Pedro Sánchez es un presidente que actúa, muy frecuentemente, con "urgente necesidad". Y por ello recurre, más que ninguno de sus predecesores, a la figura del Decreto-ley para llevar a cabo sus políticas. Algo que ha puesto en práctica hasta en 39 ocasiones durante 2020, pulverizando todos los récords.
Es cierto que una crisis sin precedentes como la de la pandemia justifica en parte ese proceder, pero su afición a esa fórmula data de cuando, en 2018 y 2019, gobernaba en solitario tras haber llegado a La Moncloa aupado por la moción de censura contra Mariano Rajoy.
Se da la paradoja de que como líder de la oposición al presidente popular no dudó en afearle a su predecesor el abuso del decreto. En un debate parlamentario, le espetó lo siguiente: "Les daré una cifra, un 34% de sus decisiones legislativas se han hecho por Decreto-ley, más que ningún otro gobierno en democracia, convirtiendo una figura prevista para circunstancias excepcionales en la forma ordinaria de legislar".
Rajoy y Sánchez, en una imagen de archivo.
En la legislatura comprendida entre 2011 y 2015 Rajoy recurrió hasta en 73 ocasiones a esa figura, casi siempre para implementar medidas económicas. Fueron los años del rescate bancario y de las turbulencias financieras en la zona euro, donde el Grexit (un neologismo antecedente del Brexit del que ya pocos se acuerdan) llegó a ser una posibilidad que estaba sobre el tablero. Todo ello ante la disputa del gobierno griego de entonces, el de Tsipras y Varoufakis, con las instituciones europeas.
De "urgente necesidad"
Ahora, lejos de persisitir en el reproche teórico al abuso del decreto, Sánchez ya hasta presume de ello. Lo hizo durante la tradicional rueda de prensa de balance del año del pasado 29 de diciembre, después del último Consejo de Ministros de 2020, donde no dudó en especificar la casi cuarentena de decretos que había aprobado su gabinete.
La salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos.
Al poco de llegar a La Moncloa en 2018, en una situación de precariedad parlamentaria que luego se evidenciaría cuando no pudo sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y se vio obligado al adelanto electoral, Sánchez ya empezó a darle con fruición a la manivela de los decretos.
De "urgente necesidad" consideró el proceso de exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, que terminaría llevándose a cabo en octubre de 2019, cuando el Gobierno estaba en funciones y quedaban pocas semanas para las elecciones generales de noviembre. Y por la misma vía procedió al relevo en la cúpula de Radio Televisión Española (RTVE), sustituyendo a José Antonio Sánchez por Rosa María Mateo como administradora única del Ente público.
Crecimiento exponencial
Pese a la celeridad del proceso, es cierto que no corresponde en exclusiva al Gobierno. El Decreto-ley sale de la Mesa del Consejo de Ministros pero en una plazo de treinta días debe ser convalidado por el pleno del Congreso.
La Constitución establece, además de la "extraordinaria y urgente necesidad" de las medidas que vean la luz por esa vía, el que no puedan afectar "al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general".
Años después, el Tribunal Constitucional (TC) estableció algunos límites genéricos a la discrecionalidad del Ejecutivo. "El mero deseo o interés del Gobierno en la inmediata entrada en vigor de la norma no constituye una justificación de su extraordinaria y urgente necesidad" aunque sean, establece el íntérprete máximo de la Carta Magna, "muy legítimos los objetivos que se tratan de alcanzar".
La práctica de Sánchez, y antes la de Rajoy, dibujan un aumento exponencial del Decreto-ley según ha ido avanzando la democracias. Las cifras de los dos últimos presidentes palidecen ante las de los anteriores inquilinos de La Moncloa.
Adolfo Suárez recurrió en 51 ocasiones al Decreto-Ley en todo su mandato; Felipe González lo hizo en 129 ocasiones en catorce años en La Moncloa; José María Aznar 130 en dos legislaturas completas y José Luis Rodríguez Zapatero 108 veces en sus siete años en el poder. O no había tanta "urgente necesidad", o ahora ese concepto ha cambiado.