La destitución fulminante del coronel Diego Pérez de los Cobos, responsable de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil, ha provocado ya un terremoto de importantes dimensiones en el seno de la Benemérita. Algunos todavía no se creen la decisión tomada por el Ministerio del Interior y justificada simplemente "por pérdida de confianza" en un hombre cuyos subalternos habían iniciado una serie de investigaciones sobre las manifestaciones en la capital durante el 8-M. 

"Al coronel le han cesado por cumplir las órdenes de la juez. Digan lo que digan". Son palabras de los portavoces de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), que reúne y representa a toda clase de cargos dentro del Instituto Armado. "Es más, en un alarde de despotismo, así se ha trasmitido en el entorno del Cuerpo. Quizás quiere alguien que sirva de 'aviso a navegantes'. Le han cesado porque no quieren a un profesional independiente". 

La magistrada Carmen Rodríguez Medel, titular del juzgado 51 de Madrid, investiga desde hace semanas la actuación de las autoridades sanitarias durante los inicios de la crisis del coronavirus. Rodríguez Medel designó a un equipo de la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid las pesquisas al respecto. Tenían órdenes estrictas de "confidencialidad y objetividad". 

Investigaciones

La unidad dirigida por Pérez de los Cobos, el hombre que puso en marcha la Operación Copérnico para impedir el referéndum ilegal del 1 de Octubre de 2017, había iniciado una serie de indagaciones sobre las manifestaciones en la capital durante el 8-M, poco antes de que se decretase el estado de alarma y el confinamiento de la población.

De los Cobos investigaba, entre otros al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, quien precisamente ha sido imputado en la causa este mismo lunes. La titular del juzgado le ha procesado para que declare por un presunto delito de prevaricación.

Esos hombres también investigaban por orden de la magistrada al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, por haber permitido la organización de esas manifestaciones multitudinarias a las puertas de la pandemia.

El durísimo comunicado de APROGC finaliza con un recordatorio hacia otro cese similar perpetrado por Marlaska, el del coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí. "Al Ministro sólo le decimos que no todo vale en la vida. A la directora, que pasará a la historia, pero por razones bien distintas a las deseadas. A los máximos responsables del Cuerpo con capacidad de interlocución con los responsables políticos, solo decirles lo que un subordinado exige a su jefe es lealtad, al precio que sea, y esa lealtad exige la defensa del subordinado cuando no haya hecho más que cumplir con sus obligaciones. Los barcos antes que la honra".

Informes sobre 8-M

Recientemente, los agentes a cargo de Pérez de los Cobos habían remitido a la magistrada informes sobre encuentros en los que participaron el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y Fernando Simón, el portavoz sanitario del gobierno. 

En esos informes se detallan las reuniones que ambos mantuvieron con una comunidad evangélica de Madrid para que no celebraran un congreso previsto para mediados del mes de marzo. Esa prohibición se produjo tres días antes del 8-M, evento multitudinario que contó con el visto bueno de Simón y el equipo sanitario al cargo de la gestión de la pandemia.

Otras fuentes apuntan a EL ESPAÑOL en esa misma línea. Un alto cargo de Interior habría intentado enterarse del contenido de las diligencias, y el coronel declinó informarles al no estar autorizado, por ley, a dar esa información, máxime cuando se trata de una investigación en curso dirigida desde los juzgados. "Hubiera cometido un delito", apuntan esas fuentes. Y entonces le comunicaron su cese.

Pérez de los Cobos cae también en medio de la polémica de la última semana en torno a los dispositivos de seguridad y las medidas tomadas en torno al chalet de Galapagar, la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero. Muchos consideraron "excesivo" el despliegue de efectivos para blindar la casa del vicepresidente del Gobierno ante las protestas en su entorno.

Ha habido otras asociaciones que han criticado lo ocurrido. El secretario general de la Asociación Profesional de la Guardia Civil JUCIL, Ernesto Vilariño ha asegurado que "el ministro intenta exonerarse de su responsabilidad, haciendo que otro cargue con la culpa de algo que probablemente haya salido de él".

Desde JUCIL, exigen a los responsables políticos del Ministerio del Interior que "no usen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para otro fin que el encomendado por mandato constitucional y por los conductos establecidos al efecto".

Impecable trayectoria

Diego Pérez de los Cobos nació en Yecla en 1964. Contaba con un dilatado historial en la lucha contra ETA. En 2006 se convirtió en uno de los principales asesores del equipo del entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ese momento marcó un antes y un después en su trayectoria. Pasó a convertirse en uno de los hombres más fuertes en esa cartera. Mantuvo ese poder durante los gobiernos socialistas y durante los del Partido Popular. De los Cobos fue seleccionado como el máximo responsable de coordinar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante el desafío independentista del 1-0.

Dos años después, el testimonio de Pérez de los Cobos resultó trascendental durante el juicio a los líderes independentistas ante el Tribunal Supremo para probar los delitos que se les imputaban. Sus discrepancias con el jefe de los Mossos d'Esquadra, José Luis Trapero, fueron notorias, ya que el coronel de la Benemérita sostenía que el despliegue de la policía catalana fue, realmente, burda apariencia, y que el objetivo de su cuerpo policial había sido el de promover una actuación pasiva, para permitir así la celebración del reférendum ilegal.

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