Sánchez insiste: "No es el Gobierno sino la Casa Real" quien debe decir dónde está Juan Carlos

Pedro Sánchez ha acudido al habitual despacho con el Rey Felipe VI en sus vacaciones en Palma, en el Palacio de Marivent. Éste ha sido "un despacho ordinario para un momento extraordinario", por la pandemia del coronavirus. Era la primera vez que ambos se veían tras la salida del padre del Monarca de España, la semana pasada.

Pero también es un "verano insólito", afirmaba Sánchez, e insólitas fueron sus respuestas sobre los dos temas que más preocupan a la opinión pública en estos momentos: la salida del ex Jefe del estado de España, con cuyo hijo y actual Monarca no confirmó si había tratado el tema, y la imputación por financiación irregular del partido que le ayudó a desbancar a Mariano Rajoy de la Moncloa, precisamente por eso mismo.

Era la tercera ocasión en que Sánchez acude a un despacho de verano con el Rey en Marivent, ya que se estrenó en agosto de 2018 tras triunfar la moción de censura que presentó contra Rajoy.

Ante ambas cuestiones, Sánchez pasó palabra. "No es el Gobierno quien debe decir dónde está Juan Carlos, sino la Casa Real", que es "otra institución del Estado". Y tampoco el presidente tiene nada que decir sobre la sombra de sospecha judicial que se cierne sobre la formación de sus socio y vicepresidente, Pablo Iglesias: "Respetamos las actuaciones judiciales, y no tenemos nada que decir sobre esa investigación".

El destino de Juan Carlos seguirá así siendo un secreto por noveno día consecutivo. Porque el presidente se ha negado a dar cuenta de dónde está el Rey Emérito: "Somos instituciones distintas, una cosa es la Presidencia del Gobierno y otra la Jefatura del Estado", así que del paradero del Emérito "debe dar cuenta la Casa Real o el mismo interesado".

Sánchez, que dijo hace una semana que no disponía "de la información" a propósito de dónde está el padre del Rey, esta vez se limitó a negarse a revelarla. En todo caso, mucho más lacónico fue sobre Podemos y sus cuentas.

"Nada que decir" de Podemos

Al presidente no le incomoda, o evitó admitirlo, que Podemos esté imputado como persona jurídica. Ni que con el mismo partido lo estén tres de sus dirigentes, el secretario de Comunicación, Juanma del Olmo; el tesorero, Daniel de Frutos; y la gerente, Rocío Esther Val. Ni que además el juez ya esté investigando a un diputado, Rafa Mayoral, y al fundador del partido, Juan Carlos Monedero.

Así, sobre la imputación por financiación irregular de uno de los dos partidos del Gobierno que él preside, el presidente ha despachado el asunto: "Máximo respeto al Poder Judicial", que también es otra institución, dijo, "y no tenemos nada que añadir sobre eso".

Lo cierto es que Sánchez tampoco ha defendido a su vicepresidente, acosado por varios frentes judiciales en las últimas semanas. La presunta Caja B del partido, con la que se habrían cometido delitos como la malversación y la administración desleal; el caso Dina, en el que penden sobre Iglesias indicios delictivos, según el juez de la Audiencia Nacional; las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas; el juicio laboral por el despido de su exabogado José Manuel Calvente...

Rebelión de los alcaldes

Una última polémica separa al presidente de Podemos últimamente. Y es la rebelión de los Ayuntamientos del entorno de Iglesias -Cádiz y Barcelona, entre otros-, de la mano de los del Partido Popular, los de los independentistas catalanes, los de los nacionalistas vascos, valencianos, canarios... todos menos los del PSOE se niegan a ceder sus ahorros para la financiación del Estado. Incluso, alguno socialista ya se ha negado a cumplir con lo acordado y publicado vía decreto.

Hacienda impuso una solución económica a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), gracias al voto de calidad de su presidente, el socialista Abel Caballero. La disciplina de partido -del PSOE- funcionó hace nueve días, pero el real decreto, aprobado al día siguiente en el Consejo de Ministros, tiene todos los visos de decaer en el Congreso. "Nos confiscan nuestros ahorros para financiar al Estado, y no atienden a los municipios más afectados por la Covid", alegan los alcaldes no socialistas de toda España.

El Gobierno no quiere cambiar el decreto sobre los remanentes de los Ayuntamientos, y Sánchez se ha aferrado al acuerdo que forzó su Ministerio de Hacienda con la FEMP: "Estamos dispuestos al diálogo", en todo caso, para mejorarlo, "pero la tesis es que no podían acceder a un céntimo y ahora se les ofrecen 5.000 millones para hacer frente a la pandemia".

Según Sánchez, los consistorios "han de ser parte protagonista de la reconstrucción", pero el Gobierno quiere convalidar el real decreto cuanto antes.

A pesar de las quejas de los Ayuntamientos del PP, que aseguran que "no hay dinero para los que no tenemos superávit", y que deja a los municipios con peor situación "desamparados", Sánchez aseguraba que el texto legal "permite a los municipios utilizar esos 5.000 millones y habilita un fondo de compensación del Gobierno para los que no tienen ese superávit, y para tapar el agujero del transporte público". Es decir, para compensar la caída de ingresos y la subida de gastos de los consistorios.

Al acabar su comparecencia, Sánchez se reunió con la presidenta de Baleares, la socialista Francina Armengol. Después, está previsto que regrese de Palma a Lanzarote, donde pasa unos días de vacaciones. El presidente fue recibido por Felipe VI en la puerta principal del palacio con algo de antelación sobre el horario previsto: Ambos se saludaron sin contacto físico y protegidos con mascarillas, de color azul la del Rey y de color negro con la bandera de España la de Sánchez.