El Gobierno se plantea solicitar autorización al Congreso de los Diputados para establecer una sexta y última prórroga del estado de junio que abarque todo el proceso pendiente de desescalada y que se extendería hasta "los últimos días de junio", por lo que sería para "algo menos de un mes". Si no lograse esta última extensión, promulgará un decreto ley con las medidas "mínimas posibles" hasta su finalización.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, en su comparecencia ante la Comisión de la Reconstrucción de la Cámara Baja, que busca alcanzar pactos de Estado que favorezcan la reactivación económica y social del país una vez superada la pandemia.
"El Gobierno en este momento se plantea, si hay mayoría suficiente para hacerlo, una prórroga del estado de alarma que nos permita terminar lo que hemos denominado como desescalada, cubrir la última fase de las cuatro establecidas con arreglo a los criterios de los expertos para poder ir saliendo de una situación que ha tenido puntos álgidos tremendos. Particularmente días en los que hemos tenido un nivel de muertes de compatriotas absolutamente lamentable, trágico, dolorosísimo", ha expuesto.
Calvo dice que el Gobierno buscará una sexta y última prórroga del estado de alarma
Esta sexta y última prolongación, según Calvo, contemplaría "modificaciones muy importantes" del decreto de alarma para "dejar a las comunidades autónomas que desescalen" y permitiendo, porque "constitucional y legalmente es posible", que unos territorios salgan de la alarma antes que otros.
La última prórroga de la alarma aprobada por el Congreso de los Diputados se extiende hasta el 7 de junio. El Ejecutivo intentó ya entonces que esa quinta ampliación de la alarma cubriese toda la desescalada. Finalmente aceptó limitarla a 15 días a petición de Ciudadanos, cuyo apoyo se hacía imprescindible para superar la votación y que ahora se muestra abierto a apoyar una sexta prórroga.
Para que se cumpla la previsión de que a finales de junio todos los territorios hayan concluido la desescalada sería necesario que las zonas que van más retrasadas como la Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana y la mayor parte de Castilla y León, con las capitales de provincia incluidas, avanzasen más rápido de lo previsto, saltándose en algún momento los 14 días inicialmente previstos entre fase y fase, porque de lo contrario no concluirían la desescalada hasta los primeros días de julio.
Legislación por si no se amplía la alarma
En caso de no conseguir los apoyos necesarios para prorrogar el estado de alarma, la vicepresidenta primera ha explicado que el Gobierno prepara un decreto ley que ordene el final de la desescalada con las medidas "mínimas posibles" hasta su finalización.
Calvo ha avanzado que lo que hará el Gobierno será ordenar la legislación que está vigente por medio de las órdenes ministeriales que se han ido aprobando y ponerla con un "paraguas de decreto ley" para dejar las medidas "mínimas posibles" que puedan regular la reacción y la respuesta sanitaria hasta el final de la desescalada.
Y junto a ese decreto ley, el Gobierno planteará "en legislación de urgencia" alguna reforma de la legislación estatal básica "para poder responder a algún rebrote".
Unidad ante la UE
En su primera intervención ante la Comisión, la vicepresidenta ha expresado su confianza en que de esta Comisión de la Reconstrucción salga una posición única, "monolítica" de España ante la negociación iniciada en la UE sobre las ayudas que se darán a los países más afectados por la pandemia y que, a juicio del Gobierno español, deberían tomar la forma de transferencias y no de préstamos.
Calvo ha puesto en valor que el Gobierno está decidido a gestionar esta crisis de manera "radicalmente" diferente de la anterior y ha advertido de que el país "va a endeudarse" para poder hacer frente a los desafíos que dejará la pandemia como consecuencia de la paralización de la actividad económica.
También ha hecho un llamamiento a los partidos para que aprovechen esta comisión de reciente creación para ensayar una nueva forma de hacer política "en mayúscula".