María Peral: "El daño que ha causado Juan Carlos I es tan grande que no puede volver sin explicarse"

La directora adjunta y responsable de Tribunales de EL ESPAÑOL, María Peral, ha mantenido una entrevista en exclusiva con los suscriptores de este periódico. En ella ha desgranado la actualidad judicial que inunda las informaciones periodísticas y el horizonte de las reformas en materia de Justicia que quiere abordar el Gobierno de coalición.

Uno de los principales temas es la situación del rey emérito Juan Carlos I. Tras el reciente pago de casi 700.000 euros para regularizar su situación fiscal, el monarca todavía tiene varios frentes abiertos. En opinión de María Peral, hace falta “una voz institucional que nos diga qué es lo que realmente ha pasado”. “Por lo que sabemos en EL ESPAÑOL, la regularización de los fondos procedentes del empresario Sanginés-Krause es completa. Si la investigación determina que en alguno de los ejercicios se ha cometido delito fiscal, en mi opinión podría servir como excusa absolutoria”. Pero el asunto del Emérito va más allá de este pago. 

La hipotética vuelta a España del padre de Felipe VI pasa por algo más que el pago a la Hacienda pública. “Hay tal nivel de afectación institucional cuando tenemos a un antiguo jefe del Estado que reconoce en una regularización fiscal fuera de plazo que no ha declarado a Hacienda todo el patrimonio que recibió, que es muy difícil de entender una vuelta como si no hubiese pasado nada. Los motivos para irse el 3 de agosto siguen siendo válidos”.

“El daño que ha causado es tan grande, que me cuesta pensar que pueda volver sin dar ninguna explicación", ha añadido.

Reformas en Justicia

¿Es lenta la justicia? Peral lo tiene claro: “Es insoportablemente lenta. Es inaceptable que los procedimientos tarden tanto porque una Justicia tardía no es Justicia, es un remedo. Nos hemos dado un sistema tan garantista que siempre hay muchos ojos viendo un mismo proceso. Lo digo con orgullo, pero el otro lado de la moneda es que tardamos más”.

La politización de la Justicia es otro de los temas que inquietan a los suscriptores. Peral considera que, a pesar de la percepción que puedan tener los ciudadanos, “los parámetros de decisión” de los magistrados no responden a criterios políticos. 

Esto se encuadra en la situación que vive el Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación lleva paralizada dos años. El órgano de gobierno de los jueces se enfrenta a varias reformas planteadas por PSOE y Unidas Podemos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez plantea cambiar la elección de los miembros judiciales del CGPJ para que el Congreso pueda nombrarlos con la mitad más uno de la Cámara en lugar de los tres quintos actuales.

“Creo que esa reforma es inconstitucional, porque el único quorum que cita la Constitución cuando habla del CGPJ es de tres quintos”. La proposición de ley fue retirada por el propio Sánchez desde la tribuna de la Cámara Baja durante la moción de censura planteada por Vox. “No me pareció una retirada sincera. Lo que creo es que el presidente no contaba con una reacción tan contundente y tan rápida de las instituciones europeas”, razona María Peral.

La directora adjunta de EL ESPAÑOL, María Peral, durante su encuentro con los suscriptores del periódico.

Por otro lado queda la reforma que limita las facultades del CGPJ de realizar nombramientos de cargos judiciales cuando su mandato se encuentra en una situación de prórroga. “Me parece chirriante, aunque desde los argumentos es algo más defendible que la otra reforma”, explica la adjunta al director de EL ESPAÑOL.

Sobre los recientes nombramientos que ha hecho el Consejo, para Peral consituyó un ejercicio de “independencia muy necesario” y sostuvo que el Gobierno no es quién para hacer a la institución que gobierna el Poder Judicial ni siquiera “recomendaciones” sobre cómo deben ejercer sus competencias. “El órgano de gobierno de los jueces se crea para alejar toda injerencia política en la administración de la Justicia. Incluso los tiempos del Consejo, que tiene un mandato constitucional de cinco años, no coinciden con una legislatura”.

Los lectores se han interesado por una de las informaciones recientemente publicadas por la periodista. En el artículo se explicaba que los ponentes del CGPJ se muestran contrarios a la regulación del consentimiento sexual expreso que propone el Ministerio de Igualdad.

“La idea de los ponentes es que, tal como está regulado el consentimiento en el anteproyecto, hay conceptos tan equívocos que se creará inseguridad jurídica. Cuando no está claro el concepto jurídico, y las penas son tan altas, los jueces se lo piensan mucho a la hora de condenar”, ha explicado Peral.

Para terminar el bloque de modificaciones legislativas que atañen al funcionamiento de la Justicia, los suscriptores han preguntado a Peral por la nueva Ley de de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), que recoge que sean los fiscales los que lleven las investigaciones de los delitos en sustitución de los jueces. En caso de salir adelante, la periodista considera que debe “cambiar el estatuto de los fiscales” para que no exista la percepción de que estos “dependen del Gobierno”. Sobre si el PP apoyaría este extremo, Peral ha recordado que en 2013, mientras gobernaban los conservadores, se constituyó una comisión de expertos que planteó una reforma en esa misma línea.

Procesos políticos

Los procesos judiciales que afectan a políticos también han acaparado la atención de los suscriptores. Una de las causas más mediáticas del momento es la conocida como ‘caso Dina’, en el que están involucrados el vicepresidente Pablo Iglesias, su anterior asesora Dina Bousselham, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y dos periodistas.

Este caso tiene varios frentes. Uno de ellos es la exposición razonada que el juez Manuel García-Castellón elevó al Tribunal Supremo viendo indicios de delito en las actuaciones del líder de Podemos cuando examinó el contenido íntimo de la tarjeta del móvil de Bousselham y no se la devolvió hasta pasados varios meses.

“Creo que esta exposición razonada tiene algunas quiebras, y va a ser difícil que la Sala Penal del Supremo le abra una causa a Iglesias".

El subdirector de EL ESPAÑOL, Mario Díaz, entrevistando a la responsable de Tribunales, María Peral.

¿Cómo es el procedimiento del indulto para los condenados por el procès? ¿Se han vulnerado sus derechos fundamentales? “El indulto es una medida discrecional por parte del Gobierno, que puede hacer lo que quiera con esto”, explica Peral. La Ley obliga al Ejecutivo a pedir una serie de informes, que son preceptivos pero no vinculantes, a las instituciones penitenciarias, a la Fiscalía y al tribunal sentenciador. Sobre estos últimos, “creo que no van a ver motivos para justificar el indulto".

Sobre la posible vulneración de los derechos fundamentales, Peral ha explicado que el Tribunal Constitucional ha admitido todos los recursos de amparo pero "el proceso judicial fue ejemplar".

También sobre el procès, Peral ha explicado que la negativa de la Justicia de Bélgica a extraditar al ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, es un ataque a la línea de flotación del “tercer pilar de la Unión Europea”.

Sobre el ‘caso Pujol’, para María Peral este es uno de esos procesos donde se puede ver la dilación de la Justicia. “El procedimiento de los Pujol empezó en 2012. Llevamos 8 años de instrucción en la Audiencia Nacional. El juez instructor, José de la Mata, que ahora se ha ido a Europa, ha decidido que ha terminado la investigación y que todos los miembros del clan deberían ir a juicio, aunque ese auto está recurrido. En caso de ser confirmado, en unos meses se podrá celebrar el juicio, aunque todavía queda camino”.

Para acabar, hoy se ha conocido que el Supremo ha ordenado repetir el juicio en la Audiencia Nacional a Arnaldo Otegi por el ‘caso Bateragune’ en el que se enjuició la reconstrucción de la dirección de Batasuna por orden de ETA pese a que la formación había sido legalizada. El TEDH consideró vulnerado el derecho a un juez imparcial en el proceso contra el dirigente de Bildu. “La decisión del Supremo me parece impecable. La prueba está en que una Sala plural de 16 magistrados lo ha decidido por unanimidad".