El Gobierno atribuye la crisis migratoria al coronavirus y dificulta las repatriaciones

El Ejecutivo de Pedro Sánchez asume que la presión migratoria que en las últimas semanas se ha vivido, especialmente, en lugares como Canarias es una consecuencia directa de la pandemia y, para frenarla, fia toda su estrategia a las repatriaciones a los países de origen.

Lejos de la idea de que es algo fortuito, Exteriores reconoce que el aumento exponencial de llegadas a las costas españolas era previsible y entre las razones que esgrimen están los efectos económicos de la Covid-19 y la restricción de movimientos en las rutas migratorias por tierra debido al cierre de muchas fronteras.

La propia jefa de la diplomacia española, Arancha González Laya, lo dejó este domingo entrever en su visita a Senegal, un viaje que forma parte del rápido despligue que el Gobierno organizó con varios ministros a la cabeza con el fin de fortalecer alianzas que ayuden a frenar las llegadas. 

Puerto de Arguineguin. Reuters

"El Gobierno lleva meses trabajando en este asunto y por eso está siendo capaz de responder de esta manera rápida y comprensiva", dijo la titular de Exteriores ante los medios. "España estaba preparada", aseveró, aunque los hechos que en la última semana vienen sucediénse puedan ponerlo en entredicho. 

El muelle de Arguineguin, en Gran Canaria, ha sido uno de los escenarios más preocupantes de esta crisis, con cientos de personas hacinadas bajo carpas durante días. Allí, el pasado martes, las autoridades dejaron a la interperie, en plena calle, a más de 200 migrantes debido al colapso de la instalación tras las llegadas "incesantes" de las jornadas previas.

Las últimas cifras apuntan a que ya son más de 18.400 personas las que han llegado a las islas, más de la mitad de ellas en el último mes. En la actualidad, hay cerca de 6.000 migrantes alojados en 17 complejos turísticos en el archipiélago. Solo este domingo llegaron 143 personas a las islas. Y la previsión es que vaya en aumento. 

Aumento previsto

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció este domingo que "las tensiones" causadas por los flujos de inmigrantes "van a ser muchísimo más grandes" como consecuencia de la "miseria y la falta de empleo y de oportunidades" que la pandemia está causando y apuntó a África como principal vía de llegadas.

Hasta el continente vecino se desplazaron en los últimos días dos ministros, Fernando Grande-Marlaska y Arancha González Laya. El objetivo era claro: tejer pactos para frenar las llegadas y mandar el contundente mensaje de que Canarias no se va a convertir en la puerta de entrada a Europa. 

Uno de los migrantes en un traslado desde Arguineguin. Reuters

El titular de Interior, en una visita a Rabat, aseguró que la intención del Gobierno de España es evitar bajo cualquier concepto que el archipiélago actúe como "vía de entrada irregular" a la UE. Y, con ese fin, descartó la posibilidad planteada por el gobierno canario de trasladar los migrantes a la península. 

Repatriaciones

Marlaska se escudó en que las "políticas de la UE" no lo permiten, pero lo cierto es que horas después desde la Comisión Europea negaron la mayor para confirmar que la regulación comunitaria no impide movimientos de migrantes dentro de las fronteras de un territorio nacional.

Aún así, la estrategia ya estaba definida, como dejó claro otro ministro, José Luis Ábalo, al constatar que España "no deja de ser la puerta de entrada a Europa" y, por tanto, "no podemos dar un mensaje de que estas cosas son posibles". "Tenemos una responsabilidad con la UE muy importante", sentenció.

El Ejecutivo tienen claro que Canarias se debe convertir en el muro que frene el acceso al suelo comunitario pero el problema es que estas cientos de personas tampoco pueden quedarse hacinadas en centros de acogidas como los de Arguineguin. Y la solución intermedia, repartirlas por otras comunidades, no está sobre la mesa, a pesar de la predisposición mostrada por regiones como Castilla y León.

Inmigrantes subsaharianos que llegaron a bordo de un cayuco el pasado día 15 a la isla de El Hierro. Efe

La solución intermedia la anunció en un viaje a Las Palmas el ministro de Integración, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá: crear 7.000 nuevas plazas de acogida, un campamento, en palabras de Ábalos, que solo aspira a proporcionar condiciones humanitarias "lo más decorosas posibles" antes de que los inmigrantes sean devueltos a sus países de origen, la única opción posible para muchos de ellos.

En la retórica del Gobierno se ha instalado un mensaje contra la "imnigración irregular", pese a las críticas internas que eso pueda causar en la coalición. González Laya, desde Dakar, aseguró que "quien utilice las vías ilegales tendrá que volver a su país". "Utilicen, quien quiera hacerlo, las vías legales", añadió la titular de Exteriores.  

El presidente del Gobierno defendió por su parte la necesidad de "activar políticas de solidaridad en todo el país", pero también "políticas de repatriación" para combatir la migración irregular.

Estas palabras fueron interpretadas por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, como una puerta abierta a los traslados. El viernes, ya había mostrado su firme oposición a que la isla sea el único lugar del país que aloje a los migrantes.

Pero, por el momento, el objetivo está en que todo el que pisa suelo español de forma ilegal vuelva sus países de origen. "Incluso en el caso de llegar a Canarias, esas personas van a ser repatriadas a los países con los que tenemos convenios", concretó Sánchez con el objeto de lanzar un "contundente" mensaje contra las mafias: "España no va a permitir el tráfico irregular de seres humanos".

El mensaje ha llegado hasta el G20, donde el presidente defendión, según su propia versión, "la importancia de gestionar mejor los flujos, colaborando con países de origen, tránsito y destino, y en atajar las causas".