La fiscalía de la Audiencia Nacional pide entre 8 y 41 años de prisión para los procesados tras los atentados de Barcelona del año 2017. Concretamente, el ministerio público pide 41 años para Mohamed Houli Chemlal, 36 para el otro detenido considerado miembro de la estructura terrorista, Driss Oukabir, y ocho para Ben Said Ben Iazza, como colaborador.
Según ha adelantado el diario El País, la petición de la Fiscalía se formalizará este jueves en el registro de la Audiencia Nacional con la presentación del escrito de acusación.
En octubre de 2018 el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu procesó a los tres miembros de la célula que cometió los atentados de la Rambla de Barcelona y Cambrils el 17 y 18 de agosto: Mohamed Houli Chmelal y Driss Oukabir por integración en organización terrorista, delito de fabricación, tenencia y depósito de explosivos y delito de estragos en grado de tentativa. Respecto a Said Ben Iazza, el magistrado le procesó por colaboración con organización terrorista.
El magistrado consideró entonces que formaban parte de un grupo radicalizado cuyo objetivo era "llevar a cabo atentados contra los considerados 'sus enemigos', es decir, el mundo occidental".
El juez explicaba que los tres procesados, junto con los otros siete presuntos terroristas que resultaron muertos en las localidades de Cambrils, Alcanar y Subirats, y constituyeron un grupo terrorista a partir del año 2015.
Eran jóvenes de origen marroquí, residentes en la localidad gerundense de Ripoll y bajo la dirección espiritual del imán Abdelbaki Es Satty se conjuraron, según relató el juez, "para realizar uno o varios atentados de grandes dimensiones, mediante el uso de artefactos explosivos, a fin de coadyuvar a la estrategia terrorista de la organización terrorista DAESH". Se conocían desde niños y poco a poco fueron conformando un grupo estructurado en el que el imán, también fallecido en las explosiones de Alcanar, les adoctrinaría en el yihadismo radical.
El auto describía toda la evolución llevada a cabo por el grupo desde 2015 hasta 2017, cuando unos tres meses antes de la explosión en el inmueble de Alcanar y de los atentados de Barcelona y Cambrils, se convirtieron en un grupo cerrado, que ya comenzó adquirir material y a fabricar explosivos "al cual prácticamente ya nadie más tuvo acceso, y les alejó de las personas (incluso de los familiares) que les rodeaban ante esta nueva etapa que iniciaban.
La vida de cada uno de ellos pasó a desarrollarse exclusivamente junto a la de sus compañeros de grupo, compartiendo vivienda, comidas, viajes y por ende, participando en la fabricación de los explosivos o bien colaborando en la planificación de los atentados".