anticipación al confinamiento de la población en sus casas. Eso demuestra que las Fuerzas de Seguridad iban muy por delante del Gobierno.
Los policías hicieron todo lo que estuvo en su mano para anticiparse a una epidemia convertida ya en tragedia en España, con más de 14.000 muertos. Esa prevención comenzó incluso antes del 31 de enero, la fecha en que se sitúa el primer positivo por Covid-19 en todo el país.
Esa jornada, después de conocerse el primer contagio, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad comparecía ante los medios. Fernando Simón quiso restarle importancia al hallazgo: “Creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado”.
El 28 de enero los servicios de suministros recibieron los primeros presupuestos para adquirir el material necesario de protección. Dos días después, el 30, dieron vía libre a la compra de mascarillas.
No fue hasta el 25 de febrero cuando se percataron de que 94 de las cajas que habían adquirido un mes atrás estaban repletas de mascarillas caducadas. El 27 se inició un expediente de emergencia por importe de 300.000 euros para poder comprar con la mayor rapidez toda clase medios con los que proteger a la plantilla.
Compras masivas
Nos situamos ahora en las jornadas previas al fin de semana de las manifestaciones del 8-M. El día 3 de marzo se repartieron ingentes cantidades de gel hidroalcohólico en los edificios del Complejo Policial de Canillas, en Madrid. En la Escuela Nacional de Ávila, mientras tanto, se distribuyeron mascarillas, guantes de nitrilo y el mismo producto desinfectante.
Hubo más compras de gel el día 5, tres días antes de ese fatídico fin de semana. Esa misma jornada se realizó un nuevo reparto de material por todas las dependencias policiales.
La siguiente semana, la que precedió a la aprobación del real decreto del estado de alarma, volvieron las compras masivas de material, pero con el virus ya extendido sin control por toda la geografía nacional. El día 9 de marzo llegó a un almacén policial de Móstoles una partida de 14.080 mascarillas.
El martes 10, se traspasó el stock de mascarillas quirúrgicas FFP2 y FFP3 del Servicio de Vestuario del cuerpo al Servicio de Suministros. Al mismo tiempo se realizó una solicitud formal a un fabricante para la elaboración de 40.000 mascarillas FFP2, otra tanda de 5.000 de tipo quirúrgico, 500 gafas de seguridad y 1.000 monos de protección -tipo 3-.
No se detuvieron entonces. El día 12, la Policía amplió el expediente de emergencia con 700.000 euros adicionales que se invirtieron en la adquisición de equipos de protección y de servicios de limpieza y desinfección.
En evidencia
El pasado sábado 28 de marzo, tras dos semanas de confinamiento en España, el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, dejó hecho jirones el relato del Gobierno. El Ejecutivo situaba la expansión de la epidemia después de la primera semana de marzo.
González admitió en rueda de prensa que el director general de la Policía, Francisco Pardo, ordenó a finales de enero la compra de medios de protección para sus agentes. Esas fechas coinciden con la redacción del informe que llevó al cese de José Antonio Nieto.
“Hace ya dos meses que el director general de la Policía nos encargó tanto a la Subdirección de Logística [como a la Dirección Adjunta Operativa, DAO] que empezáramos a mover la compra de mascarillas y de guantes”, dijo el pasado sábado José Ángel González en la comparecencia informativa posterior a la reunión del comité de gestión técnica de la crisis.
Durante su intervención, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, le interrumpió para preguntarle si no se había equivocado al decir “meses”, cuando quizás quería referirse a “semanas”. “No”, le respondió el número dos de la Policía: “Hace ya dos meses”.
Las operaciones de compra prosiguieron, y se han multiplicado después con la llegada del confinamiento de la población.