Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dice no tener miedo a ser investigado. Sin embargo, todo indica a que, por uno u otro lado, lo será. Así lo quieren los familiares de una mujer fallecida por coronavirus, que han presentado una querella a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En dicho escrito, piden que sea juzgado por un delito de homicidio imprudente y lo consideran responsable de al menos 27.000 muertos por Covid por haber "comunicado públicamente una serie de directrices erróneas y contradictorias" que condujeron, por ejemplo, a la celebración del 8M. Solicitan, además, que se le retire el pasaporte y que se le prohíba salir de territorio nacional.
Su querella, presentada por la letrada Verónica Suárez García, llega, además, en un contexto en el que el 8M ha vuelto a la palestra pública después de que Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, cese al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, cuando el cuerpo investigaba presuntas responsabilidades penales contra el propio Fernando Simón por autorizar la manifestación del 8 de marzo en Madrid.
Las diligencias de la Guardia Civil constatan que Fernando Simón manejaba, al menos tres días antes de la manifestación, datos que evidenciaban la gravedad de la crisis del coronavirus. Sin embargo, no se actuó en consecuencia prohibiendo esa manifestación y todas las que tuvieron lugar en diferentes partes de España, así como otros actos multitudinarios, ya fuera el congreso de Vox en Vistalegre, donde estaban convocacas 9.000 personas, o el partido del Atlético en el Wanda Metropolitano, con 60.000 acólitos en las gradas.
Carmen Calvo y la esposa del presidente del Gobierno, en la manifestación del 8M./
Precisamente, la querella a la que ha tenido acceso este periódico hace hincapié en la irresponsabilidad de Fernando Simón a la hora de valorar con perspectiva lo que suponía la celebración de esos actos para la expansión del coronavirus. "Pese al estado de nerviosismo lógico a la par de generalizado, y preguntado el referido querellado públicamente (Fernando Simón) y retransmitido por la televisión que si recomendaría acudir a las manifestaciones del 8M, literalmente dijo que no prohibiría a su propio hijo acudir, debiendo decidir por sí mismo", explica el escrito.
La querella expone que Fernando Simón le "quitó hierro" a la situación -con esas declaraciones previas- no exigiendo al Gobierno "la adopción de medidas con mucho más tiempo para haber amortiguado el efecto del Covid-19". Es más, se pregunta: "¿Por qué España ha tenido, máxime con el ejemplo de Italia, estos resultados de muertos y contagiados, mientras que Portugal o Grecia, con inversiones sanitarias por habitante muy inferiores a las de nuestro país, han tenido muchísimos menos fallecidos? La respuesta es la falta de diligencia del querellado para ordenar o exigir al Gobierno la adopción de medidas, o haber dimitido en caso negativo", le reprocha.
Caso Madrid Arena
La querella puesta por la familia se basa en la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'caso Madrid Arena' para justificar el delito de homicidio imprudente. En dicho caso, la Audiencia Provincial de Madrid revocó la absolución de un vigilante que, "viendo aplastada a una asistente, no le hizo la reanimación, llegando con posterioridad una ambulancia que sí se la hizo, falleciendo la misma".
Los fundamentos jurídicos de la sentencia describen la doctrina del "incremento del riesgo", que según los querellantes se puede aplicar a la "conducta" de Fernando Simón. Es más, recalca que el director del Centro de Coordinación "ha ido comunicando públicamente una serie de directrices erróneas contradictorias, haciendo creer a todo la población que el impacto del Covid-19 en nuestro país sería mínimo".
Fernando Simón, durante la rueda de prensa.
Esas directrices, según la querella, desencadenaron errores considerados fatales, como que no se hiciera acopio de medios de prevención en los hospitales, que la población siguiera trabajando sin garantías, o que, a la postre, muchas personas se hayan quedado sin trabajo con España comandando la clasificación de países con un mayor número de fallecidos por cada 100.000 habitantes.
Otros acusados
La querella presentada por la familia también hace alusión a la causa penal abierta contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un delito de prevaricación por permitir concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma, como el 8-M.
Sin embargo, la querella, sin entrar a discutir si "se sabe si tal o cual concreta persona incubó el virus al tocar un elemento de su trabajo, el pomo de su casa, o una barandilla del metro, puesto que entraríamos en el terreno de lo hipotético", subraya que "lo importante es el retraso en la advertencia a la población de la verdadera magnitud" de la epidemia, pese a las advertencias por el riesgo de contagio de otras administraciones y conociendo la situación que vivía en aquel momento Italia.
Así, afirma que el Supremo también tiene jurisprudencia en este sentido y recuerda el 'caso del aceite de Colza' en el que el alto tribunal elevó la pena a uno de los funcionarios acusados al entender que debió prever "un peligro potencial que a la larga se concretó en unos resultados de gravísimas consecuencias".
Con todo ello, los querellantes proponen que, en caso de que su escrito sea admitido a trámite, se formen dos piezas separadas para investigar a Simón, y a "aquellas personas, especialmente del Ministerio de Sanidad, que pudieran resultar también responsables de los hechos", advierte, por el delito de homicidio imprudente.