La nueva normalidad, realmente era esto. Si hasta ahora, la desescalada tras el estado de alarma había permitido ir "ganando espacios de vida" al virus, en palabras del presidente Pedro Sánchez, el avance imparable -y sobre todo, acelerado en la última semana- de la Covid trae, quizá para quedarse, nuevas costumbres, menos libertad. Más obstáculos, en suma, para la recuperación económica.
Adiós a las discotecas y otros locales de ocio nocturno y adiós también a fumar en la calle. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado en rueda de prensa que la medida que impuso de forma pionera Galicia esta semana va a ser obligatoria en todo el país.
Así lo han decidido todas las comunidades autónomas por unanimidad en el Consejo Interterritorial de Sanidad que se ha celebrado de forma extraordinaria este viernes, que ha ido mucho más allá en sus decisiones, aprobando en total 11 medidas, tres recomendaciones y una indicación de observancia.
El tono del ministro ha sido tan duro como la situación lo merece. "No hagamos cosas que no nos ayuden a controlar la epidemia", afirmaba al responder sobre otra de las medidas que se generalizan: limitar las reuniones a un máximo de 10 personas y priorizar que estas sean con convivientes.
Pero sin duda la medida más llamativa por innovadora es la prohibición de fumar en la calle. "Lo mejor es no fumar por razones obvias de salud pública", ha dicho Illa. El ministro no ha aclarado cuándo entrará en vigor la nueva norma, que se comunicará formalmente a las comunidades esta misma tarde para que la incluyan en su propia normativa. La prohibición aplica a cualquier consumo de tabaco en la calle "a no ser que puedan mantener una distancia de dos metros", aunque el ministro ha insistido en la recomendación de no fumar en general.
Sanidad ha animado a las comunidades a poner todos los medios para que se garantice el cumplimiento de la prohibición de fumar, algo en lo que ha expresado confianza dado el apoyo de todas las regiones.
La otra gran medida adoptada hoy, exnovo, es el mandato de cerrar las discotecas y locales de ocio nocturno. Al ser una declaración de actuación en salud coordinada pública no requiere de ratificación judicial y es de automático cumplimiento, por lo que los jueces no podrán tumbar -como ha sucedido hasta ahora en algunos casos- esta resolución.
En los establecimientos de hostelería y restauración se deberá garantizar la distancia entre mesas de metro y medio y sólo podrá haber un máximo de 10 personas en cada una. Todos los establecimientos deberán cerrar a la 1 de la madrugada y los clientes sólo podrán entrar hasta las 12.00.
Respecto a otros eventos multitudinarios, que incluirían, por ejemplo, conciertos al aire libre o en el interior de pabellones -que no sean las discotecas y locales de ocio cerrados-, el Consejo ha acordado evaluar y valorar el riesgo individualmente de cada uno de ellos antes de que se autoricen.
Otra de las medidas afecta al foco de contagios asociado a más muertos durante la pandemia, las residencias de ancianos. Todas las personas que ingresen por primera vez en un centro sociosanitario de este tipo tendrán que someterse en un plazo máximo de 72 horas a una PCR, que también se harán a los empleados que vuelvan de vacaciones o a los que se incorporen a trabajar por primera vez.
También las visitas se verán afectadas: ningún residente podrá recibir más de una visita al día, con un máximo de una hora de duración. Además, las visitas podrán escalonarse para evitar las aglomeraciones, aunque habrá una excepción: las personas que se encuentren en situación terminal.
Aunque se recoge como una de las nuevas medidas, otra de las detalladas por el ministro es, en realidad, antigua. "El botellón está prohibido", ha subrayado Illa, que ha instado a las comunidades autónomas a aplicar sanciones para asegurar que no se celebran este tipo de reuniones.
Las nuevas medidas recogen también la posibilidad de hacer cribados obligatorios con PCR a poblaciones de riesgo: residencias, determinados barrios o bloques de vecindarios.
La indicación de observancia que también se ha adoptado en el Consejo Interterritorial de Salud es algo vaga, pero alude al que muchos ven como el gran talón de Aquilés del manejo actual de los rebrotes: la falta de rastreadores.