El vaivén de cifras con el que el Gobierno ha tratado de radiografiar la emergencia sanitaria del coronavirus comienza a generar un consenso: ya es por todos aceptado, incluso por el propio Pedro Sánchez, que la fotografía que ofrece el Ministerio de Sanidad es parcial y que el dato de muertos final será, de lejos, significativamente mayor. Ya lo anunció el INE -un exceso de hasta 48.000 fallecidos hasta el momento- y lo denunció EL ESPAÑOL desde el comienzo de la epidemia.
Tanto es así que este domingo se ha comenzado a preparar el terreno para cuando llegue la contabilidad última. El presidente ha esgrimido que la definición de caso de la OMS -“una de las más exigentes”, en palabras del ministro Illa-, que obliga a catalogar como fallecido por Covid-19 únicamente a quien haya sido sometido, previamente, a una prueba de PCR, y que sean las Comunidades Autónomas las que efectúen el recuento eximen de mayor justificación al Ejecutivo.
Incluso, ha ido más allá: para Sánchez, los fallecidos "son los contabilizados con PCR" y el resto son estimaciones sobre "la mortalidad indirecta asociada a la pandemia". Además, esa mortalidad indirecta y adelantada tiene que ver con "el aislamiento, el cambio de estructura social y sanitaria...".
Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa en Moncloa.
Pero ese extremo no es del todo cierto: en Salud Pública se trabaja con el concepto muertes por cosecha. Se trata de defunciones precipitadas: población que ya estaba frágil de por sí antes de la pandemia y cuyo final se adelantó, estuviera infectada o no.
Los modelos de predicción ya recogen esas defunciones y se cuenta con ello a la hora de elaborar los informes, al igual que hacen con los efectos indirectos positivos. Porque durante estos meses también se evitaron otros decesos: se produjeron menos muertes de las que se esperaban por otra causa cualquiera, ya fuera un accidente de tráfico o infecciones respiratorias derivadas de la mejora de la calidad del aire, por ejemplo.
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De igual modo, desde Moncloa ya se advirtió, al inicio de la crisis del coronavirus, que se estaban llevando recuentos diferentes y se hicieron varios intentos, infructuosos, de armonizar el método. Resoluciones en el BOE mediante, incluso.
El último método de conteo
En la actualidad, el método es el establecido el pasado día 11 de mayo. Sanidad registra, siempre a través de los datos recolectados por las Comunidades Autónomas, los nuevos positivos en el día. Es decir: cada jornada se notifican el número de fallecidos en las últimas 24 horas, pero pueden aparecer más tarde en los datos del Ministerio por haber dado positivo en Covid ya que son “colocados” a posteriori en el día que se efectuó la prueba.
En cada fallecido consta la fecha en que comenzó a tener síntomas, la de diagnóstico, la de notificación y la de muerte. Y el baile de fechas se explica porque se realiza “una validación de los casos de fallecidos que permitirá corregir la serie histórica que se actualizará semanalmente”.
El doctor Juan Ramón Villalbí, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, ya explicó en un reportaje de este periódico que el sistema de vigilancia del Covid-19 se basa en los datos del Ministerio, que, a su vez, se sustenta en la definición de caso (confirmado por PCR) que propone la Organización Mundial de la Salud.
El INE, a misa
En la actualidad, en España se están llevando a cabo dos procesos paralelos: el recuento que hace el Ministerio de Sanidad -a través de los datos de las autonomías- y el conteo de los fallecimientos globales, por cualquier causa, que registra el Instituto Carlos III (ICIII) a través del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria, también llamado MoMo, que bebe de los registros civiles.
El del ICIII es un proceso bastante similar al que lleva a cabo el INE, pero con matices. Ambos comparten fuente -los registros civiles- pero no metodología. Por eso, los datos del MoMo representan al 92% de la población, porque no todos los municipios de nuestro país tienen registros civiles informatizados. No así el INE: la institución realiza un ajuste estadístico que permite extrapolar los datos al 100% de la población. Ahí reside la diferencia de cifras entre uno y otro.
Sin embargo, las cifras que ofrecen estas dos entidades -y que refrendan lo que lleva denunciando EL ESPAÑOL desde el arranque de la pandemia- distan, por mucho, de los datos que ofrece el Ministerio de Sanidad. El galimatías es total.
Baile de cifras
La disparidad es la tónica. Los números del Ministerio de Sanidad rondan los 27.000 fallecidos y llevan dos semanas estancados, pese a que las CCAA sí reportan decesos. Las del INE, conocidas esta semana, estiman que puede haber hasta 48.000 muertos más a causa del Covid-19.
Las del Instituto Carlos III -que también depende de Sanidad- llegan a unos 43.000 muertos, según el servicio MoMo -Monitorización de la Mortalidad-. Y luego quedan los datos que envía el Ejecutivo a las instituciones internacionales, como la OMS o el ECDC de la Unión Europea -Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades-, que rondan 29.000…
¿Cuál es el total real? Son 50.500 muertos en España, en cifras de la empresa experta en big data Inverence, según su último estudio, que publicó este periódico. Siempre, basado en la información proporcionada por los Registros Civiles a través del sistema MoMo, y otras informaciones complementarias, como la suministrada por la Generalitat de Cataluña y por Sanidad.
Desde que empezó a doblegarse la curva y las ruedas de prensa diarias de Fernando Simón empezaron a ser más noticia por los cambios de criterio que por los datos de muertes y contagios, la pregunta ha perseguido a Sánchez en cada comparecencia.
Aunque para el presidente la explicación va por otros derroteros: "No son cifras contradictorias, sino complementarias". "Y me explico", añadía, para aclarar: "Las estimaciones no miden, estiman". Pero los certificados de defunción, causa de la muerte mediante, sí certifican.