Azurmendi y Pedrosa, premiados por Marlaska, nunca han pedido perdón por matar a los Becerril

La primera vez que a Mikel Azurmendi Peñagaricano y Maite Pedrosa Barrenechea se les trasladó de cárcel dentro del sistema penitenciario fue en el año 2008. Ella acababa de dar a luz a la hija de ambos. Se encontraban en El Acebuche (Almería), cumpliendo sus condenas por distintos delitos de sangre.

En aquel entonces, Instituciones Penitenciarias decidió conducirles a ambos a Albolote, en Granada, donde disponen de un módulo especial para madres. Allí pudieron ver crecer a su hija hasta los tres años. Era casi la edad que tenía Ascen, la hija menor de los Jiménez-Becerril, cuando estos y otros integrantes del 'Comando Andalucía', el tentáculo de ETA en el sur del país, asesinaron a sus padres una noche de hace más de dos décadas en el centro de Sevilla.

La noticia conocida este miércoles de que Fernando Grande-Marlaska, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dependiente del Ministerio del Interior, había ordenado acercar a otros cinco presos de ETA ha sublevado e indignado una vez más a los partidos políticos de la oposición y a las asociaciones de víctimas.

Tanto Azurmendi como Pedrosa se encontraban en Valencia. Ahora se decide que seguirán cumpliendo su condena en Zaragoza.  Hace tan solo cinco meses que Interior había ordenado el traslado de otro de los asesinos del concejal popular a ese mismo centro penitenciario. José Luis Barrios, también conocido como 'Txetxu', cumplía condena en Granada y ahora ya duerme en una celda ubicada en tierras aragonesas.

Ninguno de ellos ha pedido perdón nunca. Tampoco han mostrado colaboración alguna con la justicia ni con las autoridades que investigaban a la banda terrorista ETA. Ambos forman parte de eso que se conoce como el ala más dura dentro de la banda responsable de 858 asesinatos en 50 años. Cada uno de ellos ha cumplido ya 22 años de prisión y, por acumulación de penas, les restarían otros 18 encerrados hasta llegar al límite máximo de 40 años en la cárcel.

En gran parte la conmoción en múltiples esferas de la vida política se ha producido porque entre los condenados que figuraban en esta nueva orden de traslado figuraban estos dos nombres, responsables junto a otros miembros de ese mismo comando del asesinato del concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y de su mujer Ascensión García.

Casi de manera simultánea, EH Bildu otorgaba la confianza al gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y garantizaba su apoyo para que los Presupuestos Generales del Estado salgan adelante.

"Si para aprobar los Presupuestos ha sido necesario que el Estado ceda ante los terroristas derogando de facto la dispersión, ahora que el señor Iglesias ha afirmado sin tapujos que Bildu será uno de los principales dirigentes del Estado, podemos temernos lo peor", denuncian desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo. "Recordemos: no los quieren cerca, los quieren libres".

Dos sangrientos historiales

Fueron dos tiros. A la una y media de la madrugada. Los cuerpos del concejal del Partido Popular y de su esposa se desangraban a pocos metros de la Giralda, en la calle Don Remondo, y a no demasiada distancia de su hogar. Allí dormían sus tres hijos, Ascen, Alberto y Clara, de cuatro, siete y ocho años. Nadie había visto nada.

Regresaban, despreocupados, como tantos otros jueves, de tomar unas copas en el bar Antigüedades, cuando dos sombras les abordaron de manera sorpresiva. Eran Barrios y Azurmendi. Hacía tiempo que les tenían en el punto de mira. Alberto y Ascensión murieron al recibir sendos tiros en la nuca en esa calle del casco histórico de la ciudad hispalense. Ambos tenían 37 años.

Alberto Jiménez Becerril y su esposa, Ascensión García Ortiz, con dos de sus tres hijos

El historial de ambos resulta de lo más sangriento. En el año 2000, la Audiencia Nacional condenó a Azurmendi a la pena total de 36 años por su responsabilidad en el asesinato de Miguel Peralta Utrera, teniente del Ejército de Tierra. También en el 2000, se le condenó a 52 años de prisión como autor del atentado que costó la vida de Juan José Hernández Rovira, general de Infantería y subdirector general de Centros y Servicios de Defensa.

En 2001, la sección 3ª le condenó a 208 años de prisión por el asesinato del teniente general Francisco Veguillas Elices, director general de la Política de Defensa, y su chófer, Francisco Joaquín Martín Moya. También por el asesinato de César García Contonente, un operario de una compañía de ballet que estaba cargando material en un camión cuando se produjo el ataque.El forense que atendió el caso puso en su informe que las heridas, tanto en él como en ella, producidas por dos disparos en la nuca, eran “incompatibles con la vida”.

5º concejal asesinado por ETA

Jiménez-Becerril fue el quinto concejal del PP asesinado por ETA. Junto a su esposa ya eran diez las víctimas de la banda terrorista en la comunidad andaluza. Solo un día después, la tragedia volvería a golpear a la familia al conocerse la muerte de la tía del concejal en un accidente de tráfico. La mujer regresaba a su casa tras asistir al funeral de su sobrino.

La ciudad convulsionó y fueron muchas las personas que quisieron rendirle homenaje. Sus féretros cubiertos con la bandera de la ciudad llegaron al Ayuntamiento de Sevilla a primera hora de la tarde del día siguiente entre inacabables aplausos. 

Alrededor de 50.000 personas se acercaron a dar el último adiós a la pareja y las puertas tuvieron que cerrarse una hora después de lo previsto debido a la gran afluencia de público. Ese mismo día, hubo manifestaciones multitudinarias en toda España para condenar este atentado. Medio millón de ciudadanos salieron a la calle en Sevilla y cien mil se manifestaron en Bilbao. El mismo año de su asesinato, el Ayuntamiento hispalense creó la Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril, que nació como un permanente homenaje de los sevillanos al matrimonio a su obra, a su trabajo y a sus vidas.

Brindar con sidra

Además, Azurmendi fue condenado a 351 años de prisión como responsable del atentado que causó la muerte del sargento Miguel Ángel Ayllón Díaz-González.

En 1998, Maite Pedrosa fue condenada a 32 años de prisión por su participación en el atentado que acabó con la vida del guardia civil Fernando Jiménez Pascual. En 1999 fue condenada a 351 años de prisión como responsable del asesinato del sargento Ayllón.

Azurmendi y Barrios fueron condenados a 60 años por el asesinato del matrimonio sevillano; por su parte Maite Pedrosa, colaboradora de ambos, a diez, aunque posteriormente el Tribunal Supremo elevó la condena a 12 por un delito de conspiración para cometer homicidio terrorista. Los tres brindaron con sidra tras asesinar a Alberto y a Ascen, según confesaron ellos mismos en sede judicial.